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jueves, 18 de septiembre de 2014

Las víctimas tienen la palabra

Por: Victoria Sandino Palmera
Integrante de la Delegación de Paz de las FARC-EP

Por primera vez en la historia de Colombia, las víctimas son protagonistas y tienen la palabra como sujetos de derecho, para imponer el logro de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los dolorosos hechos que han padecido por largos años.

Ningún proceso de paz hasta ahora había abordado el tema de las víctimas, ni planteado la satisfacción plena de sus derechos como garantías para la conquista de la paz con justicia social, estable y duradera. En ello radica el valor de los 10 principios acordados por las partes en La Mesa de Diálogos, con los que se establece la hoja de ruta para afrontar tan complejo tema.

El reconocimiento de las víctimas implica asumirlas como sujetos de derechos, activos y en plena capacidad de decidir sobre sí mismos, quienes perdieron de manera violenta sus proyectos de vida, su entorno, sus derechos, su cultura y cosmovisión. Que además de sufrir hechos victimizantes padecieron otras pérdidas o se sumieron en procesos enajenantes.

Y no solo reconocer su realidad de víctimas, sino partir del reconocimiento de la responsabilidad. Este principio es una importante oportunidad para que las víctimas puedan tener acceso a la verdad y a la justicia, de acabar con la impunidad.

La pretensión del régimen es ocultar la responsabilidad del Estado como principal y máximo responsable en el ejercicio de la violencia contra los colombianos y colombianas. Ni las élites, ni sus gobernantes tienen la intención de dar cuenta de su barbarie y menos han juzgado a quienes iniciaron la Violencia. Los únicos enjuiciados y castigados con la pena de muerte, con el terror y la estigmatización, silenciados de forma forzosa, son los sectores populares y sus luchas sociales, quienes han padecido semejante tragedia.

Hemos reconocido nuestra parte de responsabilidad por los daños causados a determinados grupos o personas en el ejercicio de acciones bélicas, en estos años de lucha guerrillera, pero nunca con intención ni sistematicidad. Sin embargo, el establecimiento y su gran prensa, mantiene su propósito de mostrar a las FARC-EP como victimarios.

Llegó la hora de saldar la deuda histórica con las víctimas, significa la Satisfacción de sus derechos, no solo con la compensación material, como condición necesaria para evitar la no repetición, para subsanar las pérdidas y garantizar un mínimo de condiciones materiales para vivir dignamente. También deben crearse mecanismos para la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, reparación y no repetición.

El derecho de las víctimas a la reparación no es solo económica, se requiere re-establecer los derechos y condiciones de ciudadanos y ciudadanas; implica no solo devolver lo que fue usurpado sino también trazar políticas redistributivas que mejoren sus condiciones y permitan la reparación moral, política, cultural y sicológica. Solo así se podría comenzar a resarcir a las víctimas por los daños sufridos a causa del conflicto y transformar sus condiciones de vida, como condición para la construcción de una paz estable y duradera.

Será imposible construir la paz, sin antes lograr esclarecer la verdad, conocer lo sucedido a lo largo del conflicto, sus profundas raíces y múltiples causas, orígenes y efectos. Significa correr el telón y llegar a la verdad  acerca de: las graves violaciones de derechos humanos; el papel de los gremios, partidos políticos, de la clase dirigente, de los medios de comunicación, las instituciones, la iglesia, las multinacionales, de las políticas económicas, y de los mismos gobiernos extranjeros; establecer los responsables de tal barbarie.

Este principio es fundamento de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas y la futura  Comisión de la Verdad. No se trata de re-escribir la historia del país, aun cuando valdría la pena; pero sí es imprescindible remontar este análisis  a sus raíces, a las causas objetivas y subjetivas que inspiraron y obligaron a buscar formas de lucha armadas y rebelión, en un contexto de guerra sucia e impunidad, donde la protesta social era sistemáticamente ahogada, perseguida, cruelmente aplastada.

La participación de las víctimas va más allá, de los importantes pero no suficientes, foros y eventos diseñados para escuchar sus voces, sus sufrimientos y pérdidas, pues no dejan de ser mecanismos aislados y sin continuidad. Se trata de crear toda una estrategia de acciones para garantizar la participación directa, continua, activa, de las propias víctimas en su proceso de compensación, resarcimiento, y a la vez de construcción  de país, con independencia de los daños sufridos, éstos no "discapacitan" para crear.

Es necesario incorporarlas plenamente como parte de la sociedad, junto a los demás sectores sociales excluidos y empobrecidos a lo largo de estos años de confrontación; porque entre otras, la gran mayoría de las victimas del conflicto, antes fueron victimas del sistema que les negó sus derechos primarios.

Este principio  reafirma la absoluta necesidad que tanto hemos exigido, las FARC-EP y las organizaciones y sectores sociales y populares: participación activa de la población en el proceso de paz.

Desde ya se debe garantizar la  protección y seguridad de las víctimas, es el primer paso para la satisfacción de sus demás derechos. Sin un compromiso inmediato de tregua y cese al fuego que permita detener el derramamiento de sangre, no solo es imposible proteger a las víctimas, sino que se continuarán produciendo más hechos victimizantes.

Es necesario cambiar la concepción de la Doctrina de la Seguridad Nacional por una nueva teoría, que no convierta  a las y los connacionales en enemigo interno, en objeto militar, que no justifique el terrorismo de Estado, las fuerzas paramilitares, con las que victimizan a la mayoría de la población.

La garantía de no repetición, es el fin del conflicto. Pero éste no es posible  sin la implementación de las reformas surgidas de La Mesa de Conversaciones, entre otras, el cambio estructural en la concepción del Estado y la redefinición del papel de las fuerzas militares en un proceso de democratización. Revisión de la doctrina de seguridad y depuración de todas las estructuras de represión, eliminación del paramilitarismo y de la guerra sucia. 

Serían los primeros pasos para transitar por la reconciliación, la que debepartir de un proceso de reconstrucción nacional, que efectivamente garantice la satisfacción de los derechos de las víctimas, con la participación activa de las mismas  y de toda la sociedad colombiana. Reconciliación conlleva atacar las causas que originaron el conflicto, generar condiciones de equidad y justicia social.

Finalmente el Enfoque de derechos, que  contribuya a la protección y garantice el goce efectivo de los derechos de todos y todas. Atendiendo los principios de universalidad, igualdad y progresividad, para efectos del resarcimiento. Progresividad en tanto  se aseguren condiciones de avance a través de la ampliación de políticas públicas; así como la protección de amplios grupos de la población que pueden ser vulnerables.

Es crucial, para la implementación y goce efectivo de los derechos, acudir al mandato constituyente, porque está demostrado que el Estado en la actualidad no puede acabar con la guerra, ni garantizar el goce efectivo, integral y progresivo de los derechos culturales, económicos, políticos y ambientales. Así que el Estado debe ser re-estructurado para potenciar los sectores sociales excluidos y hacer efectivos sus planes de vida, la economía, la política, la cultura.

Con la superación de los dolores del alma, con la fuerza en los corazones y el más grande anhelo de paz con justicia social, verdad, reparación y no repetición, tenemos la seguridad de lograr la reconstrucción de la nación, y la reconciliación de la familia colombiana.

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