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martes, 9 de septiembre de 2014

Instalación de sub-comisión de género: Por una Nueva Colombia sin discriminación de género.

La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, septiembre 7 de 2014

Por una  Nueva Colombia sin discriminación de género.

Las FARC-EP adoptamos como principio la no discriminación por razones de género y en especial el respeto, garantía y protección de todos los derechos humanos de las mujeres. Son la igualdad y la justicia, fundamentos principales de los objetivos de lucha de nuestra fuerza insurgente y parte imprescindible de los cimientos de la sociedad democrática que aspiramos alcanzar para la Nueva Colombia. En esa construcción, las mujeres guerrilleras juegan un papel insustituible de contribución a la lucha; reflejo de ello es que alrededor de un 40 por ciento del total de nuestra organización insurgente se compone de guerrilleras.

En nuestro proyecto de sociedad democrática se incluye la liberación de las mujeres de las ataduras de discriminación y explotación a que las somete la sociedad capitalista y sexista, que las mantiene restringidas en el ejercicio de sus derechos humanos. Es indignante el hecho que en Colombia las mujeres sigan ganando entre 15 y 23 por ciento menos que sus homólogos hombres, mientras que sus jornadas laborales se extienden en muchos casos, por más de 16 horas al día, esto es sumando la jornada laboral y el trabajo en el hogar. El desempleo femenino es casi el doble que el masculino (1). Según el reporte del Foro Económico Mundial 2012, Colombia ocupa el puesto 114 (entre 135 naciones) en cuanto a la participación de las mujeres en la fuerza laboral, y ocupa el puesto 111 en cuanto a diferencias salariales entre hombres y mujeres, desempeñando los mismos trabajos (2).

Además de la discriminación, las mujeres son víctimas de múltiples formas de violencia, entre ellas la producida en el ámbito doméstico y de pareja, y en la sociedad en general en el contexto del conflicto social y armado. El Estado, por acción u omisión, es el principal responsable de esta situación.

En el seno de nuestra organización, hombres y mujeres gozamos de un reconocimiento estatutario, de unas normas y una práctica de convivencia entre compañeros y compañeras en igualdad de deberes y derechos. Esta juridicidad guerrillera incluye las definiciones de delitos tanto en contra de la población civil, como en contra de integrantes de filas.

 En las FARC-EP, el maltrato en todas sus formas es severamente castigado; la violencia sexual es tipificada como delito grave y tratada como tal. No obstante la normatividad existente y teniendo en cuenta el origen sociocultural de nuestra militancia, reconocemos que aún persisten prejuicios y algunas actitudes patriarcales que se expresan de forma sutil, indirecta o subjetiva, como en el resto de la sociedad colombiana, pero con la diferencia de que  nuestros principios nos obligan y permiten combatirlos, con la promoción de los valores revolucionarios y culturales de respeto e igualdad, y específicamente dignificando el papel de las mujeres en nuestra organización y en la sociedad.

Las FARC-EP rechazamos toda estrategia o campaña difamatoria que pretenda vincular las acciones de la guerrilla a prácticas de violencia sexual; pues estas prácticas son totalmente ajenas a nuestros principios y por lo tanto, de ningún modo toleradas en nuestras filas, ni respecto al resto de la población femenina. Por principio, rechazamos rotundamente golpear a las mujeres, utilizar la violencia sexual como arma de guerra, o como instrumento de presión, de represalia, de venganza  o humillación, las cuales no son y nunca han sido prácticas de las FARC-EP, como tampoco aquellas asociadas a la violación y abuso de sus cuerpos, la trata y la esclavitud.

Denunciamos la manipulación que insiste en acusarnos de estas prácticas, cuando es un hecho reconocido que son las fuerzas del Estado, oficiales y paraestatales, quienes las aplican como política de presión y desestabilización de la población y como estrategia de guerra, con el fin de socavar nuestras bases sociales y someter al campesinado y otros sectores de la población a sus designios. De todos es conocido que la utilización de la violencia sexual como arma de guerra es una práctica sistemática de las fuerzas del Estado y del paramilitarismo.  

Los diferentes tipos de planificación y el recurso del aborto en condiciones médicas favorables, como última medida a tomar para evitar los partos en medio de la intensidad de la confrontación, también han sido objeto de las mismas campañas difamatorias y de desprestigio contra la insurgencia.  Las FARC-EP defienden el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre sus cuerpos, derecho que obviamente también ostentan las guerrilleras.  Es una práctica habitual que apliquemos medidas de protección temporal al embarazo, el parto y la lactancia en condiciones de la guerra, mientras los hijos son entregados por sus progenitores a familiares o amigos para que crezcan en un ambiente apropiado.

Más allá de nuestras normas y voluntad en cuanto al no maltrato de la población civil, por la cual luchamos, es un hecho que en los territorios afectados por el conflicto social y armado, mujeres han sido víctimas directas e indirectas de la confrontación, ya sea por hechos accidentales que salen del control de las y los combatientes, o a manos de nuestro enemigo de clase y de sus brazos armados, sean militares, policías o paramilitares, como consecuencia de una práctica sistemática del terror. Además, son usadas y presionadas para actuar como agentes encargadas de desarrollar labores de infiltración y espionaje al interior de nuestra organización y de sus mismas comunidades. Por todas estas razones, sabemos que las mujeres viven, experimentan y sufren de forma particular los impactos del conflicto, muchas veces agravados por múltiples factores: por su condición de género, su clase social, su edad, su etnia, su orientación sexual, su condición de desplazada o refugiada, de prisionera política, de jefa de hogar, entre otros. Por tanto, nuestras propuestas tendrán en cuenta la discriminación múltiple que sufren algunas mujeres o grupos de mujeres, para establecer y poner en práctica programas de desarrollo y potenciación de todos sus derechos.

Las FARC-EP reconocemos la contribución invaluable de las mujeres a la producción de valores económicos, culturales y sociales: no como una minoría ni como un grupo vulnerable, ni solo como una fuente de reproducción de la propia sociedad humana, sino como sujeto político y parte mayoritaria de la sociedad que tiene todo el derecho, la capacidad y la legitimidad para asumir, en igualdad de condiciones con los hombres, responsabilidades en todos los ámbitos de la vida nacional.

Por tanto expresamos la justa necesidad de incorporar una mirada de género a todos los debates y diálogos para el diseño y aplicación de los Acuerdos de Paz; al mismo tiempo, expresamos nuestra voluntad política de promover la participación de  las mujeres colombianas y de nuestras propias militantes en este proceso de paz, así como lo hemos hecho en todos los ámbitos de la vida guerrillera.

Las FARC-EP consideran que el papel fundamental de la subcomisión de género debe ser el de atender el mandato de las organizaciones de mujeres de Colombia y el mundo  expresado a través de las NNUU, mediante la Convención del 18 de diciembre de 1979, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y, de las diferentes Conferencias y Resoluciones en cuanto mujer y género, por ejemplo la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, así como la Declaración internacional de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales, de 2012, entre otras, y atender a las justas y lógicas demandas y a las expectativas que genera este tema en las organizaciones sociales  y de mujeres en Colombia.

El Estado tiene la obligación de garantizar desde ya un papel protagónico a las mujeres en la elaboración del Acuerdo de Paz y en la Nueva Colombia. Las FARC-EP nos esforzaremos porque así sea.

Delegación de Paz de las FARC-EP

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