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lunes, 24 de agosto de 2015

Ahora si es información oficial


Por: Marco León Calarcá, integrante de la Delegación de Paz de las FARC-EP

El Censo Nacional Agropecuario refleja las deficiencias del campo en nuestro país, su importancia radica en que ahora es información oficial y el establecimiento no puede seguir negándola, aparte es como descubrir el agua tibia, el jabón de pelotica o el hilo negro. Desde diferentes estudios y realidadeshay denuncias y evidencias sobre esta situación, sin embargo nada de soluciones reales.

El negacionismo estatal ha hecho carrera, desconocer la realidad es una política dañina y gran obstáculo para construir soluciones a la problemática nacional.

Por eso tiene tanto merito oficializar los datos sobre la alta concentración de la propiedad rural, donde el 0.4% de la población posee el 41.1% de 113 millones de hectáreas censadas con propiedades de más de 500 hectáreas, mientras el 69.9% posee apenas el 5% de la tierra y en fincas de menos de 5 hectáreas, sin embargo producen el 70% de los alimentos; acerca del bajo nivel de escolaridad; el alto índice de analfabetismo y el inapropiado uso del suelo, la tierra cultivada son apenas 7 millones de hectáreas, ¿qué producen las 106 millones restantes?.

En lo pactado parcialmente sobre el primer punto de la Agenda del Acuerdo General de La Habana, Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral, y en las salvedades pendientes por debatir y concluir, se encuentran las herramientas para superar todos los aspectos negativos plasmados en el Censo Nacional Agropecuario y potenciar lo poco positivo que se ve en esa terrible realidad del campo colombiano.

El fortalecimiento de la economía campesina y familiar sobre la base de inversión financiera y técnica para elevar la productividad, incluyendo el llamado valor agregado; optimizar la distribución y el mercadeo al permitir y facilitar el transporte de los productos; garantizar la educación y la capacitación cultural y laboral; servicios de salud de calidad para la población rural; electrificación y acceso a la tecnificación, un adecuado enfoque de género y territorial con amplia participación de las comunidades, son todos temas acordados, ¿por qué no avanzar en su materialización?

Y frente a los pendientes, el censo nos proporciona información, ahora innegable, sobre cuanta tierra se necesita para el Fondo, y lo más importante, donde está.

Y con todos esos datos no queda duda sobre la pertinencia y necesidad de construir acuerdos sobre el latifundio y la delimitación de la propiedad, el freno a la extranjerización del territorio, extracción minero-energética y conflictos de uso de la tierra, regulación de la explotación del territorio para la generación de agrocombustibles, ajustes al ordenamiento territorial y revisión y renegociación de los TLC's.

Ante estas evidencias de la realidad dadas por el censo, y de las soluciones plasmadas en el acuerdo parcial, menos explicación tiene la actitud del gobierno pues a su negacionismo le suma iniciativas legislativas encaminadas a empeorar la ya difícil situación del campo y del campesinado, como la pretensión de crear y desarrollar las llamadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, ZIDRES encaminadas a favorecer la concentración de tierras, a evadir restricciones legales en el tema de baldíos y a asociar el zorro con las gallinas.

Además, en lugar de invertir en el campo, en busca de soluciones a algunos de los problemas oficializados por el Censo, reduce la participación del sector agropecuario en el presupuesto para 2016, pasa de 4.2 a 2. 05 billones, es decir 52% menos. En la actualidad el rubro agropecuario apenas es el 6% del Producto Interno Bruto, PIB.

También hallamos luces frente a definirnos entre la seguridad o la soberanía alimentaria, pues es imposible mantener el ritmo de importaciones de alimentos ahora en el 40% del consumo.

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