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lunes, 22 de septiembre de 2014

A propósito de la situación de las victimas

Por Rodrigo Arenas

Militante del PCCC

 

La inadecuada intervención de los gobiernos  para darle producción al campo han generado millones de víctimas en los últimos años, debido a  que en  muchas regiones del país se viene implementando   la política de arrasamiento de pequeñas sementeras, bloqueo económico y en muchos lugares el exterminio del pequeño campesino, de organizaciones y dirigentes.

 

Para el campesinado la represión no es nueva, pues desde décadas ha venido sufriendo toda clase de atropellos  violatorios de garantías constitucionales y de los derechos humanos como políticas de estado.

 

Tal caso lo evidencia el  programa de las naciones unidas para el desarrollo, en la que la tenencia de la tierra, el mal uso del territorio, el despojo y la violencia hacen de Colombia uno de los países más desiguales del mundo.  Así lo manifiestan las cifras que por el uso de la violencia han despojado 6,6 millones de hectáreas en las ultimas 2 décadas, el 77 % está en manos del 13 %,  la pobreza en el campo es del  65% y la indigencia del 33% mucho más que en las ciudades.

 

Según el gobierno Santos, para confrontar dicha crisis crea la ley 1448  mejor conocida como ley de victimas que fue aprobada el 10 de junio de 2011.  Las víctimas han dicho que la ley 1448 no cumple con las expectativas  del país, sobre la devolución de las tierras a los campesinos, sus legítimos dueños, mientras que se  fortalecen  de intereses  de los grandes terratenientes de nuestro país, encontrando la mejor y mayor utilidad en el suelo, transformando el entorno, sin ser posible reclamárselas, ya que la ley le da ciertas garantías a los despojadores, victimarios o a terceros que actuaron en "buena fe".

 

Por ejemplo, tal caso se ve representado en la Finca San Francisco municipio de Ovejas Sucre donde  familias que las habitaban fueron desplazadas en el año 2000 por grupos paramilitares,  en el 2008 algunas de estas familias venden las fincas a Raúl Morales  a precios bajos, y luego en 2009 venden en veredas aledañas. Tal despojo la ley de víctimas  no lo soluciona, y más cuando estas tierras se encuentran hoy cubiertas por monocultivos como TECA, ACASIA, EUCALIPTO, YUCA AMARGA y criadero de Búfalo.

 

Esta   realidad sobre los bienes y tierras de las víctimas  se han agudizado a medida que el estado no ha saneado  los territorios  mediante la adquisición  de las mejoras de propiedad  de terceros  que  realizaron luego del despojo,  como  se comentó en el caso de la Finca de San Francisco y otras casos son Sabanas de San Miguel Magdalena en la finca Santa Inés, San Martin Cesar vereda villa oliva, Bella Cruz sur de Cesar, que por ser tierras baldías hoy  en una nueva norma permiten el arrendamiento o leasing para el desarrollo de cultivos agroindustriales, y diversos casos más.  La ley 1448 no es dispendiosa para la mayoría de los casos creando una situación de inseguridad a las víctimas, hay quienes miran  el avance en la transformación del entorno de empresas y terratenientes que los privan de sus tierras, esperando un compromiso significativo que demuestre que el gobierno colombiano  quiera reparar a las víctimas.

 

Otro  preocupación alrededor de la ley 1448 es que se condicione las fechas, ya que solo contempla situaciones  presentadas a partir del 1 de enero de 1991 y hasta el 10 de junio de 2011 cuando los conflictos  se han manifestado desde  antes y cuando hoy  el conflicto aún persiste, aunque hayan avances en los diálogos de Paz en la Habana Cuba. Todavía hay una constante violación de los derechos humanos por multinacionales, el sistemático despojo puede continuar  y frente a este no se  puede ser negligentes, ni complacientes pues,  aún se sigue el abuso  de los individuos que componen estas comunidades, se les roban sus pertenencias, se les obliga a salir de las regiones tradicionales, donde en muchos casos las cuotas y favores políticos reemplazan  las capacidades y los requisitos  mínimos de experiencia para que quienes fueron despojados que son más de  5 millones.

 

Y así de manera integral, es como lo contempla la FARC-EP  en la actual discusión en la Habana Cuba reconociendo los derechos integrales de las víctimas para la paz y la reconciliación nacional mediante 10 puntos mínimos que parten de un claro esclarecimiento de la verdad histórica del conflicto.

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