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viernes, 9 de mayo de 2014

Colombia podría terminar con el narcotráfico

Rubén Zamora

Por: Rubén Zamora

En Colombia están dadas muchas condiciones para pasar la horrible página del narcotráfico. Solo falta decisión política del gobierno nacional y colaboración de la comunidad internacional. 

La sociedad colombiana está harta del poder corruptor y criminal del narcotráfico. La violencia de este negocio criminal se expande por la sociedad en forma de luchas entre carteles por el monopolio del negocio, de franquicias mediante la extorsión y por el control político y económico a través de alianzas mafiosas, institucionales, políticas y empresariales.

El narcotráfico ha disparado una violencia incontrolada en una sociedad injustificablemente militarizada. Su poder corruptor ha provocado una fuerte descomposición del sistema político, así como el sistema financiero se lucra del lavado de activos.

"La guerra contra las drogas" no solo ha fracasado; al contrario, ha estimulado el negocio. Solo ha sido un pretexto para otro tipo de guerra en la que se concentran los esfuerzos principales del establecimiento: la guerra contrainsurgente.

El problema de las drogas ilícitas es un fenómeno mundial que requiere asertivos y el caso de Colombia es de recurrentes desaciertos. "La guerra contra las drogas" ocasiona inaceptables consecuencias en materia de derechos humanos verificados por diversos organismos humanitarios, incluida la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU.

Son graves las afectaciones del narcotráfico a las instituciones, tanto en el nivel nacional como en el local, por problemas de moralidad y desempeño, menoscabo de los valores y a la convivencia pacífica y ha constituido un factor que desfavorece la posibilidad de expandir la inclusión social y la democracia. El medio ambiente ha sufrido graves deterioros y algunos daños irreversibles tan preocupantes como los que causan otras actividades de explotación extractiva, o las aspersiones aéreas que se usan para combatirlo.

La sociedad colombiana desea superar el problema de las drogas. Los campesinos están planteando la necesidad de sustituir los cultivos ilícitos mediante planes de desarrollo alternativo sin encontrar receptividad en el alto gobierno.

Que hayamos aceptado incluir en el Acuerdo General el tema de las drogas ilícitas se debe al propósito de contribuir al debate que encamine a soluciones efectivas a partir de explicarse las razones por las cuales ha sido imposible derrotar el narcotráfico.

Con los más loables propósitos, las FARC-EP radicaron en la Mesa de Diálogo cincuenta propuestas mínimas alternativas para solucionar el problema de las drogas ilícitas y ha encontrado poca comprensión tanto a nivel nacional como internacional. Con nuestras propuestas estamos diciéndole al mundo que aspiramos a un país sin narcotráfico y sin drogas de uso ilícito, pero somos conscientes que lograr tal propósito, depende en gran medida de políticas internas consensuadas y de regulaciones y definiciones de alcance global en el mismo espíritu.

El problema de las drogas ilícitas, como parte de los múltiples problemas sociales que afectan al país, requiere de alternativas eficaces de desarrollo y buen vivir de las comunidades en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito; asumir el consumo con un enfoque de salud pública, e intensificar la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, incluyendo actividades relacionadas como las finanzas ilícitas, el lavado de activos, el tráfico de precursores y la lucha contra la corrupción, tocando toda la cadena de valor del narcotráfico.

Es indispensable una política antidrogas de carácter integral, resultado de la participación democrática de las fuerzas políticas y sociales de la Nación, incluidos los aportes de la comunidad académica y científica. Dicha política debe tener un enfoque general de derechos humanos y salud pública, y encaminarse hacia la protección de los eslabones más débiles de la cadena, los pobres del campo y los consumidores de drogas ilícitas, hasta ahora perseguidos, estigmatizados y criminalizados.

En el espíritu de superar el problema mundial de las drogas ilícitas,  las FARC-EP hemos propuesto  convocar una Conferencia internacional para reflexionar, hacer una evaluación objetiva de la política de lucha contra las drogas y avanzar en la construcción de consensos en torno a los ajustes que es necesario emprender, teniendo en cuenta la discusión y los nuevos desarrollos internacionales en la materia, así como la perspectiva de los países consumidores y productores, en especial las experiencias y las  lecciones aprendidas en Colombia. Esta sería una alternativa para sintonizar a la comunidad internacional con las nuevas necesidades que se derivan de los fracasos de "la guerra contra las drogas". 

El proceso de paz podría tener implicaciones estratégicas favorables a la solución del problema de las drogas ilícitas. Si se asimila esta posibilidad, habremos ganado una gran ventaja a un flagelo que ha ocasionado graves impactos a la humanidad y Colombia pasaría a ser un buen ejemplo si se adoptan las variantes necesarias.

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