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martes, 19 de mayo de 2009

HISTORIAS DIARIAS DE ESTE GOBIERNO SIN VERGUENZA

Por: GABRIEL ANGEL

La credibilidad del Presidente Uribe y el régimen político que lo sustenta es puramente virtual. Se expresa en la manipulación de las encuestas, en la adulación de un buen número de directores de grandes medios de comunicación, en los comités de aplausos que lo siguen a sus consejos comunales. Basta con observar la realidad del acontecer nacional para concluirlo. Los falsos positivos, las chuzadas, los desplazados, la zona franca de occidente y la liberación del cabo Moncayo nos sirven para descubrir la naturaleza mentirosa de su entorno.

Sólo la inocultable acumulación de asesinatos, obligó al régimen a reconocer que las fuerzas armadas, en ejercicio de la política de seguridad democrática y movidas por la avaricia de las recompensas, habían convertido en práctica presentar como guerrilleros caídos en combate a humildes colombianos secuestrados en cualquier lugar del país. La cabeza del general Montoya, Comandante del Ejército, rodó por el suelo ante la imposibilidad de ocultar por más tiempo la espantosa realidad. Con ella se fueron también a pique las carreras militares de una treintena de oficiales comprometidos en hechos de esa naturaleza.

El gobierno optó por un calculado silencio sobre los hechos que originaron esos despidos, convencido de que la comunidad internacional adoptaría también la mansedumbre mediática propia del interior de las fronteras. La verdad no resultó así. Los cuestionamientos, los llamados y las condenas por las reiteradas violaciones a los derechos humanos, brotan por todas partes y se plantan enfrente de cuanto vocero oficial se presenta al exterior. Lo cual le indica al Presidente Uribe que Colombia corre el riesgo de severas sanciones y vergonzosos aislamientos en materia internacional. Esa eventualidad resultaría perjudicial sobre todo para los sectores económicos representados en el poder, interesados en mantener bien abiertas las puertas del mercado internacional para la celebración de sus fabulosos negocios.

Esa urgencia explica el cúmulo de contradictorias versiones por parte de los voceros del Estado. El Presidente y el ministro de defensa se rasgan las vestiduras afirmando que nadie está más interesado que ellos en el esclarecimiento de la verdad. Invitan abiertamente a denunciar ante las autoridades militares o judiciales cualquier crimen que pueda ser imputado a las tropas oficiales. Lo que no les impide afirmar enseguida que la suma de más de mil trescientas denuncias actualmente investigadas por la Fiscalía General de la Nación, constituyen una patraña montada por un sinnúmero de oenegés y personas vinculadas de uno u otro modo a organizaciones terroristas. Eso sin que medie fallo judicial alguno y en el mismo momento en que crece el número de militares judicializados formalmente por ellas. ¿Dónde queda su afán por la verdad?

Así sucede con las interceptaciones telefónicas. Resulta evidente que la llegada de Álvaro Uribe a la Presidencia instaló en el poder un aberrante régimen policivo, al tiempo que convirtió en práctica cotidiana la persecución política en todas sus formas. Desde el demencial y masivo paramilitarismo de comienzos de su gobierno, al sofisticado aparato de mano negra y terror que llaman hoy águilas negras. Joyas como Jorge Noguera al frente del DAS o el general Oscar Naranjo en la Policía, quien por cierto llegó al cargo como consecuencia de un escándalo previo de interceptaciones que le costó al puesto a 11 generales que lo antecedían en el mando, son botones de muestra de la penetración descarada de los organismos de inteligencia en los despachos y hogares de millones de colombianos. Pese a las reiteradas manifestaciones del alto gobierno en el sentido de ser el más interesado en que se investigue y sancione a los responsables, la solicitud de un pronunciamiento elevada ante el Presidente Uribe por los Presidentes de todas las cortes que conforman la cúpula de la Rama Judicial, pone de presente que el poder ejecutivo tiene muchas cosas que aclarar. Sus rutinarias declaraciones carecen de la profundidad y la seriedad necesarias para convencer. Lo certifican los más respetables jueces del país.

Y para referirnos a asuntos de moda no podemos olvidar los desterrados. Siempre están protestando. Hace siete años lo hacían porque se hiciera justicia. Porque se les devolvieran las tierras arrebatadas por el paramilitarismo. Hoy día, convencidos de que eso jamás se hará realidad, pese a las desmovilizaciones mediáticas y los reiterados compromisos incumplidos del gobierno de Uribe, protestan porque tampoco les cumplen los planes de vivienda y los proyectos de sobrevivencia generosamente ofrecidos por el mismo gobierno. En el recuerdo de muchos de ellos quedan los actos con Presidente incluido, en los que se les entregaron los títulos de las tierras arrebatadas. Paramilitares y sicarios les impidieron tomar posesión de ellas sin que nadie en el Estado moviera un dedo para defenderlos. Los hoy prósperos empresarios palmeros y azucareros que se quedaron con sus tierras, gozan de la protección estatal y sus intereses son promovidos con ardentía por el ministerio de agricultura. Las cifras oficiales informan que el fenómeno del desplazamiento desapareció gracias a la seguridad democrática. ¿Puede alguien creerlo?

¿Y qué tal la del ministro de hacienda? ¿De veras piensa que los colombianos vamos a creerle que nunca tuvo la menor idea de que los principales beneficiarios con la aprobación de la Zona Franca de Occidente iban a ser los hijos del Presidente Uribe, ahora inocentes millonarios emergentes gracias a su eficiente función? Antes que repugnancia, produce verdadera indignación verlo salir con la frente en alto, a pedir que la Procuraduría General de la Nación investigue sus actuaciones en el asunto. Como buen uribista sabe que no podrán probarle nunca nada. El palo no solamente sirve para hacer cucharas.

Historias diarias de este gobierno. El mismo que la inmensa mayoría de colombianos clama por reelegir, según las encuestas. La más exacta medida de su carácter falsario y traicionero la suministra su actitud frente a la liberación del cabo Pablo Emilio Moncayo. Al tiempo que habla de su disposición plena a realizar lo que sea necesario, prohíbe en forma terminante la gestión de Colombianas y colombianos por la paz, quienes contra viento y marea han logrado entablar un grado de entendimiento con las FARC que ha conducido ya a otras liberaciones. Y se opone con un argumento que mueve a risa, no está dispuesto a permitir la realización de ningún show publicitario. Y lo dice él, Uribe, la cabeza de un gobierno que ha hecho de la publicidad y el espectáculo mediáticos su principal arma de dominación y engaño. ¡Quién lo creyera! Y se lo prohíbe a las FARC, a quienes ha perseguido de manera implacable y negado cualquier espacio de expresión diferente al del uso de las armas. Debiera darle vergüenza.

Mayo 2009

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