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jueves, 13 de marzo de 2014

Reflexiones entorno a la "solución al problema de las drogas ilícitas" y la necesidad de concertar una política soberana

por Delegación de Paz de las FARC-EP

Sobre el tema que ahora se discute en la Mesa de Conversaciones de La Habana, “Solución al problema de las drogas ilícitas”, las FARC-EP ya han sentado algunas posiciones que explican los contornos dentro de los cuales nos movemos a la hora del debate. Tratando de entregar desde el principio una visión global del problema, hemos presentado un conjunto de propuestas mínimas anti-drogas que poco a poco vamos derivando en iniciativas concretas...
Al respecto, presentaremos nuevas reflexiones al margen, pero que tocan con el conjunto de los demás sub-puntos; a saber: Programas de prevención del consumo y salud pública y Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos, en el entendido que este es un fenómeno de impacto internacional que no se puede analizar , de manera provincial o localista sin observar en la interrelación de sus elementos y su vínculo con los intereses del capitalismo a nivel mundial.

Lo primero que habría que hacer para hablar de solución del problema de las “drogas ilícitas”, es la definición de una política adecuada que supere los cuestionamientos de la que está vigente y depende de manera sumisa de las directrices erráticas de Washington. Definida esta política, entonces se podrán diseñar los planes y programas que se requerirían para su ejecución, desligados totalmente de la vieja política cuestionada.

Desafortunadamente tenemos una enorme dificultad en la insistencia del gobierno en proseguir dentro de la senda equivocada, según se observa en las teorizaciones y prácticas que durante varios lustros ha sostenido, ligadas a políticas de “consolidación” y a sus justificaciones que, al reconocerse como parte de la estrategia antidrogas norteamericana, develan la la realidad y perspectiva de su fracaso.

Si queremos cambiar los balances negativos cargados de muerte y v iolencia que se desprenden de las plíticas cuestionadas a nivel mundial, desde la titulación de lo que construyamos conjuntamente, deberemos indicar que la solución del problema debe ser soberana, integral, concertada y pacífica; lo cual implica que se rechaza el intervencionismo que atenta contra la libre determinación de los pueblos y se rechaza la militarización y el acento punitivo y represivo que hasta el momento se le ha dado a las iniciativas gubernamentales. Este enfoque, entrañaría una concepción en la que los planes y programas no puedan convertirse en mampara de una política contrainsurgente, que distorcione el propósito eminentemente social que debe inspirarla.

Como base de la visión con la que se enfoque la temática, de parte de las FARC-EP se parte del convencimiento muy generalizado entre los sectores más democráticos del país, en cunto a que en materia de cultivos de uso ilícito, narcotráfico y los problemas de salud pública que genera el consumo, el mal no son las plantas de las que se extraen las sustancias, o son los productos mismos, o el elemento droga de por si sólos, sino las políticas que se desarrollan para manejar este fenómeno que comporta efectos de impacto mundial.

Lo general es que tales políticas y su manejo se elaboran y se imponen, sutancialmente, desde Estados Unidos, y aunque existen otros factores que pueden influir en su diseño, impera una visión norteamericana determinante. Entonces, si estas políticas imperantes y determinates, que son diseñadas e impuestas por Estados Unidos, no son exitosas, tal como está demostrado por la comunidad científica y académica, porque no resuelven ni el grave problema del consumo y sus secuelas, ni la criminalidad que se deriva del narcogtráfico, del cual se lucra sobre todo el sector financiero, el cuestionamiento y responsabilidad principales en la permanencia del fenómeno, radica no en Colombia sino en los Estados Unidos.

En el documento titulado Estrategia Nacionl de Control de Drogas, elaborado por uno de los departamentos ejecutivos de la Presidencia de los Estados Unidos en 2013, salta un sofisma que oculta la verdad sobre los fracasos, hablando de una supuesta “Consolidación de las victorias logradas en Colombia”. En el texto se expresa que “La ayuda a Colombia está descendiendo desde los años pico del Plan Colombia”; no obstante, en 2012 el gobierno americano continúa la fumigación aérea que, según ellos, es esencial para bloquear la producción en las zonas más remotas del paun era tara den,tas de palombia”importanbte a "minuido en un 60 % en la anzre erar los fracasos del prohibicionismo que Esatdoís. Y explican que la presión constante contra la producción de cultivos ilegales de coca, ha presentado un agudo descenso en el total de cocaina producida en Colombia en la última década, coincidiendo con un descenso en la tasa de cocaina en uso en Estados Unidos. Luego agregan, como si se tratara de una proeza, que Colombia está exportando su experiencia exitosa a paises amigos: en 2012, 1985 extranjeros fueron entrenados por la Policía Nacional de Colombia, de los cuales 1476 eran oficiales de policía de otros paises. El Plan Nacional de Consolidación apoyado por estados Unidos, está logrando llegar a partes del país sin presencia del Estado. La revitalización de Colombia se refleja en crecimiento económico, inversión extranjera directa y en la reemergencia como centro de arte y cultura. (Ver informe de National Drug Control Strategy 2013).

Podemos observar en estas breves referencias, que la intervención de Esatdos Unidos en este campo es plena, reconocida y de “exportación”, con la circunstancia de que navega entre falsedades que han sido señaladas con precisión por los expertos. Podemos decir, que al respecto abundan los estudios y recomendaciones para superar los fracasos de las políticas prohibicionistas y de represión, pero con el infortunio de que son desatendidas por quienes las aplican, sin que de ello escapen las autoridades colombianas.

A propósito, el investigador Ricardo Vargas señala en el Informe sobre políticas de drogas No. 4 (septiembre de 2013), del Transnational Institute que“Una de las mayores dificultades para la previsión de escenarios es la mala calidad de los diagnósticos sobre el estado actual de la economía ilegal de las drogas en Colombia. Cálculos como los que establece el Departamento de Estado de Estados Unidos, sobre producción de cocaína en 195 toneladas anuales con promedios de rendimientos de 2,35 kilos por cada hectárea de hoja de coca, ratifican la impresionante debilidad de las metodologías usadas. La Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés), calcula promedios de 6,4 kilos de rendimiento por hectárea para 2012, lo que dice bastante sobre el caos de los referentes empíricos para confirmar los resultados”. Sobre esto, el profesor Vargas explica que “La excesiva ideologización de Washington, cuyo interés está más en mostrar a Colombia como un caso exitoso para promover acuerdos bilaterales que repliquen su estrategia hemisférica de seguridad, termina por afectar seriamente el estado de la cuestión en materia de drogas”. (Ver Ricardo Vargas M. Transnational Institute. Informe sobre políticas de drogas No . 41, de septiembre de 2013. Las drogas como economía de guerra y el proceso de paz en Colombia: dilemas y desafíos, pág. 7).

Sobre este mismo asunto, el analista Juan Carlos Hidalgo enEl fracaso de la guerra contra las drogas (2010), explica que a la hora de evaluar la guerra contra las drogas, cuando se interroga sobre si las vidas perdidas, el dinero, la violencia, la erosión enorme de las libertades civiles han dado frutos, la respuesta es negativa y, entonces se grafica el diagnóstico citando el Informe “evaluación nacional sobre la amenaza de la droga”, elaborado por el mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos que dice que “en general ha aumentado la disponibilidad de drogas ilícitas”. Este analista agrega que “los números no mienten. En el 2007 –último año para el cual hay datos disponibles-, el precio al detalle de un kilogramo de cocaína en las calles era el más bajo jamás registrado; era un 22% inferior al registrado en 1999, año en que se lanzó el Plan Colombia con el objetivo de detener la producción de cocaína en el país sudamericano”.

Juan Carlos Hidalgo precisa en que si bien el terreno sembrado con coca en Colombia ha disminuido en un 60 % en la última década, los avances tecnológicos en la producción de cocaína han facilitado un aumento de la productividad. El rendimiento por hectárea sembrada ha aumentado en casi dos tercios desde el 2000, como reportara recientementeThe Economist. Así pues, hay menos área sembrada con coca, pero la cantidad de cocaína producida sigue siendo la misma”. (Ver Juan Carlos Hidalgo en El fracaso de la guerra contra las drogas. www.ilistracionliberal.com).

Ricardo Vargas también, al hablar de la previsión de escenarios en materia de drogas, nos recuerda que Colombia no siempre ha sido un productor importante de hoja de coca: “Hacia finales de los años setenta, nos dice, durante los ochenta y los primeros años de la década de los noventa, Colombia importaba y procesaba pasta básica de cocaína (PBC) del Perú y Bolivia, para luego exportar el producto final hacia EE.UU. y Europa”. Esta precisión la hace para indicarnos que “establecer cálculos dogmáticos del potencial productivo de la cocaína para un país, en este caso Colombia, a partir solo de su producción local de hoja de coca es errático. Hoy el denominado éxito colombiano sigue esta apreciación sin auscultar la posibilidad de un retorno a las importaciones de PBC. De hecho el auge de las siembras de hoja de coca en la baja amazonia peruana e incluso en Loreto, están relacionadas con mercados de PBC que involucran la frontera colombiana. Esto para dar un solo ejemplo”.

Adentrandonos un poco más en los criterios de quienes se han dedicado a estudiar el fenómeno en cuestión, nos encontramos con que La Comisión Global de Políticas de drogas de junio de 2011, en su informe ejecutivo, entre los principios y recomendaciones que fija, nos dice que “Las políticas de drogas deben basarse en sólida evidencia empírica y cienífica. La principal medida de éxito debería ser la reducción de daños a la salud, la seguridad y el bienestar de los individuos y de la sociedad”, (primer principio).

En el segundo principio indica que “Las políticas de drogas deben basarse en los principios de derechos humanos y salud pública. Deberíamos terminar con la estigmatización y la marginalización de las personas que usan ciertas drogas y de aquellos que están involucrados en los niveles más bajos del cultivo, la producción y la distribución, y tratar a las personas dependientes de drogas como pacientes, no como delincuentes”; pero la Política Antidrogas del Estado colombiano yerra en la medida en que su perfil prohibicionista, punitivo y militarista, que deriva de la Política Antidrogas estadounidense, marcha sobre una línea que centra sus preocupaciones en el desenvolvimiento de la guerra contrainsurgente, más que en resolver el asunto como problema social.

Cuando la mencionada Comisión Globalllamó a actuar con urgencia para resolver la derrota, sentenció enfáticamente que “puesto que la guerra a las drogas ha fracasado, se necesita cambiar las políticas ya”, no insistir en ellas, como parece ser que es la tendencia de cada gobierno de turno en nuestro país, como si no se comprendiera quelas evidencias que se muestran por todas partes en cuanto a que las actuales políticas y estrategias no están siendo exitosas en ningún plano, comenzando por la subyacente lucha contrainsurgente, en la medida en que mientras no se resuelvan las causas también de orden social y político que iniciaron y mantienen la confrontación, ésta no cesará, y por el contrario aumentará el desangre patrio propio de la guerra, y en el plano del problema que tratamos continuarán los encarcelamientos innecesarios, el aumento de la dependencia a las drogas, el detrimento de la asistencia social y de los servicios de salud, o el maltrato de nuestra soberanía nacional, entre otros muchos males.


La denominada guerra global a las drogas ha fracasado

 

SOBRE LA POLÍTICA VIGENTE, que es de donde se derivan los planes que están en marcha para actuar contra el fenómeno de las drogas, los investigadores han sido reiterativos en señalar que en la última década ha ganado audiencia la polémica sobre la falta de efectividad. Por ejemplo, la síntesis que el profesor Sergio de Zubiría hace en un escrito titulado La política sobre drogas: laberinto y desafíos, publicado en la revista Izquierda Número 40 de diciembre de 2013, nos recuerda que desde la iniciativa de abril de 2008 de los ex presidentes latinoamericanos Zedillo (México), Cardozo (Brasil) y Gaviria (Colombia)– se habla sobre la urgencia de un replanteamiento de esa política. Nos dice Sergio de Zubiría, que el Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas 2011, cuya representatividad contaba además de estos ex presidentes, con personalidades como Kofi Annan (ex Secretario General de la ONU), Louise Arbour (ex Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), George Shultz (ex Secretario de Estado de USA), Carlos Fuentes (escritor e intelectual) y George Papandreou (Primer Ministro de Grecia), entre muchos otros, se concluye en un llamado de atención a la humanidad: la denominada “guerra global a las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo. Cincuenta años después de la Convención Única de Estupefacientes, y cuarenta años después que el presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas del gobierno norteamericano, se necesitan urgentes reformas fundamentales en las políticas de control de drogas nacionales y mundiales”.

El profesor Sergio de Zubiría, recogiendo argumentos de Naciones Unidas y otros organismos internacionales, esboza algunos indicadores del fracaso de la “guerra contra las drogas”:

  1. A pesar de las medidas represivas, la producción sigue en aumento, al igual que el consumo.
  2. Otra evidencia del fracaso es la capacidad de regeneración inmediata de las fuentes de producción y traficantes.
  3. Considerar a los consumidores como criminales impide que se generen políticas públicas claras en pro de la salud de los ciudadanos.
  4. Los esfuerzos han estado tan encaminados a la represión y la persecución que no se han invertido en iniciativas de prevención y educación, que serían sin duda más efectivas en la reducción de la demanda.

 El profesor Sergio de Zubiría complementa esta visión diciendo que para salir del laberinto se debe apuntar a la construcción de otros caminos y no a la insistencia en la vía que ha refrendado su fracaso una y otra vez. Y dentro de ese camino retoma los principios y recomendaciones de la Comisión Global de Políticas de Drogas, conceptuando que son contundentes y pueden iluminar las alternativas:

a) Terminar con la criminalización, marginalización y estigmatización de las personas que usan drogas pero no hacen ningún daño a otros; desafiando los conceptos erróneos acerca de los mercados de las drogas, el uso y la dependencia de drogas.

b) Alentar a los gobiernos a que experimenten con modelos de regulación legal de las drogas a fin de socavar el poder del crimen organizado y para salvaguardar la salud y seguridad de los ciudadanos; esta recomendación se aplica especialmente al cannabis, pero también debemos intentar otros ensayos de descriminalización y regulación legal.

c) Ofrecer servicios de salud y tratamiento a quienes lo necesiten, asegurando una variedad de tratamientos acordes con la especificidad del caso.

d) Respetar los derechos humanos de las personas que usan drogas y abolir prácticas abusivas llevadas a cabo en nombre del tratamiento y que violan los derechos fundamentales.

e) Ofrecer la atención a las personas involucradas en los segmentos inferiores de los mercados ilegales de drogas, tales como campesinos, correos y pequeños vendedores; muchos de ellos han sido víctimas de la violencia o la intimidación, o son dependientes de drogas.

f) Focalizar las acciones represivas en las organizaciones criminales violentas, pero hacerlo para socavar su poder y su alcance, mientras se da prioridad a la reducción de la violencia y la intimidación.

g) Invertir en actividades que puedan prevenir en primer lugar que las personas jóvenes usen drogas y a la vez prevenir que los que las usan desarrollen problemas más serios, evitando mensajes simplistas al estilo “sólo di que no” o “tolerancia cero”. En lugar de ello, priorizar esfuerzos educativos asentados en información creíble y programas preventivos.

h) Iniciar pronto con la transformación del régimen mundial de prohibición de drogas, reemplazando las políticas y estrategias orientadas por la ideología y la conveniencia política hacia políticas responsables y estrategias basadas en la ciencia, la salud y los derechos humanos. Asegurar que las convenciones internacionales sean revisadas para adaptarlas a unas políticas que prioricen la reducción de daños, la descriminalización y las políticas de regulación legal.

PODRÍAMOS AFIRMAR QUE LA PROBLEMÁTICA del narcotráfico y el uso de drogas en el mundo, entonces, no ha tenido el tratamiento adecuado para su solución. Para el caso colombiano, el problema tiene su fuente de existencia en los Estados Unidos, principalmente, porque de allí surgen las políticas equivocadas, allí está el mayor centro de consumo, ellí están los mayores proveedores de insumos para la narcoproducción, allí están los suministradores principales de las armas que acompañan el negocio, allí se encuentran los mayores distribuidores o vendedores de las drogas ilegales, allí residen y actúan los mayores responsables y beneficiarios del lavado de dineros, y, reiteramos, desde allí se definen las politicas antidrogas y el manejo de ellas.

En Colombia, para el caso de los campesinos y familias de comunidades rurales en general que están involucrados en tal cadena, esos son solamente parte de uno de los eslabones más débiles, que al mismo tiempo y al lado de los consumidores son víctimas del fenómeno. Por ello es incorrecto e inconveniente que sobre sus hombros recaiga el peso de la represió. Urgen modelos intermedios y de regularización como alternativa de solución.

EN OCTUBRE DE 2013, el académico Rodrigo Uprimny, refiriéndose a declaraciones de la canciller María Ángela Holguín, decía que era muy importante la idea de que Colombia lleve a nivel mundial la discusión sobre la política frente a las drogas, incluso al Consejo de Seguridad de la ONU. Decía Uprimny, mostrando como positivo el criterio de la canciller que, efectivamente, “no tiene sentido que mientras ciertos paises desarrollados despenalizan y legalizan ciertos consumos nosotros sigamos metiendo a la cárcel al campesino que tiene media hectárea de coca”. El académico hallaba razón en que la canciller destacara esta contradicicón, pero indicando que este planteamiento que se asemejaba al que el presidente Santos hizo en México, era insuficiente e incluso podría convertirse en un boomerang. “Si el problema es únicamente que existe una contradicción entre el hecho de que en Colombia sigamos estrategias punitivas frente a la producción y distribución de sustancias psicoactivas, mientras que en ciertos países europeos o en ciertas partes de Estados Unidos avanza la despenalizaión del consumo, entonces la solución puede tomar dos formas radicalmente opuestas: puede uno defender la penalización del consumo o, por el contrario, avanzar hacia la legalización y la regularización de la producción y la distribución”.

En sus investigaciones y análisis de muchos años, el profesor Uprimny, al reflexionar sobre los costos y beneficios de la llamada “guerra a las drogas” que ha seguido el Estado colombiano, indica que una eventual reducción de la oferta y el consumo a partir de las políticas y prácticas que se derivan de dicho modelo son mínimos, con costos muy elevados que se traducen en el incremento de una economía ilegal que provoca violencia y corrupción, la expansión de una cultura mafiosa, restricción de libertades, sobrecarga del aparato judicial y una paradoja sanitaria.

AL ESTABLECER CUADROS COMPARATIVOS entre diversos modelos de tratamiento del problema de las drogas ilícitas, señala que para los casos del prohibicionismo y de la liberalización, es evidente el fracaso estructural de sus políticas, de manera tal que las alternativas de solución las ubica en modelos intermedios y de regularización. La alternativa incluye encabezar la discusión sobre el prohibicionismo en los escenarios internacionales, buscando reformulaciones inmediatas que construyan un enfoque de derechos humanos. Esto, no solo por razones éticas, de dignidad humana, sino también porque es deseable políticamente para armonizar obligaciones del Estado y flexibilizar el marco internacional, aparte de que es una obligación jurídica frente a la Carta de Naciones Unidas.

Dentro de esta formulación tienen primacía los deberes estatales en el campo de los derechos humanos; los usuarios de drogas deben ser vistos como titulares de tales derechos y no como delincuentes ni enfermos y las políticas se deben basar en evidencia y con criterios de derechos humanos y no sólo observando la reducción de oferta y de consumo.

De este tipo de observaciones fundadas en estudios de orden científico, es que se desprenden recomendaciones que hoy tienen el mayor peso en la comunidad académica mundial, como la despenalización del consumo, la reducción de los excesos punitivos, la diferenciación de conductas acordes al principio de proporcionalidad, el garantismo procesal, la experimentación con mercados regulados, etc. y otras que directamente tocan con medidas de moratoria en la fumigación y erradicación forzada, respecto a las cuales hay que propiciar ofertas alternativas, sin perder de vista la relación que existe entre contextos sociales y políticos, y las particularidades del nacrotráfico en Colombia, donde la miseria empuja a inmensas masas populares a vincularse a las economías ilegales.

AHORA EL GOBIERNO SUGIERE en sus desarrollos discursivos frente a la prensa, una “sustitución” de cultivos de uso ilícito, aparentemente ligada a lo que podría ser el desenvolvimiento de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en el formato que se ha publicado dentro de los informes conjuntos referidos a los Acuerdos Parciales de la Habana. Pero el quid del asunto, está en que en la práctica los planes antidrogas son principalmente de erradicación forzada y asperciones; es decir, que se sigue bajo un planteamiento que se ubica dentro de los parámetros de las políticas antidrogas diseñadas por Estados Unidos, cuyos fundamentos causan las dinámicas prohibicionistas, punitivas y militaristas equivocadas que hoy se cuestionan desde los sectores más experimentados que abogan por la solución del asunto en condiciones de soberanía y justicia social.


Unidad Administrativa de Consolidación Territorial. (Enfoque e inversión equivocados)

En la práctica los planes antidrogas se siguían desenvolviendo bajo un planteamiento que se ubica dentro de los parámetros de las políticas antidrogas diseñadas por Estados Unidos, cuyos fundamentos causan las dinámicas prohibicionistas, punitivas y militaristas equivocadas que hoy se cuestionan desde los sectores más experimentados que abogan por la solución del asunto en condiciones de soberanía y justicia social. Pero, en el caso colombiano, ¿de qué cuestionamientos hablamos más en específico? En síntesis, y con algunos ejemplos concretos lo siguiente:

  1. Existe un error en orientar el problema colocando énfasis en la represión y no en la prevención y la educación.
  2. Se trata de una política cuyos presupuestos no son suficientes para afrontar el problema en toda su dimención, considerando que entre lo fundamental debe estar el propósito de resolver los problemas sociales que empujan a la gente pobre a vincularse a este tipo de economía ilegal.
  3. Si analizamos cómo se hacen los gastos observaremos que entre 1995 y 2010 Colombia, según Planeación Nacional, gastó en la lucha antidrogas cerca de 20 billones de pesos, de los cuales en 2010 se ejecutaron 1,9 billones, cifra que es marginal respecto a los 15 mil cien millones de dólares solicitados por Estados Unidos para su lucha antidrogas en este año. Por otro lado todo esto es fútil frente a los 500 a 800 mil millones de dólares que anualmente mueve el mercado de drogas en el mundo.
  4. Colombia, según datos de Planeación Nacional, en 2010 gastó el presupuesto así: el 64% (1.2 billones de pesos) se invirtió en lo que llamaron “reducción de la oferta de drogas ilícitas”. De esto, 748431 millones de pesos fueron destinados al rubro “otros”, sin que se especifique de ninguna manera un monto de 418900 millones de pesos. De lo especificado, en su mayoría se van en apoyo aéreo, gastos de nómina, armamento y munición.
  5. Por otro lado, mil millones se destinaron para los llamados “gastos reservados” y 4716 millones en gastos de dotación. De esos mismo 1.2 billones, 184811 millones se van en control del tráfico y distribución de drogas ilícitas, 123311 en identificación y erradiciación de cultivos ilícitos, de los cuales 88361 son también gastos sin especificar. En misiones de verificaicón para los programas de asperción y erradicación se van 14267 millones. En identificación y aspersión de cultivos ilícitos se van 19214 millones. En destrucción de infraestructura de producción de drogas ilícitas se van 49975. Para operaciones de seguridad en erradicación manual, 34950 millones. Hay otros rubros menores.
  6. En 2010, solamente se destinaron 0.1 billones de pesos (106182 millones de pesos) para el desarrollo alternativo, lo cual corresponde al 5.5 % de un total de 1.9 billones que se habían destinado a la lucha antidrogas. De estos, 80000 millones de pesos se destinan a familias guardabosques y 23000 trecientos millones a proyectos productivos. Se gastaron 2796 millones en otros, sin especificar su destino.
  7. Existe otro rubrorubro destinado a “fortalecimiento jurídico e institucional” (25.7 %), con un monto de 492727 millones de pesos: sistemas de información 3540 millones, adecuación institucional 8295 millones y capacitación de operadores institucionales en la lucha contra las drogas 1832 millones. El resto, 479059, en “otros”.
  8. En el rubro reducción del consumo se invirtieron 78377 millones (4.1%) y 5021 millones de pesos (0.3 %), correspondieron a gestión ambiental. En política internacional del problema de las drogas, se invirtieron 3.525 millones (0.2 %).

Esta manera de abordar el problema, tratando marginalmente la inversión social y la prevención, reiteramos, tiene todas las características de una derivación de esas políticas estadounidences inadecuadas, inconvenientes e inútiles, cuya secuencia presenta solamente algunos planos admisibles en lo que concierne directamente a recomendaciones de la UNODC en el campo de la superación del prohibicionismo. Desafortunadamente, el trasfondo camuflado es la contrainsurgencia.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC-, apoya al gobierno de Colombia en la gestión de la política pública encaminada a la reducción y eliminación de los cultivos ilícitos retomando los fundamentos de las convenciones internacionales suscritas y de los planes nacionales relevantes para enfrentar el problema de las drogas ilícitas, lo cual podemos decir que está dentro de lo admisible en el camino de la superación del prohibicionismo. Con tal propósito suscribió un convenio con la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial - UACT -, adscrita al Departamento para la Prosperidad Social -DPS-, y es aquí donde se le abre camino a una política que poco o ningún interés cierto tiene en coadyuvar a resolver los problemas sociales de las comunidades rurales vinculadas a la economía de los cultivos de uso ilícito.

El convenio con con UNODC, tiene la misión de dar apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral y sostenible de reducción de cultivos ilícitos y promoción del desarrollo alternativo en Colombia, para la “consolidación territorial”, pero con el inconveniente de que el gobierno colombiano bajo esta última categoría, la de “consolidación territorial”, lo ha ligado plenamente a sus políticas constrainsurgentes.

En la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial se encuentra la Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos (DPCI), que produjo el Nuevo Enfoque de lo Programas Contra Cultivos Ilícitos (PCI), versión 1 de 2012. Se plantea dentro de este enfoque, con soterrado lenguaje punitivo y guerrerista, que su gran desafío en las políticas públicas, es la consolidación de presencia efectiva de las instituciones del Estado (léase presencia militarista), en los territorios de mayor incidencia histórica de las organizaciones armadas ilegales, los cultivos ilícitos y las bandas criminales al servicio del narcotráfico, que son las principales amenazas –dicen-, a la seguridad nacional y ciudadana, y han impedido que Colombia alcance su potencial de crecimiento y prosperidad.

Intencionalmente se mezcla a la insurgencia con bandas criminales y se le sugiere como sujeto de un negocio del que se oculta a sus fundamentales protagonistas que se encuentran en el sector financiero de la economía, lucrándose al máximo a costa de sectores humildes que sobreviven en la miseria agoviados por la persecusión y la represión.

Como nos ha recomendado el profesor Sergio de Zubiría, “es necesario que la discusión sobre la política antidrogas pueda desarrollarse en una lógica de diálogo libre de ideologías sesgadas y de visiones moralistas o dogmáticas. En medio del respeto por la diversidad de perspectivas y de experiencias, el diálogo requiere romper ciertos tabúes arraigados en las posturas ante el tema de las drogas y prestar mayor atención a la evidencia científica y a las cifras que han arrojado los estudios sobre la materia”. (Sergio de Zubiría Samper, La política sobre drogas: laberinto y desafíos. Revista Izquierda Número 40, pág. 13. Diciembre de 2013).

Debemos concluir, entonces, que lo primero que se requiere para avanzar en un acuerdo sobre Solución al problema de las drogas ilícitas, en la Mesa de la Habana, en consonancia con un rotundo cambio de las políticas ordenadas por Washington, es desvincular los planes que se deriven de las conversaciones de paz, de los propósitos de guerra imperiales y locales de la llamada consolidación territorial que a sangre y fuego impulsa el Estado colombiano bajo las órdenes e intervencionismo de los Estados Unidos. Y se deberá tener en cuenta que ninguna solución estructural puede limitarse a la sola “sustitución de cultivos”, mucho menos a la erradicación forzada. El marco debe estar definido por concepciones profundas de desarrollo rural alternativo, lo cual nos remite a retomar discusiones pendientes sobre la eliminación del latifundio, la definición de un fondo de tierras, los límites a la extranjerización, la formalización, los créditos, la seguridad social para los campesinos y pobladores rurales en general, que les brinde una vida digna, como una de las necesarias bases que hagan posible la paz con justicia social.


El carácter contrainsurgente de la política contra las Drogas Ilícitas

Según lo dicho por el presidente Santos el 19 de enero de 2013 en Padilla-Cauca, “la Consolidación contribuye con la construcción de paz y la presencia del Estado en zonas recuperadas por la acción militar”. A esto contribuye la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial que está en plena coordinación con UNODC y con la USAID (reconocido instrumento de la CIA). De aquí deriva también el surgimiento de las “Familias Guardabosques”, estableciéndoseles con proyectos de bajo costo que no resuelven los problemas sociales fundamentales, pero sí concreta compromisos de diversa índole en el plano de la contrainsurgencia, lo cual hay que corregir para que los planes tomen carácter verdaderamente social.

Valga precisar que la Consolidación Territorial tiene alcances que se apoyan en fuentes conceptuales y programáticas que están definidas en el libro Balance de la Política Nacional de Consolidación Territorial, de septiembre de 2011, publicado por la Fundación ideas para la paz, cuya esencia devela un carácter militarista, de guerra, de las mismas, al cual habría que buscarles alternativas inmediatas si verdaderamente queremos andar un camino expedito para concretar un acuerdo final que sirva de base para edificar la paz estable y duradera.

Miraremos los componentes que se identifican como fuentes, para entender mejor el trasfondo contrainsurgente global e inconveniente que habría que superar, para adelantar una nueva política antinarcóticos que permita lograr resultados benéficos para la paz de la nación. Esos componentes son: el componente contrainsurgente propiamente dicho, el componente antinarcóticos y el componente de desarrollo regional y social, todos indisolublemente relacionados. Veamos ahora los componentes contrainsurgente y antinarcóticos.

Sobre el componente contrainsurgente (COIN) y el componente antinarcóticos.

El componente Contrainsurgente (COIN) fue desarrollado durante el siglo XX por los teóricos militares de los principales ejércitos occidentales (británico, estadounidense y francés). Su objetivo es “regular el comportamiento político-militar de un poder estatal que enfrenta un conflicto asimétrico dentro de su territorio, en sus dominios coloniales o en terceros países susceptibles de caer bajo la órbita de influencia de una potencia enemiga (guerra fría)”. (Ver Balance de la política Nacional de Consolidación Territorial 2011, Fundación Ideas para la Paz, página 6).

Al respecto, recordemos que la denominada “Política de Seguridad Democrática”, fue puesta en marcha en el año 2002 por Álvaro Uribe Vélez, siendo Presidente de la República, bajo fundamentos contrainsurgentes inspirados en este tipo de componentes.

Se dice que sus impactos en seguridad fueron “eficientes” y que luego vino su decrecimiento. El protagonismo fue de las Fuerzas Militares y de Policía más que de fuerzas o entidades civiles, y el fortalecimiento de estas, cuando se produjo, fue en función de aquellas. La crisis humanitaria que generó es inocultable.

Podemos, entonces, expresar con certeza que en la Colombia actual los principios estratégicos de desarrollo siguen supeditados a lineamientos contrainsurgentes concebidos por potencias coloniales. Tienen un peso específico las políticas estadounidenses, pero juegan un papel muy importante las concepciones sobre todo británicas.

Lo importante en estas concepciones, es asegurar el “imperio de la Ley”, la llamada “cultura de la legalidad”, que aunque se defina “inocentemente” como un conjunto de valores, percepciones y actitudes que la persona debe tener hacia las leyes y las instituciones que rigen, cuando esas instituciones han tenido un historial antidemocrático cruzado por la exclusión, la corrupción y la aplicación del terror, no producen ninguna confianza; de tal manera que para el caso de nuestro país, “la cultura de la legalidad” se traduce en otra forma de sumisión y conformismo, que debe conducir a aceptar las leyes, no cuestionar sus sesgo de clase, su carácter de factor de control impuesto por el bloque de poder dominante, que sostiene un orden social injusto respecto al cual la mayoría de la población no cuenta con oportunidades o condiciones básicas de existencia.

Algunas veces se expresa que la permanencia de las llamadas economías ilegales que se asocian a los cultivos de uso ilícito, generan alteración negativa sobre los valores y la convivencia de las comunidades, y que la mejor manera de crear ciudadanía es mediante una “cultura de la legalidad”, la cual se explica como la renuncia a cualquier tipo de vinculación con economías ilegales, perdiendo de vista que estas hacen parte de un fenómeno más amplio de miseria que requiere transformaciones estructurales para que puedan tener el entorno que permita su real superación. De tal manera que, antes que hablar de una cultura de la legalidad como instrumento de los procedimientos tácticos de contrainsurgencia, que apuntan no al interés de resolver los problemas sociales de las masas campesinas, sino a su cooptación utilitarista en el plano de la guerra, en el sentido de evitar un supuesto incremento de capital humano para las fuerzas insurgentes, la perspectiva debería trazarse en el rumbo de concertar normativas de convivencia cuya legitimidad surja de la concertación, del hecho de que sean acordadas o consensuadas, participativamente entre los integrantes de las comunidades que se desean vincular al proceso de construcción de la paz.

Operaría dentro de esta concepción, una visión en la cual las comunidades participan activamente en la construcción del nuevo orden en libertad y no mediante la acción de la represión, la estigmatización o la criminalización. Un Plan de sustitución, entonces, no debe darse como imposición, su legitimidad dependerá de la concertación y la participación que se les dé a las comunidades. De ahí que no es descabellado decir que tiene más legitimidad hoy la cultura de la ilegalidad que cuestiona el gobierno, que la cultura de la legalidad que exige el respeto a normas que han excluido y atropellado al campesino durante décadas; es decir, normas que en gran medida son criminales e ilegítimas.

En el texto que comentamos, publicado por la Fundación Ideas para la Paz, al referirse al componente antinarcóticos de la Política de Consolidación Territorial del gobierno Santos, de fondo a superficie está evidenciado que la política antinarcóticos es ese componente, interactuando y haciéndose una misma cosa con el componente contrainsurgente.

“La estrategia antinarcóticos, dice la FIP, analizando la estrategia gubernamental, deberá diseñarse de manera que no disminuya el capital político del Estado; lo que equivale al incremento del capital para las fuerzas insurgentes. Para esto es necesario promover la seguridad, combatir a los grupos armados, construir instituciones estatales, promover condiciones para el desarrollo económico y afincar una cultura de la legalidad”. Esta formulación establecería lo que consideran una “relación de suma cero”, que implica que “todo incremento en el capital político del Estado lo pierde la insurgencia y viceversa” (ibídem, pág. 9).

En la visión del Estado, esto hace parte de la estrategia de guerra para mantener el dominio del poder, de sus prebendas, de sus privilegios, quitando el obstáculo insurgencia; y por ello se habla de lograr la cooperación entre civiles y militares para ganar la confrontación: “la paz es la victoria” diría algún alto representante de esta política, formulando una doctrina que guíe en el campo de batalla; en esencia la doctrina COIN (Contra Insurgentes) derivada de las concepciones elaboradas por las potencias coloniales a las que se subordinan, apoyándose en la acción militar desbocada, pero maquillándola con la “guerra contra las drogas”, que de manera nodal juega con los mismos objetivos procedimentales contrainsurgentes (ganar las mentes y los corazones de la población), precisando que las estrategias centradas en la población, no son necesariamente amigables con esta.

La guerra contra las drogas en Colombia, a lo que menos le apunta es a lograr la erradicación, o la sustitución de los cultivos de uso ilícito; en esencia es guerra contrainsurgente lo que se desenvuelve como otro procedimiento para “quitarle el agua al pez”, derrotar a las guerrillas y así lograr el dominio territorial que permita a las trasnacionales el saqueo de los recursos naturales.

Dice la FIP que “el único factor sobre el cual ejerce pleno control el Estado o un programa estatal determinado es el de las políticas que aplica para enfrentar el problema simultáneo de mercado ilícito y presencia de insurgentes”, y complementa citando a la investigadora del Brookin Institution, Vanda Felbab-Brown, cuando plantea que “el dilema de un gobierno frente a la erradicación de cultivos ilícitos en áreas de violencia política o insurgente se expresa en las siguientes alternativas de acción: a) Se erradica frontalmente con el ánimo de buscar la bancarrota financiera y por ende militar de los grupos subversivos o criminales, y con ello se enfrenta el desapego de la población campesina cultivadora; o, b) Se construyen vínculos entre las fuerzas contrainsurgentes del Estado y la comunidad y se fortalecen e incrementan los flujos de información e inteligencia provenientes de la comunidad para atacar a los grupos insurgentes; en esta forma se debilita el capital político de los insurgentes, pero es posible que se deba renunciar a una erradicación previa y absoluta de los cultivos ilícitos”. (Ibídem, pág. 25).

En la práctica, esta es la manera de pensar de quienes rigen las políticas antidrogas en Colombia, pues aunque los análisis de costo/beneficio que han elaborado los estudiosos del tema, como es el caso de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, citado por la FIP, indican que la “interdicción de los procesos del narcotráfico (desarticulación de laboratorios y cristalizaderos así como las rutas de circulación de las drogas) es más costosa que la erradicación de cultivos ilícitos, los objetivos de las políticas se orientan hacia esta, no tomando en cuenta siquiera que en aquel eslabón de la cadena del narcotráfico, la capacidad de las organizaciones para neutralizar los efectos de las políticas son menores que la de los cultivadores” (Ibídem, pág. 6). Agreguemos que es en los laboratorios, cristalizaderos y rutas, y no entre los cultivadores, donde se quedan las ganancias del negocio. Pero como el objetivo de fondo es el contrainsurgente, este último detalle es lo de menos.

Lo particular es que, luego de muchos años de prácticas contrainsurgentes disfrazadas de lucha antinarcóticos, como ocurrió con el desenvolvimiento del Plan Colombia, aunque el régimen tiene claridad de que la insurgencia no está compuesta por organizaciones narcotraficantes y que la lucha contra el narcotráfico no es lo que la va a desarticular, se persiste en el desarrollo de las políticas antinarcóticos con propósitos contrainsurgentes. Esto vendría a ser lo paradójico de la Política: la persistencia de la COIN entre sus componentes fundamentales.

Al respecto la FIP señala que “los teóricos de dicha doctrina (la COIN), conciben la insurgencia como un problema eminentemente político”, y agrega que “de sobra conocidos son los esfuerzos que hizo el gobierno de Álvaro Uribe por quitarle a la guerrilla el carácter de actor político, soslayando la manifiesta contradicción de que la estrategia fundamental de su gobierno para enfrentarla se fundamentaba en el presupuesto de la naturaleza política de la subversión”. (Ibídem, pág. 6).

Está claro que el Estado, más allá de la propaganda sucia contrainsurgente en la que incluye sus descalificaciones que etiquetan a la insurgencia como narco-guerrilla, sabe de su naturaleza eminentemente política, y de este presupuesto y del juicio de que la autoridad política es la que determina el objetivo estratégico de la política, y por ende los objetivos militares se subordinan a esta. Es de aquí de donde deriva la máxima de que ganando las mentes y los corazones de los ciudadanos, logrará la derrota militar del enemigo insurgente. Se trata entonces de quitarle el agua (pueblo) al pez (insurgencia), ya sea atemorizando, aniquilando o desplazando; o ya sea “ganando mentes y corazones” de las comunidades, que por las mismas razones de índole social que las mantienen en la miseria y el abandono, han estado bajo el influjo de las guerrillas.

La Política Nacional de Consolidación Territorial, se perfila así como iniciativa contrainsurgente. No es la primera en la historia de Colombia, pero si tiene la particularidad de estar ligada a la lucha antinarcóticos, y cuenta con una estrategia de seguridad que pretende establecer un fuerte vínculo entre fuerza pública e institucionalidad civil del Estado, subordinando esta a aquella. Los recursos que se deben destinar a la planificación y ejecución de una efectiva política antidrogas se destinan a la acción contrainsurgente militarista, incrementando la violencia y el desangre patrio, de tal manera que para el caso colombiano, más que el narcotráfico, son las políticas equivocadas que generan miseria y mantienen el descontento social y el alzamiento armado, y las políticas fracasadas de la guerra contra el narcotráfico las que producen el recrudecimiento de la violencia.

A través de muchos medios se ha hablado del debilitamiento de las FARC-EP y de la insurgencia en general; de manera especial se ha hablado del debilitamiento de las FARC en la Macarena, ligando el supuesto fenómeno, mediante la propaganda sucia que nos estigmatiza como narcotraficantes, al asunto de la erradicación de cultivos. Pero la misma FIP indica que “resulta entonces claro que el debilitamiento de las FARC en la región de La Macarena, no es el resultado de la erradicación de cultivos, que produce escasez de ingresos financieros, que conlleva al debilitamiento militar, según la versión convencional del enfoque contrainsurgente” (ibídem, pág. 26). Esta afirmación es cierta en lo que corresponde al deslinde que hace del fortalecimiento, el sostenimiento o el debilitamiento de las FARC de una dependencia económica respecto al narcotráfico. Pero, aparte, habría que analizar la realidad de la presencia de las FARC en extensas áreas como Cundinamarca, Casanare, Boyacá, Guaviare y Meta que es el departamento donde se encuentra La Macarena. Se dice que han sido desplazadas sus principales estructuras, sin tomar muy en cuenta que en la aplicación de la táctica de la guerra de guerrillas prima la movilidad. Esto lo decimos, también, para hacer caer en cuenta que se trata de áreas donde el Plan de Consolidación ha incluido operaciones de guerra contra la población -esta sí con lugares fijos de convivencia-, generando masacres, desapariciones, desplazamientos por millares y una crisis humanitaria que lo que indica es el debilitamiento del tejido social, como costo muy elevado de esas políticas contrainsurgentes disfrazadas de guerra contra las drogas.

Al respecto, El Meta y La Macarena están entre las regiones más golpeadas por esas acciones de guerra realizadas por militares y paramilitares y que han generado la crisis humanitaria de la que hablamos, la cual suma fosas comunes, robo de tierras y desplazamiento forzado como característica, además, de la llamada prosperidad agroindustrial del Llano.

Los datos oficiales indican, por ejemplo, que entre 1997 y 2012, del Meta salieron desplazadas 126.151 personas, lo que corresponde a unas 31.431 familias.

En el Meta, La Macarena es lugar “símbolo” de la política de Seguridad Democrática, como modelo contrainsurgente a seguir, atendiendo a los parámetros de la COIN como doctrina impuesta por el poder central imperialista. Dentro de ese paradigma, se han dado hechos y realidades como el escándalo del cementerio de La Macarena, que comenzó cuando el Miami Herald denunció el hallazgo de una fosa común con más de dos mil cuerpos, supuestamente pertenecientes a guerrilleros dados de baja en combate y que habían sido llevados a ese lugar por el ejército

Organizaciones de Derechos Humanos como Asfadhes, Movice y Cinep, habían acumulado una serie de denuncias de las comunidades de la zona, sobre supuestas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y detenciones arbitrarias, entre 2003 y 2004, pero solo después de la publicación se comenzó a hablar de dos mil muertos enterrados en una fosa común.

Después de las denuncias de las organizaciones comunitarias que hablaban de la existencia de falsos positivos en esa fosa, el gobierno integró, para esclarecer los hechos, el grupo interdisciplinario del que hacían parte la Fiscalía y la Procuraduría. Se encontraron 449 cuerpos enterrados individualmente en un terreno anexo al cementerio que colinda con la base militar, y estaban catalogados como NN. De estos, se estableció la identidad de 41 cadáveres, siete de los cuales habían sido reportados como desaparecidos.

“La fosa común” es consecuencia de las acciones de “consolidación” en una zona también de “consolidación” que, como hemos indicado, aparece como punta de lanza y modelo en la política de seguridad de Santos.

Se trata del desarrollo de una zona de acción integral según cánones del Comando Sur de Estados Unidos, cuya aplicación en La Macarena fue impulsada por el señor Sergio Jaramillo, desde los días en que era viceministro de Defensa de Juan Manuel Santos. La esencia del experimento contrainsurgente, consiste en llevar la presencia del Estado a las zonas supuestamente liberadas militarmente, - ¡como si la guerrilla defendiera posiciones geográficas!-, para que las comunidades que las habitan comiencen a confiar en el Estado y a restarle cualquier apoyo popular que tuviera la guerrilla.

Juan Manuel Santos ya siendo Presidente llamó a la estrategia de colaboración civil-militar “El salto estratégico” y sería la filosofía que guiaría su política de seguridad. Se supone que en adelante aumentaría la inversión social, priorizándose sobre la asistencia militar que hacía el Plan Colombia; pero lo cierto es que las sumas millonarias para inversión en desarrollo, reformas judiciales y ayuda humanitaria que se harían en las zonas de consolidación, seguirían siendo coordinadas por el ejército y subordinadas a su funcionalidad.

Está claro que desde las políticas que se trazaron en el contexto del Plan Colombia hacia 1999, con los supuestos propósitos de luchar contra el narcotráfico, los recursos se dedicaron a la lucha contrainsurgente, con la equivocada idea, además, de que con ello se daría un golpe a las finanzas de la guerrilla al impedirle el acceso a lo que consideraban ganancias generadas por el control de los mercados de pasta básica de cocaína (PBC). Esta falacia no debe continuar pendiendo sobre los planes que se tracen para resolver el problema de los cultivos de uso ilícito ni el del narcotráfico en general. Esta estrategia que se mantiene en las políticas de consolidación combinando las viejas y cuestionadas fórmulas de la fumigación aérea y la erradicación manual forzosa, y que tanto daño ha causado a los territorios colectivos de comunidades negras y resguardos indígenas, incluyendo los “programas de desarrollo alternativo” de agencias de cooperación extranjeras como la USAID, deben cesar. Pues es evidente que si se desea trazar una verdadera política antidroga ilícita, esta vía a lo que conduce es al incremento del desplazamiento forzoso, a mayor crisis humanitaria y a la reproducción de condiciones favorables a la expansión de los modelos productivos basados en la concentración de la tierra. Tras de las fallidas políticas de guerra a las drogas, se han afianzado proyectos agro-industriales que crecen en relación directamente proporcional al debilitamiento de los territorios colectivos y las zonas donde aún existe la pequeña y mediana propiedad, y el desplazamiento de la población de las zonas fumigadas ha abierto la posibilidad real de la expansión de grandes propiedades, mediante ocupación de hecho con cultivos de agro-exportación, como es el caso de algunos consorcios de inversionistas de la palma aceitera.

Tendríamos que agregar que el accionar militar contrainsurgente se desató también con saña contra la población, de tal manera que si algún debilitamiento ha producido el Estado es el de la capacidad de respuesta de las comunidades por efecto de la guerra sin cuartel que les ha tocado soportar; y los cacareados logros en materia de reducción de cultivos, no son más que otra falacia si atendemos a que la productividad por hectárea de hoja de coca ha aumentado a niveles que permite a las mafias mantener la oferta de cocaína, a precios gananciosos, en el mercado mundial.

El esquema del Plan de Consolidación Integral de la Macarena, que lleva la línea secuencial de fumigación de cultivos, erradicación manual forzosa mediante los grupos móviles de erradicación, combinación de fumigación con priorización de la erradicación manual y luego el incremento supuesto de las inversiones en desarrollo alternativo a partir de la entrada del Plan de Consolidación como inversiones sociales en el área, puede estar generando la impresión de otorgar control territorial al Estado, pero la realidad es que lo que ha generado es subordinación vergonzosa al Comando Sur de los Estados Unidos, cero avance en la solución del problema del narcotráfico y una acumulación de abusos contra la población civil, violaciones imperdonables a los derechos humanos, fosas comunes, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamientos, detenciones arbitrarias, judicializaciones masivas e individuales de los pobladores, allanamientos indebidos, bloqueo de alimentos y combustibles, bombardeos indiscriminados cercanos a los caseríos, acampamientos de fuerzas militares dentro de las fincas, escuelas y caseríos, daño en bienes de los campesinos, efectos devastadores en materia ambiental anexos a las fumigaciones, e inenarrables secuelas de desarticulación social que en nada caracterizan lo que debe ser el fortalecimiento de un verdadero Estado de Derecho.

Si se toma en consideración que en los debates internacionales en los que se evalúan las políticas antidrogas está creciendo la audiencia en favor de tratar el problema con medidas de orden social, de regulación más que de represión en lo que respecta a sus eslabones más débiles, el rigor militarista, de interdicción y prohibicionismo rígidos que han imperado en Colombia, debe tomar otro rumbo, otras alternativas. Y si tanto peso tienen las decisiones del gobierno de los Estados Unidos en el diseño de las políticas por parte del gobierno colombiano, debiera tomarse en cuenta que el presidente Obama ha manifestado que no volverá a utilizar el término de “guerra” para referirse a las políticas de control de drogas.

La FIP ha dicho, reflexionando sobre las palabras de Obama, que “si el control del consumo, tráfico y producción de drogas no es una “guerra” no son válidos todos los daños humanos, sociales e institucionales que la implementación de la política acarrea. Se abre por lo tanto un espacio para la ponderación de las estrategias, para reducir los daños de las drogas y de las políticas que las combaten. Se abre en últimas un espacio para la innovación y el diseño de políticas basadas en evidencias y no en fundamentalismos ideológicos como el prohibicionismo radical. ¿No sería acaso incomprensible que Colombia, el país que más costos ha pagado en la guerra contra las drogas, renuncie a hacer un uso autónomo y creativo del espacio que se abre para impulsar cambios que adecuen las políticas a sus propias prioridades sociales y políticas? ¿No sería el Plan Nacional de Consolidación Territorial el escenario idóneo para impulsar esos cambios tácticos y estratégicos de las políticas antidrogas?” (Ibídem, pág. 8).

Es una magnífica reflexión esta, a la que habría que agregarle que es necesario cambiar el Plan en su conjunto, sacándolo de las viejas políticas, distanciándolo de la visión contrainsurgente que entraña el concepto consolidación y dándole vuelo a iniciativas concertadas que se enmarquen en el desenvolvimiento cierto de una reforma agraria y rural integral con enfoque territorial que permita la construcción de la paz.

De momento, y como desde la misma institucionalidad se reconoce, la Doctrina Contrainsurgente que fundamenta el Plan Nacional de Consolidación territorial reconoce el carácter político de la insurgencia pero sigue promoviendo, sin que se vislumbre la posibilidad de una tregua, que las estructuras armadas sean enfrentadas militarmente, involucrando plenamente a la población en sus acciones, más allá incluso del tratamiento orientado a “ganar las mentes y los corazones”. La estigmatización, la persecución, el terror…, se desborda con constancia en forma de cacería de brujas que se mantiene en busca de milicias e integrantes clandestinos de la resistencia o la inconformidad. Y mientras se pretende con desplazamiento o aniquilamiento de los frentes insurgentes -lo cual se prefiere a dar solución a las causas sociales que tiene la confrontación-, que las estructuras clandestinas pierdan la orientación estratégica, se hace de Colombia un escenario de guerra y desesperanza, en vez de fortalecer el proceso presente de diálogo, para que un mejor ambiente nos muestre la senda más expedita para llegar a la concreción de un acuerdo final.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP


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