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miércoles, 27 de febrero de 2013

Las verdaderas intenciones de Santos

Por Gabriel Ángel



A estas alturas la trama del gobierno de Juan Manuel Santos está suficientemente al descubierto como para ignorar la realidad acerca de sus intenciones de paz. Y vale la pena alertar a la opinión nacional e internacional al respecto. No es cierto que quiera la paz, ni que esté animado por sentimientos de reconciliación, menos que lo muevan a actuar aspiraciones de grandeza. Por el contrario, Santos obra de manera calculada y aleve, a objeto de lograr imponer a la insurgencia colombiana todas las condiciones y decisiones que de antemano ha concebido.

La principal de las cuales es su rendición y sometimiento. Para ello se vale de todas los timos que su especialidad como tahúr le ha enseñado. Aparentar lo que no piensa, hacer creer al contrario lo que no es cierto, barajar con maña, esconder ases bajo la manga y llegado el caso, patear la mesa con furia alegando trampa para enseguida apelar a sus pistolas y eliminar al contrincante. Como digno exponente de la más rancia oligarquía bogotana, Santos siente enorme desprecio por las gentes que considera bajas, y sólo piensa en aplastarlas como alimañas si no le obedecen

Obviamente, los primeros destinatarios de su odio de clase somos los integrantes de la insurgencia armada, y entre ella las FARC-EP. Él, que ha pertenecido siempre a los más altos círculos del poder, ocupando diversos ministerios en los últimos gobiernos, siente mejor que nadie la enorme frustración que significa haber empleado toda la fuerza del Estado, con el más sofisticado apoyo tecnológico militar extranjero y cantidades ingentes de dólares, sin poder doblegar la rebeldía que encarnamos dignamente los alzados. Por eso se decidió a ensayar su propia fórmula.

Que en lo fundamental consiste en unir creativamente todas las anteriores. La seguridad democrática de Uribe, las conversaciones de paz de Pastrana, las exploraciones dubitativas de Samper y hasta los diálogos en el exterior de Gaviria. Hábilmente esquivó la experiencia del doctor Betancur, por considerar que implicaba conceder demasiado protagonismo a sus enemigos. Lo nuevo de su estrategia está en la apelación a las últimas teorías sobre resolución de conflictos, toda esa argucia técnica y jurídica tejida por los expertos de Harvard y ahora tan de moda aquí.

No somos tan ingenuos como para no captar el profundo contenido de clase que se encuentra concentrado los estudios de los académicos a sueldo del imperio, bien sea en los Estados Unidos, Europa o Colombia. Las tres etapas de las conversaciones se hallan traspasadas por una intención inocultable, la de dejar al llamado proceso de paz únicamente el asunto de la desmovilización y entrega de armas, sobre la base de considerar que los demás contenidos  teóricos recomendadas por los expertos ya fueron o serán definidos por fuera de la Mesa.

Así que la guerrilla se encontrará con una maraña insalvable de leyes y decretos elaborados de antemano, y que ya se ocuparon, con la exclusiva visión del poder, de los asuntos que debían discutirse en una mesa de conversaciones. La ley de víctimas y restitución de tierras fue producida con el exclusivo propósito de sacar de cualquier futura conversación el tema de los afectados por la violencia imputable al Estado u otros agentes, para que en la Mesa pudiera arrinconarse a la guerrilla con el tema de sus víctimas agigantado por una enorme campaña de prensa.

Igual podría predicarse de la restitución de tierras. Ninguno de los reclamantes inscritos o restituidos va a poder referir su condición en una Mesa de Conversaciones. Sus casos se encuentran en trámite y resultarían impertinentes, independientemente o no de que su situación halle satisfactoria solución. Esa misma pretensión se tuvo con la ley marco para la paz. La Mesa no tenía por qué ocuparse de fórmulas de justicia por cuanto la ley ya las había establecido de antemano. La justicia transicional sería el único marco de discusión admisible.

La misma inspiración animaba el proyecto de ley de tierras y desarrollo rural que terminó enredado por la cuestión de las consultas: presentar en la Mesa una serie de hechos cumplidos que significaban un ligero marco para proponer si acaso algún mínimo retoque. El tema, en todo caso, no tendría desarrollos importantes en las conversaciones por cuanto ya sus principales aristas habían sido fijadas por el legislativo con las  limitaciones impuestas por el latifundismo, el capital agroindustrial y los inversionistas externos. En esto patinaron y por eso están tan molestos.

El único aspecto que el gobierno de Juan Manuel Santos desea inscribir en los diálogos de paz es el de los presuntos crímenes de todo orden que imputa a la insurgencia. Es un hecho tan notorio que ni siquiera puede ponerse en duda. Desde su comienzo, el proceso ha estado rodeado de una gigantesca campaña de prensa que atribuye a las FARC la comisión de toda clase de ilícitos de lesa humanidad, de guerra, de desposesiones y atropellos, con la intención de constreñirnos al ciego reconocimiento de ellos, so pena de acusarnos de haber mentido y engañado al país de nuevo.

Santos pretende mostrarse ante el mundo como el hombre que generosamente extendió la mano del perdón. Si la insurgencia lo rechaza, considera que contará con la legitimidad necesaria para insistir en su aniquilamiento. Y si cayera en el juego, contaría con alguna posibilidad de reintegrarse sin banderas a la sociedad de injusticia y violencia que algún día soñó cambiar, descabezada de sus jefes y cuadros que tendrían que pagar condenas y en todo caso estarían impedidos para tomar parte en actividades políticas. Si es que no son extraditados.

Por eso calumnia y difama con la seguridad que le confiere el sentirse completamente impune. Sus discursos se encaminan a engrandecer su obra a causa de nuestra ruina política y moral, olvidando que somos sus adversarios no sólo en el campo de combate sino en una mesa de conversaciones reconocida internacionalmente. Se ampara en la tesis de que no se pactó ninguna tregua, ni siquiera en el discurso. Y amenaza con poner fin al proceso si no se producen avances satisfactorios. Satisfactorios para los de su clase, desde luego, no para los de abajo.

La parafernalia está montada para caernos encima apenas se convenzan de que no vamos a claudicar nuestras razones. Seguimos adelante pese a ello, porque sabemos que millones de colombianos abrumados por la desigualdad, la injusticia y la represión aguardan una esperanza cierta nacida de la paz. Santos los ignora y aborrece por completo, seguro de que nos hallamos solos y sin el menor respaldo en esta brega. En esto se equivoca por completo. Es mucha la gente que nos acompaña y que está dispuesta a demostrarlo. No lograrán asustarnos.



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