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domingo, 23 de marzo de 2014

La Cumbre agraria y su pliego de peticiones


La Cumbre agraria y su pliego de peticiones

 

Si se ha dicho que la paz “es un asunto de la sociedad en su conjunto, que requiere de la participación de todos sin distinción”, la Mesa de Conversaciones de La Habana requiere que la participación de los colombianos en la misma, se amplíe escuchando a la gente con sus propias voces, propuestas y expectativas. El momento exige no desatender más a la población rural tan marginada y excluida por siempre; observar su pliego de exigencias, materializar sus derechos conculcados sin más dilaciones, porque además de justas, son necesarias sus peticiones si en verdad se piensa en el bienestar nacional y no en seguir entregando la patria y el territorio a las trasnacionales de la minería depredadora, de la explotación agroforestal y de biocombustibles o, simplemente, por decir lo menos, a la piñata de la tierra y del territorio que se ha puesto a disposición de los peores intereses del capital.

 

Es preciso repetir, que la tierra es pa´l que la trabaja y el territorio para sus hijos; de tal manera que los problemas del campo no pueden seguirse tratando entre las sombras de las cumbres de oligarcas, como es el caso del mal llamado “Pacto Agrario”, que no es más que un conciliábulo de los gobernantes con gremios que se han enriquecido con el trabajo ajeno, sin que les interese la suerte de aquellos que por décadas le han entregado su sudor al surco.

 

La realización reciente de la Cumbre Agraria y la movilización de millares de campesinos, indígenas y afro-descendientes en Bogotá, debe llamar la atención del Estado y de todo el país en función de generar el compromiso, de no escamotear el pliego unitario de esta importante parte de la población nacional que en gran medida recoge los asuntos que la Mesa de Diálogos debate cada día y que tanto requieren del concurso de la gente que se siente afectada por las actuales políticas económicas y reclama cambios que le den esperanza de paz. Muchos de los aspectos que plantean los dirigentes rurales, tocan con las salvedades del Acuerdo Parcial entre el gobierno y las FARC; lo cual indica que los planteamientos de la insurgencia no son caprichosos.

 

De manera clara nos han dicho nuestros compatriotas del campo, que el país necesita un proceso de ordenamiento territorial en el que las mismas comunidades definan cómo ha de organizarse la producción, los usos del suelo y la protección del medio ambiente, actuando dentro de la visión del territorio como abrigo, protegiéndolo, cuidándolo, como aporte a la existencia misma de las comunidades. Son múltiples las voces que insisten en la definición y respeto de las figuras colectivas de gobierno propio, que reivindiquen y fortalezcan los resguardos y territorios ancestrales, los territorios colectivos de las poblaciones afro-colombianas, las zonas de reserva campesina, las agroalimentarias y las de biodiversidad,  al igual que los territorios inter-étnicos e interculturales, dentro de un carácter de inalienabilidad y de imprescriptibilidad que le garantice a la gente del campo su escenario natural de vida para hacer futuro.

 

Es esta la ruta de paz por la que se expresan los pobladores del campo, al respecto de lo cual piden el reconocimiento constitucional, el desmonte del latifundio y garantice la tierra, su redistribución, la restitución y su formalización; pero, eso sí, incluyendo la redistribución del conjunto de los bienes comunes que se encuentran en los territorios y que hoy se ferian a las trasnacionales.

 

Está en mora el gobierno, de concretar ya el fondo de tierras para emprender la reforma rural integral; está en mora de restituir la función social de la propiedad o de rescatar y devolver para las comunidades los baldíos que han sido apropiados ilegalmente por la agroindustria y proyectos minero-energéticos. Está en mora de otorgar un reconocimiento pleno y efectivo  de los derechos históricos  de los pueblos originarios, raizales y afro-colombianos a sus territorios, y también de poner freno  a los planes y proyectos que amenazan, como ocurre con el llamado derecho de superficie, el manejo soberano que sobre su territorio les corresponde a las comunidades.

 

No debe el gobierno seguir negando el derecho a la consulta previa informada  para los campesinos y, en consecuencia, no debe negar la aplicación en su favor del Convenio 169 de la OIT.

 

Por otro lado, nulas deben declararse en beneficio de la Colombia rural todas las compras o apropiaciones fraudulentas de tierras que en diversos lugares, incluyendo la Altillanura, han hecho empresas y latifundistas violando la Ley 160 de 1994, y debe cesar la intención de desintegrar la existencia de las Unidades Agrícolas Familiares. Es imperativo que los baldíos, sean destinados exclusivamente para garantizar el derecho a la tierra a las comunidades rurales en general.

 

Llegó la hora de decirle no a la extranjerización de la tierra, de poner énfasis a la función social de la propiedad, de hacer plena restitución y resarcimiento de daños a la población desplazada, de sanear y devolver las tierras perdidas por endeudamientos, de darle realce a la mujer campesina otorgándole con mayor acento sus derechos, y de crear una institucionalidad proba y eficiente que dé vía libre al nuevo ordenamiento territorial, a la protección de nuestros recursos y a la reforma rural integral en democracia y condiciones de plena participación política.

 

Llegó la hora de escuchar a la Colombia rural, a los de ruana y de a pie en sus peticiones, y de abrir espacio, a la solución de los ingentes problemas urbanos que agobian a las mayorías.

 

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP

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