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viernes, 18 de enero de 2013

Comunicado


Enero 18 de 2013
La Habana, República de Cuba.
Sede de los diálogos por la paz con justicia social para Colombia.
 
COMUNICADO

Sin duda hay quienes creen que la paz es una limosna y no la concreción de la justicia, y por ello siguen burlando ese derecho y deber de la paz, que han consignado en el cuerpo constitucional de la institucionalidad que dicen defender, de manera tan pomposa como demagógica, supuestamente en favor de todos. Ciertamente, se les hace difícil juntar el poder con la concordia.

Aunque hace unos días Juan Camilo Restrepo, ministro de agricultura, aseguró demagógicamente que habrá más regulaciones a la presencia del capital foráneo en Colombia, multinacionales como la estadounidense Cargill -la mayor comercializadora del mundo de materias primas agrícolas- emprendió en la altillanura un proyecto de producción de cereales que involucra 90.000 hectáreas en el departamento del Meta, y ya invirtió 100.000 millones de pesos en la compra de tierras.

De manera inaudita, mientras los negocios que conducen a la propiedad extranjera sobre la tierra son motivo de alarma para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y por ello advierte contra sus consecuencias adversas para la población, en Colombia el fenómeno toma impulso y es visto por los funcionarios estatales no como un problema sino como una oportunidad.¿Pero oportunidad para quién?

Esto no es para alimentar al 12 % de la población colombiana que padece desnutrición ni para evitar que 5 mil niños mueran de hambre anualmente en nuestro país. No, esto es para llenar los bolsillos de las multinacionales y de sus reverentes socios locales, a los cuales sirve este gobierno, y por supuesto su ministro de marras.

No es de extrañar la desafortunada frase de Juan Camilo Restrepo cuando dice que "no podemos caer en esa exaltación desmesurada de lo nacional frente a lo extranjero". Pedazo a pedazo se están feriando el país entero: 12.000 hectáreas a la empresa Mónica Semillas en Puerto Gaitan; 10.000 hectáreas en Pivijay (Magdalena), para el grupo empresarial israelí Merhav, para poner en marcha proyectos de producción de etanol; no menos de 1000 hectáreas en el Magdalena Medio para el Grupo Ingacot, que explota cultivos de soya y maíz, tomando tierras en arriendo, que es la otra modalidad del despojo legal...; y hay casos como la entrega de 100.000 hectáreas para la sueco-ecuatoriana MS Timberland Holdings o Reforestadora el Guásimo, a la europea Smurfit-Kappa, a las chilenas Compañía Agrícola de La Sierra y Reforestadora del Sinú, y par los fondos de inversión multinacionales Inverbosques y Forest First, etc. Incluyendo fracasados proyectos de producción de etanol con remolacha en Tuta (Boyacá) y con caña panelera en la hoya del río Suárez, porque resulta que ahora los productos agrícolas no son para resolver el problema de desnutrición y de hambre sino que la idea con la agroindustría consiste en generar agrocombustibles para alimentar maquinarias, carros y aviones.

Si no quiere venir a la Habana, no importa que el ministro responda como si lo hiciera desde las oficinas de Cargill o de la Monsanto, pero el país debe quedar claro del juego al que juega el gobierno. 

Ojalá tengan el valor ciudadano de darle algunas explicaciones ciertas al país, porque hasta el momento lo que se le ha entregado al pueblo es una notificación de que ninguna de las opiniones que se están vertiendo en la Mesa de Conversaciones, en los foros y en los espacios de participación del proceso de paz, será tomada en cuenta porque, según palabras del ministro, el Gobierno, desde un comienzo y ahora, tiene una política agraria "que impulsará haya o no negociaciones con las Farc y que esto se hará respetando el derecho privado, respetando la propiedad y respetando los derechos adquiridos de buena fe", que es lo mismo que decir los derechos de los despojadores.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA, EJÉRCITO DEL PUEBLO, (FARC-EP).

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