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jueves, 22 de octubre de 2009

LAS BASES MILITARES YANQUIS EN COLOMBIA Parte I.

Por: Jesús Santrich, integrante del Estado Mayor Central de las FARC-EP.

La noticia sobre la instalación de por lo menos siete bases militares yanquis ha suscitado la preocupación de los países latinoamericanos, al punto que diversos gobiernos solicitaron la convocatoria del Consejo de Defensa de UNASUR para que el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, explique los alcances del llamado "acuerdo de cooperación militar con E.U." A tal convocatoria, el gobierno Uribe respondió con negativas y efectivamente no acudió a la reunión del 10 de agosto realizada en Ecuador.

El gobierno colombiano, de manera indecente, siguiendo lineamientos de Washington, en cuanto a su estrategia re-colonizadora, continúa su actitud pendenciera y militarista con los vecinos.

Nótese que no se trata, de ninguna manera, de una situación improvisada o suscitada por los odios viscerales de Uribe frente a la insurgencia y el proyecto bolivariano solamente, sino el desenvolvimiento de una estrategia, la del imperio yanqui, la cual viene de muy atrás y tiene como sus más recientes y nefandos antecedentes la realización de los Planes Colombia y el Patriota, entre otros.

Desde el año 2000, las FARC habían advertido a los países de América Latina sobre que el Plan Colombia no era otra cosa que una punta de lanza del imperio para, desde Colombia, tomar al continente. No obstante, el análisis del plan Colombia como factor de peligro para la región solamente figuró como simple preocupación retórica en los discursos de los países suramericanos que ya se reunían buscando la senda de la coordinación en espacios del tipo UNASUR. Quizás una de las declaraciones más fuertes, pero que no pasó a mayores fue la del canciller brasileño Luis Felipe Lampreia, quien expresó que: "El conflicto en Colombia es la más seria amenaza a la seguridad nacional brasileña" (El Tiempo, 1 de septiembre de 2000, p.1).

Sin embargo, con el tiempo, lamentablemente realizaría el gobierno Lula acuerdos militares con el criminal gobierno Uribe, incluyendo entre sus objetivos ofensivos a las FARC; es decir, involucrándose en el conflicto interno de Colombia, en momentos en que si algo se había generado de parte del país hermano, en la conciencia del pueblo comunero, cuando contribuyó en la liberación de algunos de los prisioneros de guerra que estaban en manos de la insurgencia, fue la expectativa de su participación en una solución de paz. Ahora lo que ocurre es, de alguna manera, su colocación en el engranaje militarista que Colombia propulsa como agente de Washington.

Tras la retirada del Comando Sur de territorio panameño, la preocupación de EE. UU. se centró especialmente en concretar construcciones de control como la Base de Manta, o en intervenciones como el Plan Colombia, con participación directa norteamericana. En el contexto de este plan, por ejemplo, el imperio invirtió al belicismo uribista más de 10 mil millones de dólares que en mucho terminaron financiando a los protagonistas victimarios de los abominables crímenes contra la población inerme, en el despliegue de esa danza macabra de sangre, terror y muerte que significan los llamados "falsos positivos", las desapariciones forzadas, las masacres innúmeras, los desplazamientos de millones de inocentes... Estados Unidos, colocando a Colombia como el tercer receptor mundial de su gasto belicista, se va mostrando ante el mundo entonces como causante principal de su tragedia humanitaria, la cual, por persistencia brutal de todos sus gobernantes, incluyendo a Obama, apunta a extenderse sobre todo el continente.

Podemos afirmar que cuando un factor de la maquinaria bélica yanqui cede terreno como consecuencia de una u otra circunstancia, incluyendo la presión popular, Washington asume alternativas que le permitan no solamente no mermar su predominio militar sino fortalecerlo.

Así ocurrió en el caso del Comando Sur cuando se desplazó de Panamá; no obstante los gringos haber dejado un enorme dispositivo de inteligencia técnica en la embajada del istmo, emplazaron la base de Manta, entre otras, y desplegaron el Plan Colombia y luego el Plan Patriota. Ahora que se desplazan de Manta por decisión soberana del pueblo ecuatoriano y por voluntad política de su presidente Rafael Correa, entonces se fortalecen con las bases en Colombia.

Cínicamente, se nos argumenta desde los gobiernos de Obama y de Uribe, que este despliegue militarista que desestabiliza la paz regional obedece a un desarrollo simple de los "acuerdos de cooperación militar" entre Colombia y EEUU, los cuales remontan a la condición de "viejo tratado", como si ello le diera legitimidad. Pero no, pues resulta que cuando se están refiriendo, seguramente, al Pacto Militar Bilateral del 17 de abril de 1952, lo que debemos recordar es que tal adefesio, como el actual "acuerdo", tampoco fue presentado por el gobierno conservador de la época a la aprobación del Congreso, aun siendo el parlamento un aparato exclusivamente en manos del partido de gobierno. Por entonces, como ahora, la sumisión del régimen colombiano al imperio era más que vergonzosamente irrestricta, al punto que Colombia fue el único país latinoamericano que, obedeciendo a los dictámenes de Washington, envió tropas a combatir contra Corea.

Hoy, con procedimientos rastreros de ocultamiento y engaño, contando con las complicidades de los elementos más espurios de las oligarquías, se impone un acuerdo de militarización que conspira contra el ideal de la Patria Grande bolivariana, para favorecer la voracidad yanqui, con el agravante de que no se trata de un pacto entre aliados sino de una decisión del imperio a la que se somete Uribe en condición de lacayo –sobre el que cuelga un péndulo de chantajes derivado del carácter de narco y gánster que posee–. Bien conoce Washington la categoría criminal del Presiente de Colombia, bien conoce de su posición en el renglón número 82 de su lista de narcotraficantes, desclasificada por el Departamento de Estado, o su participación decisiva en la ejecución de los llamados "falsos positivos" desde los tiempos en que Frechette ejercía como embajador gringo en Colombia y Uribe lo hacía como gobernador de Antioquia (1995-1997).

La lista de narcos a la que aquí se alude fue elaborada por el gobierno de los Estados Unidos y revelada por la National Security Archive hace algunos años, cuando el señor Álvaro Uribe ya era un acaudalado heredero de los latifundios y negocios mafiosos de "don" Alberto Uribe Sierra y pupilo entrañable del narcotraficante Pablo Escobar.

El verdugo de Salgar no es ahora un hombre nuevo lleno de arrepentimientos por su pasado, sino un peor elemento utilizado por Washington con el sucio dedo del chantaje; pues claro está para Mr. Obama que aquel personaje de los noventa es el miso de esta década sangrienta que padece Colombia; el mismo protagonista de estos tiempos de "falsos positivos", de pirámides financistas tramposas, de firmas pro referendo re-electoral recogidas con fraudes y dineros de DMG, el mismo elemento de espeluznantes antecedentes de gánster y verdugo llevado a la presidencia con la complacencia gringa, fraude y presión paramilitar, y reelegido con la misma fórmula más las prevaricaciones de todo tipo y un cohecho recargado de desvergüenza.

Es el mismo, digamos, que, por boca de Michael Evans y de la National Security Archive, los propios gringos ponen en evidencia como asesino, cuando publican las desclasificaciones de la CIA de este año 2009, que indican que la Casa Blanca "eran conscientes ya en 1994" de que los oficiales del ejército colombiano,  durante años,  han dado lugar a ejecuciones extrajudiciales y a la colaboración con paramilitares y traficantes de drogas. De nada de esto está libre el actual presidente Uribe, pues precisamente en el último lustro de los 90 propulsó, con mayor énfasis que en todos los tiempos, el paramilitarismo mediante las llamadas Cooperativas CONVIVIR, escenario en el que, de su mano, se inició también el terror de Salvatore Mancuso, y el impartido desde la Brigada Cuarta (sede en Medellín) de la época de los generales Alfonso Manosalva (ya fallecido), Carlos Alberto Ospina (quien lo reemplazó), lo mismo que de la Decimoséptima Brigada (sede en Urabá) de los tiempos del general Rito Alejo del Río (el Carnicero de Urabá).

Coincidentes son estos tiempos mencionados con la época que ahora, en el 2009, el informe desclasificado de la National Security Archive presenta como de segura realización de ejecuciones extrajudiciales y de colaboración con paramilitares y traficantes de drogas por parte de la fuerza pública.

Es evidente que Uribe, esta piltrafa oligárquica, pútrido pelele de Estados Unidos, frente a tanta acusación asquerosa que lo involucra en los más horrendos crímenes de lesa humanidad y lesa patria, no tiene camino diferente al de someterse, a las imposiciones de Estados Unidos, con todo su séquito de ratas que se pliegan también porque saben que, de hundirse el barco, se ahogarán sin remedio. Es el caso de elementos como el canciller Bermúdez o del comandante de las Fuerzas Armadas general Fredy Padilla de León, y otros funcionarios en abundancia salpicados por las acusaciones de su viejo cómplice Rafael García (ex funcionario del DAS), quien, con sus declaraciones más recientes, los compromete en las más aberrantes prácticas de los paramilitares y de los narcotraficantes.

Nadie deberá creer más en la palabra de un presidente que ha mentido de manera enfermiza en múltiples ocasiones; menos aún cuando a diario da nuevas muestras de odio y guerrerismo.

Quién podrá tomar en serio a Uribe, cuando por ejemplo ha dicho, en el escenario de las Naciones Unidas, respecto a la política internacional de Colombia, que la tradición es la de "nunca participar en la carrera armamentista para el juego sangriento de la guerra internacional. Nuestra tradición es de respeto a la comunidad global; preocupa que, en lugar de avanzar hacia mayor cooperación para la seguridad, la paz y la tranquilidad de los ciudadanos de cada país, se acelere la carrera armamentista que algunos sustentan en la necesidad de modernizar sus equipos militares, mientras otros se esfuerzan en su ánimo de guerra…". Frente a esto, las palabras del presidente Chávez salen de la credulidad propia de su buena fe de hermanación continental, pasando a un realismo de argumentación precisa: "miente, Uribe miente, con mucha facilidad miente, es una mentira; quién va a creer ese cuento…, miente con gran facilidad", ha dicho respecto a estas falaces argumentaciones del presidente colombiano, quien de paso ha agregado que "Colombia se ha sometido voluntariamente al examen de derechos humanos de Naciones Unidas…". Expresión de desvergüenza sin par que rechina en momentos en que su viejo amigo Rafael García lo sigue acusando, sin que de ello haga eco la gran prensa que los sostiene contra toda lógica política sensata.

Rafael García ha dicho, por ejemplo, sobre las acciones criminales del paramilitarismo, que "Las actividades delictivas desarrolladas por nosotros desde el interior del DAS (el cartel de las tres letras), yo no creo que hayan sido desconocidas por el presidente, no creo que hayan sido desconocidas por el presidente en el caso de la Operación Ciclón, en la que terminamos respondiendo Jorge Noguera y yo. El mismo Jorge Noguera me dijo que el  presidente había autorizado y ordenado que entregáramos esa información; por lo tanto, cuando el Presidente Uribe repartió la burocracia entre ellos, indirectamente la repartió entre las autodefensas, porque estos señores habían sido puestos por las autodefensas…"
Se está refiriendo aquí el señor García a hechos del año 2003, cuando obtuvieron información sobre una operación que se planeaba contra las autodefensas de Hernán Giraldo en Santa Marta. Por entonces, consiguieron medios magnéticos y listados en donde aparecían los bienes inmuebles y empresas que serían objeto de allanamientos e incautaciones, como los nombres, ubicaciones y perfiles de las personas que pretendían capturar. Esta operación –que la adelantarían fiscales de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación–  no tuvo éxito en sus propósitos, sencillamente porque Uribe Vélez, mediante su esbirro Jorge Noguera –entonces director del DAS–,  ordenó que llevara la información a Santa Marta para entregarla a los paramilitares.

Confesó García que, en aquella ocasión, Noguera le dijo que no se preocupara, porque "el Presidente Uribe y el Fiscal General Luis Camilo Osorio estaban enterados de todo lo que estaban haciendo". El mismo presidente, en algún momento, les confirmó la orden de que entregaran la información a las autodefensas, dice García.

He ahí el talante criminal del presidente que luego manifiesta, frente a los cuestionamientos por las bases militares, que: "Estos acuerdos nunca tienen por objeto crear condiciones de agredir a terceros Estados. Esto está excluido en el texto, en los acuerdos que lo enmarcan y en la práctica colombiana" (El Tiempo, 24 de julio de 2009, pág. 1-3).

Y esta negación, que se da en coro con las de muchos otros funcionarios de Estado, se produce mientras resuenan en creciente los ecos del documento Santa Fe Cuatro, o  los del ya famoso Libro Blanco, donde se plantea la llamada Estrategia de Ruta del Comando Sur, ó Air Mobility Command Southcom, que se refiere a la estrategia de agresión contra los objetivos colonializables por EEUU, bajo la excusa de la guerra contra el terrorismo, planteándose cuestiones sobre la validez de la "movilidad actual del sistema de rutas aéreas en el tamaño y la alineación". En síntesis, el dominio del orbe, mediante la superioridad aérea a partir de instalación de bases militares y desde ellas, el desenvolvimiento de  la evolución de las aeronaves, de su movilidad aérea, operaciones y distintos factores de incidencia en el sistema de ruta, enmarcado en una actualizada Estrategia de "Seguridad Nacional" y "Defensa Nacional".

Este documento, elaborado en abril de 2009 por el Comando Aéreo para la Movilidad (AMC) de la Fuerza Aérea de EE.UU., apunta a "ejecutar operaciones de movilidad (…)". Y es de estas reflexiones operativas de donde se desprende, de manera más directa, la identificación que el Comando Sur ha hecho de Palanquero, en  Colombia, como una base de agresión enmascarada en el eufemismo de ser una "localidad de cooperación en seguridad" (CSL, por sus siglas en inglés). Son las ideas intervencionistas, militaristas, recolonizadoras…, que ahora están en la versión del dominio aéreo encabezado por el Comando Sur, bajo la especial conducción del general Arthur J. Lichte.

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