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lunes, 15 de diciembre de 2014

Es imperioso restablecer el delito político

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por  Matías Aldecoa

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia afirmaron hoy que se debe abrir paso ya a una penetrante reforma política y jurídica surgida de los avances en La Habana que frente a los compromisos de las FARC-EP, haga valer lo propio del Gobierno y devuelva el Estado, al país, la identidad del delito político que fue quebrada.

Pablo Catatumbo al leer "Reflexión 4 La Rebelión frente a la paz como Derecho Síntesis", en el marco del ciclo 30 de conversaciones con el gobierno del presidente Santos, afirmó que las élites gobernantes procedieron a abandonar el reconocimiento de la conexidad entre típicos delitos políticos y otros que corresponden a conductas necesarias en la lucha guerrillera.

En un eventual acuerdo de paz, una ley de amnistía o indulto no tendría efecto importante si a la rebelión se le niega tal conexidad. Ello hace urgente el restablecimiento del delito político. Según las Farc, de los más de 2.000 rebeldes encarcelados en Colombia únicamente 125 han sido condenados por el delito de rebelión, siendo la mayoría de las condenas por otros delitos obviamente conexos a estas.

En las últimas décadas, al amparo de la Doctrina de la Seguridad Nacional, las altas cortes, en confabulación con los poderes ejecutivo y legislativo, vaciaron el contenido que, al delito político, otorgaba la Constitución Nacional, incluida la de 1991.

"Los sucesivos gobiernos en estas décadas, al comprobar cómo ascendían los movimientos de oposición radical […] que se agudizaban la inconformidad, la protesta y la lucha guerrillera, decidieron […] generalizar la tortura, el asesinato y la desaparición forzada, aplicando en juicios sumarios y desprovistos de defensa y garantías […] un sofisma: que en Colombia no podía legitimarse el delito político…", afirmaron las FARC-EP.

Con los planteamientos del restablecimiento del delito político y la toma en cuenta de la "juridicidad guerrillera", las FARC presentaron una salida democrática y soberana a la opción, defendida por el Gobierno, de someterse a la justicia internacional, toda vez que en las "Reflexiones 1, 2 y 3" la Organización guerrillera argumentó no haber cometido crímenes de lesa humanidad, y sentó su postura de no aceptar cárcel para sus combatientes.

Es incoherente e injusto que, al querer dar fin al conflicto colombiano se pretenda encarcelar a quienes, en defensa propia, empuñaron las armas acudiendo al legítimo derecho a la rebelión armada, mientras los que cerraron las vías democráticas para que el pueblo se expresara y participara políticamente, cometieron magnicidios, genocidios y toda clase de crímenes, resulten 'libres de culpa' y vayan a ser absueltos por la historia.

En este mismo sentido se expresó la Organización guerrillera: "resulta irreal y asimétrica la posibilidad de condicionar un acuerdo de paz al irremediable encarcelamiento a priori de los guerrilleros, mientras pervive la impunidad de la oligarquía, la clase política y las fuerzas militares colombianas, todos ellos directamente responsables de los crímenes cometidos durante más de 50 años en Colombia, para mayor enriquecimiento de las clases dominantes".

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