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lunes, 18 de febrero de 2013

Abrir la democracia es la paz

Por Gabriel Ángel, guerrillero de las FARC-EP


 

El ministro del interior declaró que el tiempo de las FARC se agota y que si no aprovechan esta ocasión que se presenta en La Habana nunca volverán a tener otra oportunidad. Haciendo el esfuerzo de interpretar sus palabras del modo más desapasionado posible, se entiende que lo que está diciéndonos es que no se puede pensar en otra posibilidad de diálogos de paz en un futuro, que ésta será la última. Que si no llegamos a algún tipo de acuerdo ahora, lo que sobrevendrá sin ambages es la definición del conflicto por la vía de las armas. Y que obviamente en ese evento, nosotros correremos con la peor de las suertes, seremos aniquilados.

 

El primer argumento del régimen se relaciona con la capacidad bélica del Establecimiento, incluidos los drones por llegar. Es claro que dan por descontado que con ella arrasarán de manera fulminante a la insurgencia. Suman en su haber un acumulado de golpes que consideran contundentes, los cuales confían en seguir incrementando hasta propinar el puntillazo final. Igual pensó Goliat. O para no ir muy lejos, el imperio español tras derrotar con sus aliados a Napoleón  Bonaparte y lanzarse sobre los rebeldes suramericanos que luchaban por la independencia.

 

En la guerra no todo puede dejarse a los pertrechos, ni a la preparación de las tropas. Ni siquiera a los resultados del campo de batalla. Los gringos probaron de esa amarga certeza en Vietnam. No es igual enfrentar a un ejército regular que a un pueblo inconforme y violentado organizado en guerrillas. Contamos con autoridad para afirmar que contra las FARC y el pueblo de este país se han empleado todas las formas de guerra contrainsurgente. Con dolorosas pérdidas, pero también con grandes victorias, las hemos combatido y sobrevivido dignamente. Eso no va a cambiar.

 

Además, si conversan con nosotros, si está instalada una Mesa en La Habana en búsqueda de una solución política por vía del diálogo, no es precisamente porque tengan a mano la victoria. Ninguna clase explotadora, en ninguna parte del mundo, se ha tomado jamás la molestia de llamar a conversar a quienes se halla en capacidad de aplastar con un manazo. La burguesía colombiana puede ser puesta como ejemplo universal de intolerancia y agresividad.  Su apelación al diálogo puede atribuirse a todo, menos a la convicción de un triunfo inminente sobre los alzados.

 

El ministro Carrillo se suma a quienes insisten en guindar con un hilo una espada sobre nuestras cabezas. Es visible el afán de los más diversos sectores políticos cobijados bajo el régimen, por obtener la pronta aceptación de las FARC a sus pretensiones, como si creyeran haber obsequiado mucho más de lo que debieran y por tanto merecer de sobra nuestra entrega incondicional. Les llevó muchos años acordar un TLC con los Estados Unidos, su padrino y principal aliado, luego concertar algo serio y definitivo con sus mortales enemigos tendrá que llevar su debido tiempo.

 

Otro de los presupuestos para exigir nuestra rendición inmediata de una vez por todas, se relaciona con el entorno internacional, sobre todo el regional. Las FARC no tenemos nada que hacer en un mundo en el que las banderas del socialismo y la revolución perecieron bajo las ruinas de la Unión Soviética y la Europa Oriental, menos todavía cuando la lucha armada ha capitulado en todo el vecindario y antiguos guerrilleros accedieron por vía de las urnas a los gobiernos de sus países. En cuanto a lo primero, la historia tiene sus ironías. Con todos los defectos y falencias del llamado socialismo real, no deja de ser indicativo que ante el caos político y social padecido actualmente por las grandes mayorías en esos países, repetidos estudios y encuestas ignoradas aquí por los medios, constatan la masiva añoranza por el mucho más justo pasado socialista.

 

Las alabadas virtudes que alegaron los pregoneros del neoliberalismo con sus vitrinas y sus luces, han demostrado ser auténticas pesadillas. Y no sólo allá, sino también en nuestro barrio y nuestra casa. Al contrario de lo sostenido por quienes se pretenden nuestros sepultureros, lo que pone en evidencia el entorno es el palpitar generalizado por cambios profundos al sistema económico y político. La lucha en el vecindario latinoamericano pone de presente el arrinconamiento de las elites postradas ante el imperialismo y no la preeminencia de éstas, como se pretende hacer creer aquí. Si algo demuestran los gobiernos de antiguos guerrilleros, es que estos tuvieron razón para alzarse y que las armas en manos del pueblo abren caminos, de ahí el respaldo popular a su obra.

 

La manipulación de las más variadas realidades históricas por las clases dominantes se ocupa de pervertir el sentido de los acontecimientos. Daniel Ortega preside Nicaragua tras ganar sucesivas contiendas electorales. Pero allá triunfó previamente una insurrección  armada que derrocó la dictadura impuesta por los Estados Unidos y proclamó la Constitución democrática. A Chávez, recurrido ejemplo de acceso pacífico al poder, lo acusan de dictador el mismo  Imperio y la oligarquía colombiana.  Sólo el multitudinario apoyo del pueblo venezolano movilizado con su ejército bolivariano, frustró en 2002, y ahora, el golpe fraguado contra él por los hipócritas defensores de la democracia en nuestro continente. Entre tantos otros, Allende y más recientemente  Zelaya y Lugo, fueron defenestrados por no contar con un pueblo en armas.

 

Cada nación y cada caso poseen sus particularidades. El ministro Carrillo rechaza la propuesta de una Asamblea Constituyente para refrendar los acuerdos que se logren en La Habana, aduciendo que en 1991 Colombia celebró una, de la que nació la democrática Constitución que nos rige. Con la entrada en vigencia de tan magna obra, se abrió la puerta al más horroroso capítulo de terrorismo de Estado en las Américas, se emprendió la profunda ofensiva legal e ilegal contra los derechos conquistados con sangre por los trabajadores, se expropiaron sus parcelas a millones de campesinos, se encarceló, asesinó, desapareció, desterró y empobreció más gente que en cualquier dictadura fascista latinoamericana del pasado. Para no hacer mención de la vinculación directa de las más altas esferas del Estado con las mafias del narcotráfico y el paramilitarismo.

 

Si algo sabemos en Colombia es que la Constitución y las leyes pueden decir cosas muy bellas, pero la realidad ser muy distinta. La apelación a las armas para luchar por el poder político en nuestro país, es consecuencia directa de las realidades violentas derivadas del Estado y que configuran el acontecer nacional. Es por eso que nuestro propósito en La Habana no puede ser simplemente el de modificar o producir unos textos legales, sino el de generar las condiciones políticas para que se produzcan hondas transformaciones de la realidad nacional. No vamos a Cuba a conversar sólo con el gobierno, vamos a abrir el diálogo con nuestro pueblo en la idea de concertar un gran movimiento nacional por los cambios.  La supuesta generosidad o benevolencia democrática del gobierno Santos termina ahí. Como no logra prohibir a las FARC hablar con la gente, advierte que meterá a la cárcel a quien se acerque a conversar con las FARC.

 

Es claro que gobierno y nosotros tenemos enfoques completamente opuestos sobre el proceso de paz. La historia patenta que nunca han visto las cosas del mismo modo los ricos que los pobres. Para el régimen se trata del espacio que permitirá la reducción de unos criminales, su sometimiento voluntario a la ley. Si para lograrlo debe permitir que unos cuantos de ellos, los menos significativos y peligrosos, formen parte de listas de candidatos a corporaciones o cargos públicos, habrá que ver el modo de admitirlo  sin poner en riesgo nada de lo establecido. Para nosotros, revolucionarios de convicción y profesión, se trata de la posibilidad de hacer llegar nuestro mensaje a las grandes mayorías en forma directa, de encontrar con ellas formas de organización y actuación políticas capaces de erradicar la violencia estatal en todas sus manifestaciones, se trata de trabajar conjuntamente con el pueblo la ruta hacia el poder.

 

Es por eso que para los voceros del gobierno el énfasis de las conversaciones debe centrarse fundamentalmente en la dejación de armas, que de antemano interpretan como una rápida desmovilización y entrega. Podrán pactarse acuerdos con relación a los demás puntos de la agenda, desde luego sin afectar en ningún caso las definiciones económicas, políticas o institucionales que el poder considera intocables, casi todas por demás. Pero no se dará un paso en nada hasta que no se produzca la desmovilización, ella es lo primero. En buen romance, ríndanse, entreguen las armas, desaparezcan como estructura y en los siguientes diez años se procederá a implementar los pequeños retoques admitidos en la Mesa, eso sí, siempre que el cumplimiento de sus obligaciones se realice de modo sagrado. Y agradezcan.

 

Para nosotros en cambio, de entrada, lo verdaderamente importante estriba en una nueva configuración democrática del Estado colombiano. Que los perseguidos, los desde siempre repudiados, gocen de todas, absolutamente de todas las garantías para su vida, su integridad y actividad política sin restricciones de ninguna índole. Nosotros somos parte de esos considerados parias, y no repetiremos jamás la trágica experiencia de los comuneros del Socorro o los desmovilizados ante Rojas Pinilla. Tampoco estamos dispuestos a copiar el calvario sufrido por los mártires de la Unión Patriótica. Las FARC-EP tenemos derecho al libre ejercicio político en Colombia. El proceso de paz consiste en la discusión de las vías para hacer posible eso.

 

Antes de que un guerrillero sin armas ponga un solo pie en la calle, el Estado colombiano debe abolir la totalidad de sus aparatos criminales, la doctrina fascista con la que forma a sus fuerzas armadas, las maquinaciones encubiertas de la inteligencia militar, sus grupos de limpieza social, sus estructuras paramilitares. Haber repudiado toda injerencia externa en la definición de sus políticas de seguridad. Debe haber mostrado a la guerrilla la realidad del derecho a la libre reunión y organización políticas, la posibilidad real de acceder plenamente a los medios de comunicación masiva, las garantías efectivas para movilizarse a cualquier lugar del país. Debe haber proscrito la práctica de los montajes policiales y la persecución judicial con motivaciones políticas. Debe habernos blindado contra los perversos efectos de la difamación interesada.

 

Pero que no se nos malentienda, ninguna de estas garantías debe ser reservada de modo exclusivo a la insurgencia incorporada a la actividad legal, sino que debe ser disfrutada por todas las organizaciones políticas y sociales del país que constituyan oposición política.

 

Sin agotar ahí las expectativas de sobrevivencia y posibilidad democrática, puesto que habría que considerar desde luego un renovado y limpio régimen electoral y de campañas políticas, igualmente inspirado en los más altos valores de la pulcritud, podríamos pensar en una reincorporación gradual y a modo de prueba, por etapas en el tiempo, que se iría produciendo en la medida que las nuevas realidades institucionales y de hecho vayan siendo implementadas de manera estable. Esto implica necesariamente, y a despecho de los sectores más recalcitrantes de la caverna, un período de transición en el que la guerrilla, todavía en armas, entra en contacto directo con la población a fin de ambientar y generar los espacios sociales y políticos en los que se desarrollará su actividad legal en un futuro próximo.

 

Si se trata de edificar democracia, esta relación debe hacerse posible y efectiva desde ahora. La Habana significa una dificultad enorme por la distancia y costos, así que habría que considerar el territorio colombiano. Podrían concebirse mecanismos para facilitarlo, ceses bilaterales o temporales del fuego, ceses de operaciones militares como los que se aplican cuando se entregan prisioneros de guerra en nuestro poder, áreas de distensión específicas, reglamentadas y provisionales, eventos o encuentros concretos con determinados sectores de la nación.

 

Habrá quienes digan que concebir en estos términos una salida política a la larga confrontación colombiana constituye una locura. Allá ellos, que consideran cuerdos la violencia y el desangre interminables.  No puede desconocerse que nuestra posición está animada por la sincera vocación de hallar fórmulas democráticas plausibles para la terminación del conflicto. Más sinsentido suena la propuesta gubernamental de entregarlo  todo primero, a cambio de simples promesas. Ninguna alma mezquina ha conseguido pasar por bueno o grande a la historia, Santos debería saberlo.

 

Partimos de la premisa básica de que no vamos a pactar la revolución en una mesa de conversaciones. Por eso los términos del Acuerdo General. Allí todo puede ser motivo de controversia. Seguramente que los avances en materia de desarrollo agrario integral, la problemática de los cultivos ilícitos y la suerte de las víctimas terminarán siendo importantes por encima de las diferencias, por cuanto no implican un cambio en la formación social capitalista. Pero el terreno verdaderamente decisorio va a ser el político, las posibilidades reales de la vida democrática en Colombia. Nos alzamos en armas porque no había posibilidades de hacer política por vías pacíficas. No pensarán que vamos a dejarlas si la situación sigue siendo la misma.

 

El ministro debía cerrar las puertas a cualquier oportunidad de guerra en un futuro, pero nunca a la paz. Con mucha gente en este mundo, pensamos que la actual crisis mundial del capital demuestra el agotamiento del sistema vigente, así como la caducidad política de sus defensores. Que los tiempos de la renovación soplan en el nuevo y el viejo continentes, y que los pueblos los harán efectivos. Que ese futuro es inevitable y próximo. Nos proponemos precipitar dichas transformaciones en nuestro país, junto a la enorme masa de los inconformes. Definitivamente, los tiempos que se agotan no son los de las FARC-EP. Son los de este régimen podrido, ministro.

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