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jueves, 16 de julio de 2015

Nuevos terratenientes “colonizan” la altillanura colombiana

Llanos OrientalesLlanos Orientales

Por: Fidel Rondón, integrante de la Delegación de Paz FARC-EP

"Insisto en señalar que el Proyecto de Ley de Baldíos que se adelanta en el Congreso de la República es un atentado contra el acuerdo parcial del primer punto de la Agenda de La Habana y una campanada de alerta para más de  10 millones de colombianos pobladores del campo."

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Desde el pasado  16 de abril, cuando el Ministro del Interior presentó en el  Despacho de la Secretaria general de la Cámara de Representantes  el Proyecto de ley  223, por medio de  la cual se  modifica  la Ley 160 de 1994 y se crean las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres),  "como zonas especiales de aptitud agropecuaria, aisladas de los centros urbanos,  con  baja densidad poblacional y altos índices de pobreza, que carecen de infraestructura  para el transporte y comercialización de los productos", se sabía que tenía nombre propio:   la Altillanura propiamente dicha, sin contar Arauca y Casanare, conformada por el Departamento del  Vichada, más los municipios de Puerto López, Mapiripán y Puerto Gaitán en el Meta. Se trata  de un área de unos 7 millones de hectáreas, de las cuales 4.5 podrían ser utilizados para la agricultura, eso sí, con características agrológicas que requieren  mejoramiento y ayuda tecnológica para su explotación.

Esta parte orográfica de Colombia  llamada altillanura disectada o serranía ondulada, es la que el Gobierno Nacional  busca entregar a  las transnacionales  y al capital financiero especulativo (o legalizarlas porque ya están ahí), con el falaz argumento que allí no hay campesinos, desconociendo los colonos habitantes y las comunidades indígenas Xicuani, Guhaibos, Curripacos   y Piapocos. En esos 7 millones de hectáreas viven 1,7 millones de personas, que incluyen a comunidades étnicas, por lo menos 140 resguardos indígenas que se suman a los 130.000 habitantes, solo en el departamento del Vichada; allí viven  adjudicatarios nativos y colonos  que llevan más de 5  años poblando  esas llanuras y ahora los quieren desconocer. 

La razón de la llegada de la agroindustria multinacional a la región de la Altillanura  se debe a la oportunidad que tiene Colombia de ser  uno de los  pocos países con tierras disponibles para atender la demanda creciente de alimentos. Aparece un grupo de empresarios chinos que aspiran  completar 400.000  hectáreas  en la altillanura, "Ellos solo compran la tierra, pues traerían la mano de obra, los insumos y maquinaria necesaria, mientras toda la producción de granos sería exportada a su país", según la revista Portafolio. Pero hay otros capitales beneficiarios de la Ley de baldíos si logra pasar en el Congreso, que legalizarían sus inversiones fraudulentas y amañadas:

ü  Multinacionales como Cargill han emprendido en la Altillanura colombiana un proyecto de producción de cereales que involucra 90.000 hectáreas en el departamento del Meta.

ü  Agrosuper es un holding de empresas chilenas dedicadas a la producción de alimentos.

ü  El Grupo Maggi: sacará adelante un proyecto agroindustrial en los Llanos Orientales.

ü  Mónica Semillas: es una multinacional agrícola de capital brasilero, compró en el municipio de Puerto Gaitán las primeras 13 mil hectáreas  para la siembra de soya.

ü  Poligrow: empresa de capital italiano y español sembrará  15 mil hectáreas de palma aceitera, en Mapiripán, Meta.

ü  El Tejar: Óscar Alvarado, capital uruguayo para cultivar soya.

ü  Agropecuaria Aliar: reúne al grupo Contegral de Medellín y a inversionistas santandereanos. En total son 28 empresas nacionales para producir 30.000 hectáreas de soya y maíz.

ü  Inversiones Manuelita:  tiene 20 mil hectáreas, además posee 17 mil hectáreas en Orocué, Casanare, donde está sembrando palma.

ü  Grupo Empresarial GPC: En el Meta puso en marcha el Complejo Agroindustrial Cantaclaro, cuentan con 15 mil hectáreas para  cultivar en Puerto López.

ü  Mazuera: cuenta con 2.500 hectáreas en Puerto López Meta, donde cultiva maíz, soya y arroz.

ü  Agropecuaria y Comercializadora del Meta S.A., cuentan con 7 mil hectáreas en el Meta.

ü  Ingenio Sicarare: es una empresa de Arturo Sarmiento Angulo, su hermano es el banquero Luis Carlos Sarmiento. Actualmente tiene tierras cerca de Carimagua se calculan que son más de 20.000 hectáreas.

ü  Mavalle S.A.: una empresa de caucho en el Meta con alrededor de 4.600 hectáreas. El proyecto es llegar a las 10 mil hectáreas.

ü  Unipalma: en 2015 la empresa aspira contar con 12.000 hectáreas de palma.

ü  Grupo Casandra: de capital nacional, sembró 6.500 hectáreas de caucho.

ü  Sapuga S.A.: siembra palma de aceite en Puerto Gaitán, Meta, adelanta la siembra de 2.500 hectáreas en el resguardo de la comunidad indígena Wacoyo.

ü  Grupo Bioenergy-Ecopetrol: tiene sembradas unas 8.000 hectáreas de caña de azúcar.

ü  Ingenio Riopaila Castilla: comenzó a sembrar en el 2012 no menos de 2.000 hectáreas en palma.

ü  Fundallanura, una fundación que agrupa a  empresarios colombianos de la Altillanura colombiana.

Partimos de que la economía campesina, como la agroindustria  son necesarias para promover el desarrollo del país, para lograr la autosuficiencia alimentaria y eliminar la importación de más de 10 millones de toneladas de alimentos al año. Un Gobierno que logre la simbiosis articuladora  entre agroindustria y campesinado, habrá escogido la ruta de la verdadera reconciliación entre el Estado y el campesinado. Es urgente resolver los problemas de la propiedad de la tierra,  así quedó expreso en el primer punto del acuerdo parcial sobre Política de Desarrollo Agrario Integral.

La propuesta del Gobierno para la Altillanura, planteada en el Proyecto de Ley 223, es equivocada, enfrenta  a campesinos  e indígenas  y  los "neoterratenientes" dentro de un modelo de desarrollo agrario clasista y anti-soberano, además  le hace una finta tramposa al espíritu y a la letra de lo pactado en La Habana.


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