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miércoles, 30 de abril de 2014

Reforma a la justicia es una necesidad

La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, abril 30 de 2014

En función de propósitos que tienen que ver directamente con el establecimiento cierto de la democracia, entre las propuestas mínimas que en el punto de Participación Política hicimos en el mes de junio de 2013, hablamos de la "Reestructuración democrática del Estado y reforma política", tema en el que precisamente manifestamos la necesidad urgente de emprender cambios que redefinan los poderes públicos y sus facultades, así como el equilibrio entre ellos, eliminando el excesivo presidencialismo del Estado.

Abogábamos por el reconocimiento y estímulo a la participación social y popular en sus diversas modalidades, incluida su organización institucional en la forma de la rama del Poder Popular; el fortalecimiento del proceso de descentralización hacia la mayor democracia local; el rediseño constitucional del orden jurídico-económico; la reconversión de las Fuerzas Militares hacia una fuerza para la construcción de la paz, la reconciliación y la protección de la soberanía nacional, y de manera especial llamamos la atención en la necesidad de la inaplazable reforma de la rama judicial que libere a la justicia de su escandalosa politización, le devuelva su independencia como rama del poder y la convierta en presupuesto indispensable para la paz.

Nuevamente queremos insistir en estas propuestas que surgen de un inmenso clamor nacional que se repite una y otra vez, sin que se suscite una determinación institucional por darle una salida que se aparte de aquellos intentos torcidos, que en el 2012 pretendieron, a través de la llamada "reforma constitucional a la justicia" promovida y luego retirada por el mismo gobierno, propiciar una intervención e injerencia directa del poder ejecutivo en el poder judicial, que afectaba la independencia de este.

Aquel suceso se caracterizó por el rechazo vehemente que la ciudadanía indignada hizo de la iniciativa, por los desajustes en relación con propósitos de mejoramiento, cualificación, depuración y fortalecimiento de su independencia. Recordemos que los hechos alrededor del procedimiento amañado de reforma que se convirtió en escándalo, suscitaron la renuncia del ministro del ramo y pusieron en evidencia el entramado de corrupción institucional que existe en nuestro país, y que involucraba al gobierno, al congreso y a la rama judicial misma; es decir, al conjunto de la institucionalidad.

Pese a ello, aún persisten iniciativas que van en el sentido de la reforma hundida. Desde las FARC creemos que se debe levantar la voz del soberano para exigir que la reforma cobre vida sin más dilaciones, pero en función de la configuración de un sistema que coadyuve a abrirle campo a la democracia, evitándole mengua en su independencia. La reforma implica cambios profundos, radicales,y por ello vemos con simpatía las recientes manifestaciones del Ministro de justicia Alfonso Gómez Méndez cuando se ha expresado en términos favorables a la reestruración dela Rama Judicial, y sobre todo por su beneplacito con la posibilidad de que sea una Asamblea Nacional Constiuyente la instancia donde se dilucide el asunto, en la idea de que "toda la sociedad entienda la magnitud del problema de la justicia",  e involucra como asunto urgente a tratar, el de la terrible crisis humanitaria que se padece en las cárceles de Colombia, con problemas de hacinamiento y violación de derechos humanos.

La reforma a la justicia es una necesidad que nos hace ver en el horizonte inmediato otra necesidad mayor, y es la de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que tome en sus manos este problema, pero no solo; pues es la institucionalidad misma la que debe someterse a cuidados intensivos y reordenamiento total, que es lo que en términos sencillos hemos denominado "reestructuración democrática del Estado y reforma política" incluyendo como esencial la valoración de que la judicatura democrática es uno de los pilares del Estado Social de Derecho y que por tal razón, se debe promover con la más amplia participación social y popular, una reforma.

La reforma debe liberarla de su escandalosa politización y convertirla en un presupuesto indispensable para la paz. Ello presume, entre otros aspectos, superar la condición actual de justicia corporativa y su estructura "frente nacionalista"; desligar la conformación de las altas Cortes de toda injerencia de los poderes ejecutivo y legislativo y promover, en lugar de ello, la elección transparente a través del concurso público y el mérito; y suprimir el Consejo Superior de la Judicatura, principal fuente de clientelismo y corrupción. La reforma democrática a la justicia debe reconocer y promover el pluralismo jurídico, así como las formas de justicia comunitaria.

Ciertamente, entonces, la propuesta del Ministro Gómez Méndez, en el camino de construcción de la paz dándole protagonismo al soberano en el escenario de una Asamblea Nacional Constituyente, es asunto que reviste la máxima importancia y requiere de la atención absoluta de la ciudadanía.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP

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