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domingo, 6 de abril de 2014

Un clamor al que le declararon la guerra

Montaje: FARC-EP
La zona de reserva campesina del Catatumbo:
UN CLAMOR AL QUE LE DECLARARON LA GUERRA
 
Por: Rubén Zamora

Cuando en las conversaciones de La Habana hemos logrado importantes avances, autoridades de Colombia se atraviesan como mulas muertas en el camino del noble propósito nacional de lograr la paz con justicia social. Tratan por todos los medios de imponer políticas contra acuerdos logrados en la Mesa de Diálogo, que condensan sueños de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes.

Los enemigos de la paz desean seguir escribiendo con sangre de las víctimas inocentes, los fraudulentos títulos de las tierras y territorios usurpados otorgados a grandes inversionistas nacionales y extranjeros o de ambiciosos latifundistas. Lo que sería el puerto de la desenfrenada locomotora minero energética que ya condujo a Colombia al segundo lugar entre los países del mundo con más conflictos ambientales, tipo del "holocausto llanero" que ocurre en el departamento del Casanare.

A tal surte no podemos ser indiferentes si queremos de verdad la paz de Colombia, pues la justicia y la igualdad social, son fundamentos esenciales para la reconciliación nacional.

Finalizando el vigésimo segundo ciclo de las conversaciones de paz, con nuevos entendimientos, el país ya tenía noticia del aplazamiento al reconocimiento de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, un propósito vital de las comunidades de esa región. Una iniciativa social que contribuiría al logro de los propósitos de paz, afianzando la población al territorio, luego de padecer el terror de las masacres del paramilitarismo en complicidad con la fuerza pública, políticos, empresarios y altos funcionarios gubernamentales, desde el mandato del Andrés Pastrana.

Perece que ha sido insuficiente el bravo grito del Catatumbo que reclama la preservación de la naturaleza, la vida, la cultura y el territorio. Una lucha que ha cobrado miles de vidas de las resistencias contra todos los intentos de consolidación territorial, en beneficio de las transnacionales y de inversionistas sin escrúpulos.

Si el gobierno no ha saneado el resguardo indígena Barí, excusa interpuesta a la Zona de Reserva Campesina, ha sido causa de la desidia de altos funcionarios del Estado que se enriquecen con las extorsiones a las multinacionales, a cambio de indignos beneficios. Cuando Carlos Murgas, "próspero empresario" y socio de Salvatore Mancuso, aprovechó el desplazamiento para apoderarse de tierras de los desplazados del Catatumbo, no hubo poder del Estado que frenara el despojo como lo hacen ahora con la Zona de Reserva Campesina, todo lo contrario, el INCODER, legalizó las propiedades usurpadas.

El INCODER jamás quiso sanear el resguardo a las comunidades indígenas ni adjudicar las tierras a los campesinos que por décadas las han ocupado. Sin embargo, INGEOMINAS concedió esos territorios en títulos mineros a las multinacionales, incluso del Parque Natural Catatumbo Barí. Por eso la Zona de Reserva Campesina la reclaman para blindar el territorio del despojo transnacional.

Que enemigos de la consulta previa de los pueblos indígenas, como el procurador Torquemada y el ministro Rubén Darío Lizarralde, intervengan contra la Zona de Reserva Campesina, justificada en la tutela presentada por un indígena Barí, resulta demasiado sintomático. Saben muy bien que la Zona de Reserva Campesina es el primer blindaje del territorio que es también patrimonio natural, social, cultural e histórico de un pueblo que ha tenido que derramar sangre defendiéndose de la agresiva conquista trasnacional, como lo ha sido el pueblo Barí.

Al territorio del Catatumbo deben afianzarse solo los campesinos e indígenas. El Estado debe ser garante de sus derechos que por décadas han reclamado y en cambio han recibido la guerra, la miseria e iniciativas tramposas como el Plan de Consolidación Territorial, bajo la represión de las Fuerzas Militares.

Por las Fuerzas Militares, el paramilitarismo descuartizó y masacró a más de 12 mil catatumberos. Los desaparecidos fueron innumerables, muchos sepultados en fosas comunes, lanzados al río Catatumbo o extinguidos en los hornos crematorios.

-Por esta orgía de sangre han sido responsables, entre otros, los generales Martín Orlando Carreño Sandoval, Alberto Bravo Silva, Paulino Coronado Gámez, Ricardo Andrés Bernal Mendiola, José Joaquín Cortés Franco y Marcolino Tamayo; y los coroneles Mauricio Llorente, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Rubén Darío Castro Gómez, Santiago Herrera Fajardo y Diego Tamayo Hoyos. Todos ellos, entre los más reconocidos auspiciadores y cómplices del paramilitarismo o protagonistas directos de una larga cadena de crímenes de Estado, aún en la impunidad.

Tras la decisión de aplazar el reconocimiento de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, están poderes superiores a una acción de tutela. Están los auspiciadores del Plan de Consolidación Territorial, los enemigos de la paz que también le han disparado desde el ministerio de la defensa, vasallos de las multinacionales y de los grupos financieros responsables de una tragedia que clama justicia y reparación. Los mismos que le temen al esclarecimiento de la verdad histórica del conflicto colombiano.

rubenzamor87@gmail.com

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