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jueves, 9 de octubre de 2014

La crisis carcelaria en Colombia obedece a una decisión política

9.500 prisioneros y prisioneras políticas son víctimas del régimen de tortura que impone el sistema carcelario colombiano.

Por Bertulfo Álvarez
Integrante del Secretariado Nacional de las FARC-EP

La represión y el terrorismo de Estado se han desarrollado no sólo con las acciones sino también con las omisiones en el cumplimiento de las funciones del Gobierno. La falta de respeto y garantías para la defensa de los derechos humanos y los derechos fundamentales de los colombianos, y entre ellos de los que se encuentran privados de la libertad, es una situación constante.

Estas acciones y omisiones de los funcionarios públicos, han desencadenado una grave crisis humanitaria en el sistema penitenciario y carcelario, y, como consecuencia de ello, la Corte Constitucional declaró en 1997 la existencia del "Estado de Cosas Inconstitucional", ordenando al gobierno colombiano desarrollar acciones concretas conducentes a la superación de la violación de los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas en prisión.

Contrario a ello, hoy vemos que la situación se ha agudizado, y presenta una marcada tendencia de agravación para los y las prisioneras políticas; los servicios que está obligado el Estado a prestar y que son derechos fundamentales, como la salud, se hacen cada vez más deficientes por no decir que nulos, lo que ha llevado a la muerte de compañeros y compañeras que han llegado a las cárceles con heridas de guerra, o que por enfermedades que adquiridas en los centros de reclusión se convierten en terminales, por la falta de asistencia oportuna y eficaz. Hacer que este servicio se preste, se convierte en una pelea constante con el INPEC y con CAPRECOM, entidad encargada de la salud de los reclusos, debiendo hacer uso de todos los mecanismos jurídicos de denuncia y demanda para la obtención del servicio. En la mayoría de los casos cuando se brinda la atención ya se han generado secuelas o el fallecimiento del prisionero o prisionera, condenándolos así a la pena de muerte de facto.

La alimentación se entrega en condiciones deficientes, de baja calidad y en cantidades mínimas, a esto se suma que ésta bajo el control de una empresa privada, lo que hace parte de la política de privatización del sistema carcelario.

Las construcciones de las nuevas cárceles presentan grandes deficiencias. Todas tienen problemas de agua potable, situación que agrava las condiciones de vida en climas calientes como en la ciudad de Valledupar o en La Dorada. En la cárcel de la Tramacua por ejemplo, que presenta temperaturas de hasta de 40 grados, hay racionamiento de agua y sólo se les suministra el líquido dos veces al día por tiempo muy reducido y en cantidades mínimas. En climas fríos como en la Cárcel de Cómbita o en Bogotá, incluso en Medellín e Ibagué, donde las lluvias son constantes, se presentan inundaciones, humedades, y la oscuridad de las cárceles hace la estancia más deprimente.

La represión de la que son víctimas los prisioneros de manera constante por parte de la guardia del INPEC , que se manifiesta en los aislamientos en celdas de castigo, golpizas, torturas y requisas abusivas, por lo general quedan en la impunidad y el silencio de los muros. La constante es el uso de la fuerza de manera desmedida y desproporcionada.

A estos problemas se suma la grave situación de sobrepoblación, que hoy supera en cárceles como Bellavista, de la ciudad de Medellín, un hacinamiento del 150 %. En igual porcentaje se encuentra la cárcel Modelo de la ciudad de Cúcuta, la cárcel del Pedregal, de Medellín, y la Modelo de Bogotá y Barranquilla, según informe entregado por la Defensoría del Pueblo a mediados del año 2014. Esta misma entidad, obligada por las constantes denuncias de las organizaciones defensoras de derechos humanos y por los prisioneros y prisioneras, se ha visto obligada a hacer seguimiento a la situación y a solicitar medidas para la protección de los derechos de los prisioneros y el mejoramiento de las condiciones, sin que a la fecha se hayan tenido mayores resultados.

Por su parte, el gobierno nacional se vio en la obligación de declarar la emergencia carcelaria a raíz de las epidemias producidas por el grave hacinamiento que en cárceles como la Modelo de Bogotá, desencadenó enfermedades como la tuberculosis y la varicela.

El hacinamiento se presenta no sólo porque el gobierno nacional trata a la mayoría de los colombianos como delincuentes, violando los derechos fundamentales procesales, entre ellos el de presunción de inocencia, en el sentido de que nadie puede ser privado de la libertad si no se demuestra su culpabilidad (en Colombia sucede lo contrario, todo persona sospechosa es privada de su libertad hasta que demuestre su inocencia), sino también porque los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad -JEPMS- no otorgan los beneficios de libertad una vez adquiridos los requisitos. Para nuestros prisioneros estos beneficios son negados constantemente bajo el argumento de ser considerados de alta peligrosidad o porque los delitos por los que fueron condenados o por los que están siendo procesados contemplan: primero, penas muy altas, y segundo, multas que son impagables para nuestros camaradas.

No obstante, en medio de este panorama desolador, la moral de nuestros combatientes se eleva ante las adversidades y se reafirman las convicciones ideológicas y políticas de compromiso con la causa de nuestro pueblo. Desde ya, nos preparamos para encarar el debate sobre el tercer punto de la Agenda, el quinto en orden de discusión, el cual contempla que: "El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC EP". Cuando llegue el momento, pasarán a primer plano los debates sobre el anacrónico sistema carcelario que impera en Colombia y la situación de castigo y tortura de la que viene siendo víctima la población carcelaria colombiana en especial las prisioneras y prisioneros políticos.

Montañas de Colombia, 8 de Octubre de 2014

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