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miércoles, 27 de agosto de 2014

El viacrucis de Crucito

Por Pastor Alape

Integrante del Secretariado Nacional.

En el municipio de Tierralta, Córdoba, en el perímetro del embalse de la hidroeléctrica Urra Uno, sobre el río Sinú, está ubicado el corregimiento de Crucito, habitado durante décadas por campesinos que sobreviven de arañar la tierra, produciendo arroz, maíz, plátano, yuca y ñame, en condiciones infrahumanas y de abandono total por parte del Estado. Además de las condiciones de pobreza que cargan sobre su existencia, la violencia y el terror no les permiten respirar tranquilos.

En los años noventa del siglo pasado, el paramilitarismo, en conjunto con unidades militares oficiales, desplazó a la mayoría de sus habitantes con el objetivo de eliminar la resistencia contra la construcción del megaproyecto hidroeléctrico Urra Uno, y extender el dominio de narcoterratenientes y latifundistas tradicionales, así como beneficiar a políticos de los partidos tradicionales que terminaron erigiéndose como únicos detentadores del poder político en la región y sin oponentes, apropiándose del patrimonio de la nación, profundizando la corrupción en la administración de los recursos del Estado, hasta los escandalosos niveles que el país ha registrado en el departamento de Córdoba.

Los campesinos de Crucito, acosados por el miedo, se organizaron para no dejarse vencer y regresaron a producir nuevamente la tierra, a mitigar el implacable peso del hambre, a supervivir con la esperanza de romper los ciclos del desplazamiento. Fortificados con el florecimiento de sus cultivos, nutren el valor para enfrentar las amenazas que los acosan. Sin embargo, el gobierno, para satisfacer los intereses del megaproyecto, cualifica sus mañas valiéndose de las unidades militares de la fuerza de tarea Nudo de Paramillo, que dosifican infamemente el terror a fin de obligarlos a abandonar nuevamente el territorio.

En el año que transcurre los habitantes de este corregimiento han sido víctimas, por cuatro ocasiones, de las unidades militares de la Fuerza de Tarea Nudo de Paramillo, bajo el pretexto de que los campesinos dan apoyo a las FARC-EP en la región. El pasado 16 de julio estas unidades militares lanzaron 2 granadas de mortero contra los habitantes del caserío, hiriendo a un campesino. Los hechos fueron manipulados y presentados por los medios de comunicación, con el cinismo que caracteriza a los vocero militares, como un ataque de las FARC contra la población.

El más reciente ataque ejecutado por la fuerza pública, se presentó el pasado10 de agosto contra campesinos que se oponían a la erradicación de cultivos de uso ilícito. Fueron agredidos desde tierra con fuego de fusilería, y desde el aire por las ametralladoras de un helicóptero, dejando el doloroso saldo de 3 campesinos heridos.

Es imposible construir la paz bajo el fuego mortal de los cañones. No se despejan los caminos de la reconciliación facturando más víctimas al conflicto. Es urgente desacelerar la confrontación, así como distender el discurso y los titulares de prensa promocionados por el Establecimiento durante más de 50 años. No se puede continuar justificando la violencia con el pretexto del aniquilamiento de la resistencia popular y guerrillera.

Ese empeño del Presidente Juan Manuel Santos por escalonar la confrontación, pisoteando el DIH y agudizando las violaciones de los derechos humanos, a contracorriente de las esperanzas que se articulan en la mesa de conversaciones por la paz de Colombia, es otro de los desaciertos que caracteriza a su administración. El gobierno tiene que detener la violencia sistemática contra la población civil y desechar la demagogia que en su retórica pretende ocultar la responsabilidad política de las fuerzas militares y de policía en los crímenes cometidos contra la población civil, contra líderes agraristas y populares, sindicalistas y defensores de derechos humanos en ejecución de la doctrina de seguridad que las gobierna. El país está clamando acciones concretas para que el tema de víctimas, que se aborda en la mesa de conversaciones en la Habana, avance con resultados efectivos de protección a la población civil.

Las víctimas de Crucito y todo el territorio nacional exigen justicia, el viacrucis a que el Estado tiene sometidos a sus habitantes debe cesar. La existencia de los campesinos y la producción de alimentos en el alto Sinú están por encima de los intereses del megaproyecto energético que pretenden ampliar contar la construcción de Urrá Dos.

Si desde ya se empiezan a dar pasos serios en el ejercicio de la justicia, en todos los niveles de la sociedad, la paz dejará de ser el sueño de millones para volverse una realidad nacional.

Montañas de Colombia, 25 de agosto de 2014.

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