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sábado, 22 de agosto de 2015

¿Alta Comisión Legislativa o Asamblea Nacional Constituyente?

Por: Carlos Antonio Lozada, integrante del Secretariado de las FARC-EP.

La propuesta del Presidente Santos de crear un congresito, convertido luego en Alta Comisión Legislativa, abre a la opinión pública la discusión sobre el punto 6 del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto.

El objetivo de la propuesta, según se afirma, es crear desde ya las herramientas que permitan diseñar los desarrollos legales para la implementación de los acuerdos firmados en La Habana. Es decir, la propuesta tiene dos objetivos; uno relacionado con el factor tiempo y otro la creación del mecanismo propiamente dicho.  

En primer lugar y relacionado con el factor tiempo, no creemos que sea el momento más oportuno para poner sobre la Mesa otro tema de gran calado como es el punto 6 de la Agenda: Implementación, Verificación y Refrendación; si tenemos en cuenta la cantidad de temas que se abordan en este momento: Víctimas, incluyendo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo; y el fenómeno del paramilitarismo; además de los temas pendientes, tanto de los puntos en discusión como de  los que ya hay acuerdos parciales.

Como se ve, son varios y complejos los temas que aún faltan por abordar y evacuar; sin dejar de destacar los significativos avances que representan los acuerdos parciales firmados y lo que se tiene avanzado en cada uno de los temas actualmente en estudio en la Mesa.

Por otro lado, más allá de las argumentaciones legales y jurídicas, a favor o en contra de la iniciativa, el tema es eminentemente político, como lo es todo el proceso de paz; así que bien vale la pena una mirada al contenido del punto 6 de la Agenda para tratar de explicar por qué desde las FARC-EP no vemos que ese sea el mejor mecanismo para garantizar la implementación de los acuerdos.

 Comenzamos por señalar que la Agenda, por su carácter vinculante, es el marco general dentro del cual las partes, en igualdad de condiciones, se comprometen a construir los acuerdos correspondientes a cada uno de los 6 puntos que la conforman. Mal se puede pretender entonces que las FAR-EP, renuncien a ese derecho para dejarlo en manos del mecanismo propuesto.

Precisado lo anterior, recordemos que el punto 6 de la Agenda, tiene 6 sub puntos que son: 1) Mecanismos de implementación y verificación; 2) Acompañamiento internacional; 3) Cronograma; 4) Presupuesto; 5) Herramientas de difusión y comunicación; 6) Mecanismo de refrendación de los acuerdos. A su vez, el sub punto 1 se desglosa en 3 literales que hablan del sistema de implementación, dándole especial importancia a las regiones, de comisiones de seguimiento y verificación y mecanismos de resolución de diferencias, de los que dice: "… tendrán capacidad y poder de ejecución y estarán conformados por representantes de las partes y de la sociedad según el caso".

Así las cosas, es claro, que el punto 6 no se reduce a los mecanismos legales para la implementación de los acuerdos, su alcance va mucho más allá.  Además de la forma en que se van a materializar los acuerdos, toca con la verificación de su cumplimiento, el acompañamiento internacional en esa fase del proceso, la necesaria y adecuada divulgación de los mismos; así como los tiempos y los recursos para hacerlos realidad; y lo más importante, la refrendación, que es, por así decirlo; el sello que debe estampar el pueblo colombiano sobre un tratado de paz que cierra un ciclo de guerras internas ininterrumpidas durante 200 años.

De esto último se desprende el sentido y alcance histórico que las FARC-EP le atribuimos a la propuesta de que sea una Asamblea Nacional Constituyente, la encargada de diseñar el nuevo contrato social que refleje las realidades que surjan de los acuerdos pactados en La Habana y de una vez resuelva los disensos que en la Mesa no sea posible consensuar.

Tal como lo demuestran las cifras recién conocidas del censo agrario, la Colombia real, refleja claramente los grandes desgarramientos que se han producido en la sociedad, como consecuencia del profundo y prolongado conflicto económico, político, social, ambiental y armado hasta el punto de producir tan grandes diferencias entre el campo y la ciudad; entre los que nada tienen y los que acumulan la riqueza producida por el trabajo de las mayorías nacionales.

No nos cabe la menor duda; reducir esas diferencias abismales, solamente será posible luego de la firma del tratado de paz y el diseño de una nueva constitución que nos enrumbe por el camino de la soberanía económica y política, que modifique la esencia oligárquica del régimen político actual y que ponga en el centro de las preocupaciones del Estado a los colombianos todos, por encima de los intereses de las compañías transnacionales, de los oligopolios nacionales y el puñado de familias que históricamente han detentado el poder.

Definitivamente, las FARC-EP no estamos dispuestos firmar un cheque en blanco, respaldando las iniciativas gubernamentales, para que sean nuestros históricos adversarios políticos los que diseñen la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos.

El Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y Duradera nos compromete a las partes por igual y nos otorga los mismos derechos.

Allí radica la esencia de ese compromiso que firmamos las partes. 

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