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martes, 19 de mayo de 2015

Consideraciones en torno a la confidencialidad

Hablando Claro. Por: FARC-EP


La confidencialidad adoptada para las conversaciones de paz tiene perspectivas distintas según sea quien se aproxime a la Mesa de La Habana.

Creemos que para el gobierno de Juan Manuel Santos ha sido preocupante la existencia de posiciones abiertamente contrarias a la vía de la solución política. El proceso de acercamiento a las FARC con miras a la posibilidad de entablar conversaciones de paz debía ser sometido al más riguroso secreto, para no hacerlo abortar por obra de una infidencia. Era de presumir que los enemigos de la solución política, empotrados no sólo en altas posiciones de la política, sino incluso de las instituciones, armaran un escándalo y decidieran atravesarse a objeto de impedir el desarrollo de la iniciativa. Las cosas debían hacerse públicas en su momento, cuando ya fueran un hecho y no una mera expectativa, cuando su propia dinámica les inyectara la fuerza para proseguir, pese a las oposiciones radicales o sectarias.

Desde luego que otras motivaciones deben inspirar a la parte oficial para insistir en lo relacionado con la reserva y el secreto de las discusiones y de los acuerdos. No nos corresponde explayarnos en las razones que pueda tener el gobierno nacional para obrar así. Lo que sí podemos y debemos descartar de plano, es esa imputación fácil e irresponsable, que pretende asignar a Santos y su gobierno la intención de entregar en la Mesa la soberanía nacional, la democracia colombiana, las fuerzas armadas y todo lo que gustan de agregar, porque definitivamente eso no es cierto.

Santos y su gobierno representan unas clases e intereses claros, los del mundo de las finanzas, el capital transnacional, los grandes empresarios industriales y rurales, para quienes el Estado no es más que un instrumento que ha de servir incondicionalmente a sus propósitos de enriquecimiento. Y únicamente en la medida en que lo haga, ese Estado podrá calificarse como democrático, soberano, de derecho y todo lo demás.

Ni ahora ni nunca ha habido la menor posibilidad de que Santos o su gobierno piensen y obren de otra manera. Son fieles a su clase y a sus amos. Es tan particular y sesgada su noción de democracia, soberanía y demás, que aunque en la práctica las han negado secularmente, permitiendo el saqueo de nuestras riquezas y admitiendo con mansedumbre las imposiciones de Norteamérica, dentro de su óptica no cabe una traición a esos principios, pues sería algo así como romperse el bolsillo del pantalón para que la plata se perdiera a la primera oportunidad.

Nunca ha habido ni habrá semejante intención en el actual gobierno, ese tipo de acusaciones sólo sirven para enseñarnos el grado de fanatismo que acompaña los delirios de la extrema derecha. Es absurdo atribuir a ese propósito la reserva comentada. Seguramente habrá otro tipo de consideraciones, sobre las que no nos corresponde elucubrar a nosotros.

En el caso de la insurgencia, cabe decir que la confidencialidad y el secreto sólo se inspiran en la necesidad de garantizar la vida, la integridad física y la libertad del equipo destinado a abordar las distintas etapas del proceso de paz. Acercarse a un gobierno hostil, que en ningún momento ha manifestado el mínimo propósito de atenuar la ofensiva militar, es de hecho un riesgo demasiado elevado para cualquier organización revolucionaria. La muerte del camarada Alfonso Cano es la mejor prueba del talante traicionero y criminal de la clase en el poder.

Para que sean posibles los contactos y desarrollos del proceso de paz, es necesario entonces la presencia efectiva de terceros garantes y acompañantes, que con todas las formalidades del caso, puedan hacer sentir seguridades a la insurgencia. Ahora bien, cuando hablamos de un país como el nuestro, en donde existen enemigos a muerte de cualquier salida política, en donde conviven en una simbiosis todavía pendiente de aclarar, el Estado y el paraEstado, es apenas lógico que las consideraciones de seguridad adquieran todo su valor, pues siempre existe el peligro de que por encima de la palabra oficial, manos criminales externas se encarguen de dañar la Mesa.

Cuando se leen, ven o escuchan titulares de prensa, editoriales y supuestos informes especiales dedicados a sembrar el odio y a promover la guerra total, sobre todo en los medios monopolizados por los grandes consorcios económicos, capaces, por obra de sus manipulaciones, de conducir la opinión en una y otra dirección, es fácil entender que están animados por el afán de echar a pique cualquier posibilidad de reconciliación. El propio gobierno lo sabe, y por eso, aun sabiendo que finalmente siempre estarán del lado de los de su misma clase, en muchos momentos se ve obligado a obrar con prudencia en cuanto a la información que pueda suministrar.

Con mucha mayor razón tenemos que hacerlo nosotros. Es mucha la gente de prensa que insiste en conocer y publicar los datos acerca de nuestros movimientos. Quiénes, cuándo, a qué horas, por qué medios, incluso insisten en que se les conceda la entrevista exclusiva. En nuestro modesto parecer, la divulgación de informaciones que lindan con nuestra seguridad no son convenientes ni para nosotros, ni para el proceso de paz. Es algo que debe ser comprendido y respetado.

Por lo demás siempre hemos sostenido que las conversaciones de paz debieran darse de cara al país, con participación plena de todos los sectores políticos y sociales, sin secretos. No tenemos problema en que se conozcan nuestras posiciones en las discusiones, en exponer de modo abierto nuestros puntos de vista. Hemos estado levantados en armas por más de cincuenta años en defensa de ese derecho, no vamos a limitarnos ahora. Otra cosa que las consideraciones del gobierno sean otras, que haya que consensuar ciertas formas, que no siempre se puedan hacer primar los propios criterios. En la Mesa hay dos partes sentadas, y ninguna puede imponer nada a la otra. La búsqueda de consensos es una labor paciente y cuidadosa. Hay que hacerla.

Montañas de Colombia, 18 de mayo de 2015.

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