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miércoles, 3 de junio de 2015

¿Somos todos los colombianos responsables del conflicto?


Desbrozando ideas...

La periodista María Isabel Rueda formuló en la W una serie de interrogantes acerca del proceso de paz y la posición de las FARC. Esbozamos aquí algunas respuestas.

A la primera pregunta sobre si hay realmente una propuesta de las FARC, lo cual se pone en duda aduciendo que si todos deben ir a la cárcel, entonces qué base puede tener esa propuesta, podría responderse que sí, efectivamente existe una propuesta de las FARC-EP en materia de justicia. Y también se relaciona con lo que se ha dado en llamar los máximos responsables.

Si una comisión imparcial determina quiénes son los máximos responsables de los peores crímenes, habrá que esperar de ellos el reconocimiento de su culpa, la solicitud de perdón y la reparación a las víctimas. De acuerdo con las FARC, la máxima responsabilidad en el conflicto colombiano recae en el Estado, en las dirigencias políticas que desencadenaron la ola de violencia a la que se respondió con un alzamiento armado. Esas dirigencias políticas son expresión de innumerables intereses económicos y sociales de empresarios, latifundistas, corporaciones transnacionales, Estados extranjeros, cúpulas militares corruptas, jerarquías eclesiásticas, las grandes cadenas informativas, en fin, del Establecimiento en su conjunto, de los defensores a muerte del status quo que patrocinaron, impulsaron, ocultaron y defendieron esos crímenes.

Si además de ellos, caben responsabilidades más o menos equivalentes a jefes insurgentes, estos deberían merecer el mismo tratamiento, teniendo en cuenta el carácter político de sus conductas. Lo que definitivamente no puede ser, es que mientras se alborota y escandaliza, con todo el poder mediático, por los presuntos crímenes de estos últimos, se evada y silencie la grave responsabilidad de quienes además de encender y alimentar la hoguera de la confrontación durante décadas, introdujeron en ella, en forma masiva y sistemática contra la población inerme, las prácticas degradantes de la desaparición, la tortura, el despojo, el paramilitarismo, el desplazamiento, las masacres, los descuartizamientos, los pozos de caimanes y demás. Son esas las verdades que deben salir a flote y reconocerse en aras de la reconciliación.

A un segundo interrogante de si todos somos responsables, de si pueden ser clasificados en el mismo nivel un empresario que pagó extorsiones y un guerrillero que reclutó niños, podríamos advertir primero sobre su pretendido impacto emocional, eso en lo que las estrellas mediáticas son tan expertas. Los hechos no se presentan como tal, sino con un sesgo moralista que de entrada apela a la sensibilidad y al rechazo instintivo. Entrando en materia, diríamos que las cosas no son formuladas así por nosotros. No se trata de que todos seamos responsables, se trata de determinar quiénes son los principales responsables del cruel desangre de más de medio siglo.

El problema no es de los empresarios que pagaron extorsiones, sino de quienes planearon la creación de las estructuras criminales que podían impunemente financiarse con la extorsión de aquellos. Concebir el paramilitarismo y el terror como mecanismo de guerra y de despojo, de desplazamiento de la población en aras de grandes proyectos económicos, promover una guerra para obtener lucro de ella, con independencia del sufrimiento de decenas y centenares de miles de personas, son crímenes de marca mayor, que no pueden en ningún balance objetivo compararse con ese presunto reclutamiento de niños que, examinado a la luz de la realidad de las zonas rurales, corresponde más bien a una protección solidaria que de no producirse hubiera traído consecuencias peores para los menores abandonados. Ni el Estado, ni ninguna de las entidades o personas que se conduelen o indignan por los supuestos reclutamientos, ha hecho el menor gesto por aliviar la suerte de esas familias agobiadas. Por el contrario, han impulsado y defendido la guerra abierta y total, que agrava a extremos impensables el destino de esas masas humanas marginadas y olvidadas.

A si estamos creando un espacio para que las FARC se entreguen o reintegren al sistema, o estamos demoliendo el sistema porque la patria es colectivamente responsable de la violencia, especie de disyuntiva moral que debe definirse con relación al proceso y al punto de vista nuestro, cabe responder que ninguna de las dos. No estamos en el proceso para entregarnos ni reintegrarnos a un sistema que se niegue a cambiar en lo más mínimo o siquiera a reconocer su gran responsabilidad en la producción de la confrontación y sus desastres. Tampoco estamos proponiendo como la única alternativa que ve la periodista, demoler el sistema porque todos somos responsables de la violencia.

Nunca hemos sostenido que todos sean o seamos responsables por lo sucedido en el país durante las últimas décadas. Nunca estuvimos en el gobierno, ni declaramos guerras, ni utilizamos la gran prensa para difundir odios. Estamos seguros de que la inmensa mayoría de los colombianos tampoco. No ha sido el pueblo de Colombia el que ha suscrito los acuerdos económicos, judiciales o militares que subordinan nuestra soberanía a los Estados Unidos. Ni fue el pueblo colombiano el que decidió enviar miles de sus hijos a Corea. Los determinadores y artífices del acontecer nacional han sido siempre sus gobernantes, sus ministros, sus partidos políticos clientelistas y oligárquicos, los medios de comunicación que han servido incondicionalmente a su causa, al igual que toda esa gente que medró de las administraciones públicas y de la violencia oficial o paraoficial para hacerse a grandes fortunas y posar de respetables. No fuimos nosotros los que creamos el narcotráfico, ni los que declaramos la guerra antidrogas, que elevó los precios y dio origen a mafias que terminaron tomándose el Estado. Tampoco los campesinos que no tenían como subsistir en las zonas rurales.

Planteamos que se abran los espacios y se den plenas garantías para que los perseguidos y criminalizados en este país dejen de estarlo, y puedan organizarse y hacer política sin que los asesinen, desaparezcan o encarcelen. No hablamos de demoler el sistema, pero sí de aliviar en buena medida la situación de los invisibles que nunca han importado a los de arriba. Eso de presentar las cosas en sus extremos es propio de los propagandistas de la guerra en los grandes medios, que se entrevistan y aplauden entre sí para dar idea de que poseen la verdad revelada.

La cuarta pregunta pone el dedo en la llaga. Para la periodista es una cuestión elemental que el sistema es esencialmente correcto, aunque no perfecto. Y que de lo que se trata con el proceso es de permitir una transición de las FARC hacia la legalidad. Se pregunta, con tono atónito si de lo que se trata en el proceso es de admitir que el sistema es criminal y por tanto debe ser refundado, contrastándolo con la primera alternativa. Vinculando esta respuesta con la de la pregunta anterior, diríamos que la transición de las FARC hacia la legalidad implica garantías, y que la principal de ellas consiste en desmontar la maquinaria criminal del régimen, su proclividad al empleo de la violencia legal e ilegal como respuesta a la inconformidad popular. Esto último puede probarse con multitud de ejemplos históricos. Y de eso trata el proceso, por eso el punto de víctimas, por eso el tema del paramilitarismo, por eso la discusión sobre la doctrina militar.

La siguiente pregunta asimila gratuitamente con una ráfaga verbal la Comisión Histórica sobre la Verdad del Conflicto, que ya presentó su informe, con la Comisión de la Verdad pendiente de aprobación en la Mesa de Conversaciones. Y todo para preguntarse si esta última tendría la atribución de dictaminar que hubo causas que justificaran el empleo de la violencia. Nótese que para la periodista la violencia es una conducta atribuible de modo exclusivo a la insurgencia, porque la del Estado, su Ejército y Policía, sus paramilitares y sicarios no puede ser considerada como violencia. Es obvio que para ella, esta violencia que no lo es, está plenamente justificada, a la que hay que condenar por todos los medios posibles es a la respuesta popular, al alzamiento en armas que en su parecer es injustificable. Una comisión de la verdad que afirmara la contrario le resulta inconcebible, algo que no cabe siquiera considerarse. Nos parece errática esa idea.

Su sexta pregunta sigue apuntando a desvalorizar la idea de una comisión de la verdad. Porque, según ella, al presentar las FARC el conflicto colombiano como una guerra civil entre dos partes iguales, esa comisión de la verdad no podría ser imparcial en ningún caso, entre otras cosas porque no existe nadie que sea por completo imparcial. La señora periodista parece olvidar que una comisión de la verdad no sería creada por las FARC, sino por la Mesa de Conversaciones, en la que está sentado el gobierno nacional, que busca precisamente todo lo contrario de lo que ella teme. Quizás por eso mismo, por ser el producto final del acuerdo entre dos partes que sostienen puntos de vista tan opuestos, la comisión creada pueda caracterizarse por su imparcialidad. Llama la atención la pregunta de si puede existir alguien realmente imparcial, que por sí misma pone en cuestión la imparcialidad que ella y su medio proclaman como su principal activo.

La última de sus preguntas se relaciona con el doctor De La Calle y su presunta candidatura a la Presidencia, por obra de una no muy clara postulación de Piedad Córdoba. Al respecto digamos tan solo que escapa por completo a nuestra órbita, no tiene que ver nada con nosotros y por tanto no hay nada que decir al respecto.

Montañas de Colombia, 2 de junio de 2015.

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