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jueves, 14 de enero de 2010

Presupuestos 2010: miseria y guerra contra el Pueblo. (2)

Por Jimy Ríos/Tomado de bolivarsomostodos.org

3. Recursos para la guerra.
/ "Las nuevas Fuerzas Armadas…tendrán un tamaño y un presupuesto acorde a un país que no está en guerra con sus vecinos." Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia.Novena Conferencia de las FARC - EP/ La idea central de éste artículo es que el presupuesto del 2010 es para la guerra contra el Pueblo. Y seguramente no fuera novedad en Colombia si no estuviera tan signado por la coyuntura de la instalación de siete bases norteamericanas, la agresión a la cuna de Bolívar, la aprobación del nuevo impuesto de guerra y el uso del verbo "consolidar" para referirse a la nueva fase de la "política de seguridad"; fase que lleva el apellido eufemístico del "postconflicto".

Es  notable pues el incremento que en términos oficiales alcanza los 21 billones de pesos en el presente año, algo más de 10 mil millones de dólares: suma similar a la del Plan Colombia desde el 2002. En los mismos términos se ha oficializado que el presupuesto de duplicó desde el 2002 a este año. Aunque enseguida veremos que son muchos más los recursos asignados a la actividad bélica pues buena parte de la estructura del Estado tiene tareas en esa dirección. En otras palabras, no sólo se deben sumar los recursos del Ministerio de Defensa y otras instituciones con "actividades y servicios de defensa nacional, de orden público y protección ciudadana", conceptos utilizados en la Clasificación Funcional del Gasto Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Manual FMI). También de otras instituciones que veremos enseguida.

Razones como esta hacen incalculables los recursos que destinan la oligarquía y el Estado a la confrontación contra el Pueblo. Calcular ese dinero obligaría sumar la ayuda de los Estados Unidos, la financiación del narcoparamilitarismo, los gastos que realizan entidades territoriales, las ayudas de empresas nacionales y multinacionales, la seguridad privada y la cantidad de bufones que participan de oficio en la guerra mediática difundiendo la propaganda del régimen. Y como no mencionar la ausencia de trasparencia en el manejo del presupuesto público. 

Para 2010 entonces, el gobierno ha publicitado 21 billones de pesos destinados a lo que llaman "política de seguridad democrática" (Léase doctrina de seguridad nacional). De éste dinero, el Ministerio de Defensa cuenta con 9.9 billones de los cuales 8.3 son destinados a funcionamiento, es decir, casi el total está orientado a la nómina demostrando así el crecimiento de unidades, particularmente, del ejército. La cifra más difundida de unidades es esta: 260.000 en 2002 a 445.000 en 2009.  

La policía tiene 5.6 billones: 5.3 se gastan en funcionamiento. Al DAS le dieron cerca de 400.000 millones de pesos y a la Fiscalía 1.4 billones. Sumado esto a instituciones del sector defensa clasificados en el Manual antes citado, alcanza una cifra que supera los 30 billones. Incluso al modificar el presupuesto se le restaron 150 mil millones a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y 70 mil a la policía.

Pero ahí no acaba la suma porque como se dijo arriba, buena parte de la estructura del Estado tiene tareas en la guerra no sólo los entes mencionados en el párrafo anterior. Por ejemplo, sería ingenuo no incluir el presupuesto de la Presidencia ya que desde allí se lanza permanentemente propaganda oficial contra revolucionaria al mejor estilo de operaciones psicológicas. O ¿Acaso el ministerio de relaciones exteriores no se ha convertido en una cancillería para la guerra? Esta tiene asignados cerca de 400.000 mil millones. La Rama judicial cuenta con 1.8 billones. El ministerio del interior utilizará 453 mil millones. El programa bandera supuestamente social del gobierno, Acción Social, tiene a cargo de sus recursos el programa de desmovilización.

Otro claro ejemplo está en el artículo 47 de la ley del presupuesto: "Todos los programas y proyectos en carreteras y aeropuertos que no estén a cargo de la Nación y que estén financiados por el Fondo de Inversiones para la Paz que está adscrito a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, podrán ser ejecutados por el Instituto Nacional de Vías, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil o mediante convenios con las entidades territoriales según sea el caso. Parágrafo: El Gobierno Nacional a través del Programa de Aeropuertos Comunitarios destinará recursos necesarios, para la habilitación y puesta en operación de los aeropuertos regionales ubicados en los departamentos de frontera y zonas de difícil acceso, que sean considerados como estratégicos para la defensa y seguridad nacional."

En el artículo 62 se autoriza (como si lo necesitara) a las Fuerzas Militares para que ejecuten proyectos  de inversión como obras de infraestructura y dotación. Bien sabemos que esto más que buscar el "bienestar de la población" responde a los que el ejército de la oligarquía llama operaciones cívico- militares y psicológicas. Busca inútilmente y de manera oportunista recuperar la legitimidad del Estado. También a través de una presencia  utilitarista que cambia obras por información incluyendo la población como "delatores" en la guerra.

El artículo 69 dice que el ministerio de hacienda "presupuesta" y la Dirección General de Presupuesto Público Nacional "conceptúa" sobre los recursos para Justicia y Paz, así sean otras las entidades las que ejecutan.

Definitivamente el Estado colombiano tiene montados todos sus aparatos en función de la guerra contra el Pueblo. 

Impuesto para la guerra. Ley 1370 o Ley de Ajuste Tributario

La Ley 1370 o Ley de Ajuste Tributario ya fue sancionada por el presidente narcoparamilitar Álvaro Uribe Vélez. El Ministerio de Hacienda había anunciado el pasado diciembre que en las plenarias de la Cámara y Senado fue aprobada esta ley presentada por la tiranía. Oficialmente se dijo que el proyecto está compuesto por tres grandes partes: mantener el impuesto al patrimonio durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014; reducir del 40 al 30% la deducción por compra de activos productivos y dejar como único beneficio para las zonas francas la tarifa de renta del 15%. En el caso de las tarifas del Impuesto al Patrimonio el Congreso aprobó un 0,6% para los patrimonios líquidos gravables entre $3 mil y $5 mil millones de pesos; y una tarifa del 1,2% para los patrimonios mayores de $5 mil millones de pesos. Se estima que este gravamen será pagado por cerca de 9.300 grandes contribuyentes sean personas naturales o jurídicas. El Gobierno estima recaudar con esta ley cerca de  $3,1 billones de pesos anuales.

Hacienda había dicho que un total de 17 mil 200 colombianos (personas naturales y jurídicas) tendrían que pagar el impuesto al patrimonio y que habían 8 mil contribuyentes que tendrán que cancelar el 0.4%, debido a que tienen capitales entre los 2 mil y 3 mil millones de pesos. Con más de 3 mil millones de pesos hay 9.200 personas, entre jurídicas y naturales, que pagarán el 0.6%. Recordó que en el periodo 2006-2010 el impuesto al patrimonio lo pagaron 7 mil contribuyentes de más de 3 mil millones de pesos. "Es decir que hemos logrado que más de 2.200 nuevas personas ingresen al rango de 3 mil millones y vamos a incorporar a 8 mil nuevos de más de 2 mil millones de pesos". Concluyó señalando que la gran mayoría de las empresas son las que van a pagar el impuesto al patrimonio.

La antesala de la aprobación del impuesto para la guerra estuvo marcada por la evaluación del recaudo anterior así como de su ejecución y por la presentación de opciones de la misma oligarquía para que esos recursos tuvieran origen directamente en el Pueblo.

Sobre la evaluación del anterior por ejemplo, Juan Camilo Restrepo pone el énfasis en la preocupación por el gasto recurrente. Cuando nació el impuesto al patrimonio –dice Restrepo-, se creó para comprar equipos (gastos de inversión) y ahora resulta que un tercio de este impuesto se invirtió en gastos de personal (gastos de funcionamiento). Según él, el problema radica en que se estén financiando gastos permanentes con ingresos temporales. En sus cuentas, en 2008 se recaudaron tres billones 308 mil millones de pesos por concepto de ese tributo, 264 mil millones por encima de lo que el gobierno esperaba.

El contralor general de la República, Julio César Turbay Quintero, planteó una revisión de la sostenibilidad real de la Seguridad Democrática frente a la realidad tributaria y económica del país. Advirtió que la decisión de volver casi permanente ese tributo no debe lesionar a los contribuyentes, en especial a las bases populares. Según él, los sectores económicos con mayor riqueza son los que han financiado este gasto y es importante que, ante la necesidad de contar con una fuente permanente de recursos, estos sigan contribuyendo. En referencia a las dificultades antes anotadas sobre la crisis del capitalismo, el contralor dijo que pueden generar una alta morosidad en el pago del impuesto, afectando el flujo de caja necesario para asumir las obligaciones adquiridas.

Pero al contralor no le preocupan tanto las bases populares como sí la situación que puede afectar el pie de fuerza. Apoyándose en las evaluaciones hechas por un equipo de expertos de la Contraloría, dijo que hoy no está garantizado el ingreso del dinero para financiar las inversiones en el sector defensa y el nuevo pie de fuerza: cerca de 38 mil efectivos. Sostuvieron que si bien los recaudos alcanzados durante el 2007 y el 2008 (4,53 billones de pesos) fueron superiores a los gastos, esto no ocurre en el 2009, año en el cual los recaudos alcancen tan sólo los 2,06 billones, debido a que apenas se recaudarán dos cuotas. Mientras tanto, el gasto será idéntico al del 2008 lo que dejará un desfase de 840 mil millones de pesos. El contralor tiene inquietud por la necesidad de asumir el pago de compromisos adquiridos en el sector y la insuficiencia de ingresos.

A esto se une el hecho de que se compraron equipos en momentos en que la economía presentaba niveles de revaluación del peso, pero hoy, cuando se reciban, se tendrá que desembolsar más dinero.

Y hubo hechos que supuestamente comprobaban la preocupación del Contralor: "Prima a 22 mil soldados del Ejército no llegará en Agosto". (Caracol, Agosto 11 de 2009) En vivo y en directo, el General Padilla ordenó a 22 mil uniformados que se ajusten el cinturón en el mes de agosto, porque no llegará completa la prima especial de familia. Habló de un problema con el decreto presidencial por lo que los soldados recibirán solo 40 mil pesos y no 400 mil como lo estaban pagando desde hace un año por cuenta de una decisión del Gobierno. Ante la molestia de los soldados que se encuentran en las regiones éste asesino señaló que se están buscando las formas jurídicas para superar el incidente y empezar a pagar nuevamente esa prima a partir del próximo mes. En septiembre se reportó que se consiguieron los 75'.000.000 millones de pesos que se requerían para cancelar el subsidio a sus hombres. El general de la oligarquía dijo "que lo más difícil era conseguir la plata". Y en octubre, el payaso de payasos que posa de ministro de defensa, afirmó que el Gobierno firmó el decreto 3770 que restablece al pago del subsidio familiar a los 22.00 soldados profesionales e infantes de marina. Además sostuvo que "se dejarán de comprar tanques de guerra para cumplir la próxima semana con el pago en una nómina adicional con la cancelación de los sueldos retroactivos."

A las anteriores valoraciones, se sumó la revista Semana y presentó el reto para el ministro de defensa entrante: lograr el presupuesto que necesita y le hizo estas cuentas. "Casi todos los 8,2 billones de pesos que se recaudaron a través del Impuesto al Patrimonio ya se gastaron o están comprometidos.

Estados Unidos le quitó al Plan Colombia 53 millones de dólares y este año girará 520. Y gobiernos como el de Reino Unido redestinaron su ayuda al tema de derechos humanos por antecedentes como los falsos positivos. Aunque el presupuesto no depende exclusivamente del Ministro de Defensa, este tendrá que ser muy hábil para ingeniarse la manera de sostener la Política de Seguridad Democrática que el año pasado fue del 5.8% del PIB". Aunque le faltó a esta revista decir que ya se aprobaron los primeros 49 millones de dólares en el presupuesto de los EEUU para la base de Palanquero.

Por otra parte, y en la antesala de la aprobación del impuesto, se presentó una la polémica sobre quiénes deberían ser los contribuyentes del impuesto para la guerra. La ANIF por ejemplo planteó que el cobro se debería extender a la clase media, pues en su criterio "todos se benefician de la seguridad. La idea es cobrarle a personas con patrimonios superiores a 200 millones."

Para salir del problema de las finanzas de la guerra contra el Pueblo, el banquero, carroñero y avaro Luis Carlos Sarmiento propuso que la plata para financiarla debía ser de una fuente general, a cargo de todos los colombianos, es decir, se debe financiar como cualquier otro gasto del presupuesto general. En principio a Uribe le sonó y dijo que se debería llegar a una renta permanente que pague esa política. El presidente sostuvo: "Habrá que pensar, una vez terminen de ejecutarse estos recursos extraordinarios (del impuesto al patrimonio) e introducidos por la reforma que lideró el Ministro de Defensa en el 2006, cómo vamos a tener una renta permanente para seguir financiando la seguridad y derrotar todas las raíces del terrorismo en nuestro país".

Rafael Mejía, vicepresidente del Consejo Gremial y presidente de la SAC, precisó un poco más allá y anotó incluso que deberían aportar los que ganan el mínimo. Agregó que debe haber continuidad tanto de la política de defensa como de la fuente que la financia, pero con todos los colombianos contribuyendo en proporciones justas. "Pensamos que debe haber continuidad, pero si es un gravamen sobre el patrimonio debe ser para todo el país. Que cada uno aporte dentro de sus posibilidades". Éste es un buen representante de la idea de justicia que tiene la oligarquía colombiana.

El Presidente de Asocolflores, Augusto Solano, afirmó que esta carga impositiva no ayuda en nada a los industriales y empresarios que están afrontando una complicada situación por culpa de la recesión económica. De acuerdo con Solano lo ideal sería que el impuesto fuera por 3 años y no 4.

Por su parte, al presidente de Fenalco, Guillermo Botero, no le gusta la propuesta de prorrogar por 4 años más el impuesto al patrimonio e indicó que todo apunta a que será permanente. Dijo que lo ideal sería una prórroga por dos años más y explorar nuevos mecanismos de financiación de la seguridad democrática. Botero advirtió que a corto plazo el impuesto al patrimonio no solamente será permanente si no que todos los colombianos lo tendrán que pagar.

El ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, propuso que en vez de una reforma tributaria, a su juicio innecesaria, el Gobierno salga de empresas como Ecopetrol, en donde tiene el 90%. Éste neoliberal dijo que "no le ve sentido a tener en el balance del Gobierno acciones de Ecopetrol o de otras empresas siendo que tenemos tantas necesidades. Eso es un lujo que uno muchas veces no se puede dar". Necesidades de la guerra contra el Pueblo claro está.

Con todo esto, antes de presentar el proyecto al Congreso, el presidente capo de capos sostuvo que los sectores más pudientes tendrían que hacer "otro ratico de sacrificio" para financiar la seguridad democrática.

A todas las variables de la crisis del capitalismo mencionadas en la segunda parte y que afectan directamente los ingresos del Estado, se suma la versión de la revista Portafolio, según la cual "expertos llaman la atención porque…algunos contribuyentes tendrían todo el 2010 para fraccionar o esconder patrimonios." Además hay que ver con unos contratos de estabilidad tributaria que se crearon en 1995 y que han salvado a algunas firmas de pagar nuevos impuestos, al parecer incluido el del patrimonio, y que empiezan a vencerse en el 2010. Eso llevaría a esas empresas a asumir el pago del que entrará a regir desde el 2011.

Para terminar y contrario a todo lo anterior, la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia propone: "el 50% del presupuesto nacional será invertido en el bienestar social, teniendo en cuenta al ciudadano, su empleo, su salario, salud, vivienda, educación y recreación como centro de las políticas del Estado, apoyados en nuestras tradiciones culturales y buscando el equilibrio de la sociedad y la naturaleza. Los derechos de la niñez, la juventud, las mujeres y los ancianos, de los pueblos indígenas y afro-descendientes, serán especialmente reivindicados por el nuevo gobierno." A esto se suma la  participación democrática nacional, regional y municipal en las decisiones que comprometen el futuro de la sociedad. Así, las FARC EP entienden un avance significativo en la adopción de las prioridades del Pueblo y de las regiones.

Sobre los recursos para el financiamiento, la Plataforma define por un lado, "la objeción al pago de la deuda externa en aquellos préstamos viciados de dolo en cualquiera de sus fases. Para los otros casos se planteará una moratoria en el servicio para facilitar la cancelación de la deuda social."

Y por otro lado, "quienes mayores riquezas posean, más altos impuestos aportarán para hacer efectiva la redistribución del ingreso. El impuesto del IVA, sólo afectará bienes y servicios suntuarios." En esta dirección entonces debe construirse además una estructura de ingresos que incluye no sólo los tributos si no, y fundamentalmente, los ingresos originados en la propiedad estatal y colectiva pues el Estado debe ser el propietario de los sectores estratégicos privatizados durante los últimos 19 años de neoliberalismo.

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