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martes, 30 de julio de 2013

LA RENUNCIA DEL EMBAJADOR URRUTIA Y EL ROBO DE TIERRAS EN LA ALTILLANURA

Por: Pablo Catatumbo Integrante del Secretariado Nacional de las FARC EP.

Un intenso debate nacional se ha generado desde hace algunas semanas a partir de las valientes denuncias realizadas por dos parlamentarios del Polo Democrático: Wilson Arias Castillo y Jorge Enrique Robledo en torno a la cuestión de apropiación de tierras destinadas a la reforma agraria por parte de importantes personajes de la vida económica y política del país, en connivencia con instituciones del Estado, bajo la perspectiva de la impunidad que prodiga el contar con un inmenso poder de manipulación y de corrupción en  los órganos legislativos y judiciales de nuestro país.

Resulta de la mayor relevancia en la actual coyuntura política el que se le brinde la mayor atención a los gravísimos hechos denunciados por los dos mencionados congresistas, para que estos hechos no queden en la impunidad.

La gravedad del delito denunciado, permite al menos hacer un par de reflexiones pertinentes:

La primera de ellas, que las componendas y conciliábulos que se adelantaron en pos del acceso ilegal a grandes extensiones de suelos fértiles en la Altillanura por parte de empresarios  que posan de "honestos y emprendedores", pero que en realidad son unos truhanes y dan buena cuenta de la existencia de una institucionalidad viciada y de una clase dominante que sigue comprometida con la "acumulación originaria" que le representó la violencia paramilitar y el desplazamiento masivo de millones de labriegos.

Asistimos no a un  simple "escándalo" (como lo han minimizado ciertos articulistas) sino a un hecho gravísimo de corrupción en el cual se mezclan indistintamente la corrupción descarada, la falsedad documental, la estafa, las ansias de la acumulación sin límites y el terrorismo de Estado. Un coctel explosivo cuyo único beneficiario pareciera ser el gran capital que se esconde detrás de las victorias económicas de los "emprendedores" del sector agroindustrial.

Lo que se esconde detrás de la apropiación fraudulenta y marrullera de los baldíos del Oriente colombiano, es la connivencia entre la llamada "gente de bien" y el proyecto paramilitar. Al ciclo de violencia y despojo, le sigue el ciclo de acumulación y prosperidad a gran escala.

La segunda reflexión que pretendo plantear es la siguiente. El pasado 21 de junio, las delegaciones del gobierno nacional y de las FARC-EP presentamos al país, desde el Palacio de las Convenciones de La Habana, apartes del acuerdo parcial alcanzado en la discusión de la Agenda de la Mesa de Conversaciones. Ésta fue una noticia de alcance nacional, que afianzó la confianza que los ciudadanos demócratas de Colombia tienen en que es posible y factible alcanzar una paz estable y duradera en el corto plazo. Intelectuales, líderes agrarios, periodistas y defensores de Derechos Humanos ponderaron públicamente la estatura histórica de aquel anuncio público, que augurara vientos de democratización y equidad para el campo colombiano.

Sin embargo, en el breve lapso que corre desde aquella fecha hasta hoy, el gobierno nacional y este comportamiento deshonesto de algunos líderes empresariales, se ha encargado de que serias dudas se ciernan sobre el escenario de esperanzas que habíamos logrado construir conjuntamente al lograr el mencionado acuerdo parcial.

En primer lugar, asistimos la cruenta represión en contra del movimiento campesino del Norte de Santander y sus justas reivindicaciones de una Zona de Reserva Campesina para la región del Catatumbo.

Dicho movimiento continúa resistiendo con discursos e ideas y sin fusiles a pesar de la represión del accionar de los agentes del Estado en el área. Son ya cuatro campesinos muertos, numerosos manifestantes heridos, periodistas agredidos, y un buen número de líderes de la comunidad estigmatizados y criminalizados sin sustento alguno. Todo bajo el auspicio directo de la alta oficialidad militar y de las juntas directivas de las trasnacionales que están detrás de las riquezas del Catatumbo, que constituyen el poder real en dicha región, por encima de los mandatarios locales.

Luego, se develó el corrupto entramado que protagonizan Brigard & Urrutia, Corficolombiana, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Mónica Semillas y demás adalides del mal llamado "emprendimiento agroindustrial" en el Oriente colombiano.

¿La respuesta? El tapen-tapen, la complicidad judicial, el encubrimiento de los "generadores de opinión". Incluso, afirmaciones tan obtusas como que los mencionados parlamentarios Arias y Robledo serían "cajas de resonancia" de las FARC-EP, a pesar de que ambos políticos llevan toda una vida rechazando la lucha armada.

Para cualquier observador incauto, la conclusión no puede ser otra: el gobierno manda una muy mala señal sobre lo ya acordado con el movimiento insurgente, y abre la puerta para un justificado desconcierto de nuestra parte ante su real compromiso con los eventuales acuerdos.

Frente a un estado de cosas injusto, en donde primaba la corrupción y la violencia para la acumulación de riqueza y el expolio al campesino, fue que nos alzamos en armas como FARC-EP hace ya 49 años. No se logrará una paz estable y duradera sin cambiar el escenario.

La Habana, Julio 29 de 2013.

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