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miércoles, 29 de abril de 2015

Las Cárceles de Colombia o el retrato de un Estado Criminal


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Las Cárceles de Colombia o el retrato de un Estado Criminal

Huelga tras huelga los guerrilleros y guerrilleras de Colombia, reclusos y reclusas, sean políticos o de conciencia, incluso gente humilde encarcelada por delitos de pobreza, elevan su voz para gritar al mundo de manera justa y apremiante, sobre su grave situación de existencia en los centros penitenciarios del país. Sus condiciones de sobre vivencia son absolutamente inhumanas.

El solo hecho del hacinamiento extremo en que permanece la mayoría de la población carcelaria, sin que se observe ninguna medida o intento de solución, es un claro indicador de la violación sistemática, continuada, que el Estado hace a los derechos humanos de estas víctimas de su malintencionada desidia que se expresa  también en la desatención en materia de salud y de todo tipo de necesidades, que incluyen hasta el suministro de agua o de alimentos suficientes. Varios enfermos han muerto por la negligencia dolosa de las autoridades penitenciarias.

Esta ya no es solamente una crisis carcelaria, sino humanitaria, que se sale de lo coyuntural o pasajero y se convierte en una característica permanente de la sevicia con la que parece actuar un Estado que tiene recursos suficientes  para resolver el problema.

En este campo, la irresponsabilidad gubernamental es inexcusable,  sobre todo si tomamos en cuenta que estamos hablando de un país cuyo  gobierno destina, de una u otra forma, alrededor de 6 por ciento del producto interno bruto a gastos de seguridad y defensa; es decir, a hacer la guerra. Y esto en momento en que transita por un proceso de paz en el que la insurgencia ha insistido en pactar el cese bilateral de fuegos. Pero claro, esta no es una cuestión meramente económica, pues implica decisiones políticas orientadas a escarmentar a todo aquel que se rebele contra el orden injusto que impera en Colombia y, además, agrega políticas criminales obsoletas e ineficientes que se acoplan cómodamente al escenario de corrupción que configura el sistema.

Es concluyente que éste régimen que suele quejarse por las consecuencias de la confrontación, resulta que es el responsable de su permanencia sin que se note que mueva un dedo por dar salidas mínimas a asuntos urgentes que pueden ayudar de manera práctica a apresurar la reconciliación. Pero esto tiene el agravante de que para el caso no hay Defensoría del Pueblo, ni Procuraduría, ni instancia alguna que haga sentir su autoridad para hacer valer el tan mentado Estado de Derecho en que dicen que vivimos los colombianos. Ni siquiera las providencias de la Corte Suprema que han ordenado el cierre de penitenciarías como la Tramacúa por lo dantesco de su funcionamiento, sirven para nada en medio de este infierno.

La Delegación de Paz de las FARC-EP condena la forma como son asediados, perseguidos y maltratados los y las insurgentes en prisión. Pero en nuestra protesta también se incluye la indignación que causa el generalizado trato cruel o el abandono a que está sometido el conjunto de la población carcelaria por cuenta de un Estado que retrata su criminalidad en la terrible realidad de sus prisiones. Nuestra solidaridad con sus víctimas es total.

Queremos, en consecuencia, públicamente manifestar que si el proceso de conversaciones debe hacerse de manera expedita; es decir de manera despejada, libre de obstáculos. Y si los aspectos del punto 3 de la Agenda referido a Fin del Conflicto deben ser tratados de manera integral y simultánea, no se le debe dar más espera a la discusión del numeral tercero de este apartado, el cual expresa que

"El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP".  Y para proceder en consecuencia, debe integrar sin dilaciones una subcomisión de la Mesa de Diálogo, que formalmente se encargue del asunto presentando salidas de emergencia.

Aparejadamente, el gobierno debe asumir el texto de la Agenda que  lo compromete a "revisar y hacer las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de La Paz". No más demoras.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP.

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