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jueves, 27 de agosto de 2015

Poder electoral no legitima el noble ejercicio de la política

Por: Fidel Rondón, integrante de la Delegación de Paz FARC-EP

Los principios básicos de una democracia para Colombia no se podrán seguir midiendo con la traza del sufragio, porque la identidad del voto libre y soberano se ha diluido en las marrullas de los caciques regionales. Se sostiene que los gobiernos elegidos obtienen, por medio de elecciones, el reconocimiento y la legitimidad que les permite ejercer la dominación sobre el territorio y sus habitantes. Pero no son las elecciones la fuente del poder de los gobernantes, sino el dinero que invierten en las campañas para acceder a él. El gobernante regional se dedica en su periodo de Gobierno a recoger la inversión de la actividad electoral y no a gobernar.

Se viene afirmando en nuestro país de forma generalizada que la clase política y la política electoral carecen de legitimidad, entre otras razones, por los altos índices de abstención electoral que superan el 50%, además por las conocidas prácticas corruptas y clientelistas de los políticos para cazar la voluntad del electorado.  

La campaña electoral para la mayoría de la población se ha degradado en un negocio. El apoyo, que debiera ser otorgado a los gobernantes por la adhesión libre de los individuos a los programas, se torna en una amalgama de intereses económicos. Por lo tanto, la legitimidad del sistema político la compra el gobernante en su campaña con mucho dinero invertido, haciendo que nuestra sociedad no sea gobernable, porque el elegido no cuenta con la legitimidad democrática para hacer cumplir la Ley y el mandato. El genuino cacique político colombiano carece de legalidad verdadera porque es elegido por las redes clientelistas que ha construido, y por el constreñimiento disimulado al elector al capturar su voto.

voto-presidencia_1_1.jpgLa crítica justa va encaminada también al vínculo político amarrado y convenido que existe entre los candidatos nacionales, locales y regionales y sus bases sociales. Porque la afiliación política no es ordinaria y desinteresada, y pesan más las lealtades recíprocas elector-cacique, que la coherencia genuina con una plataforma política. Creo que es la trágica herencia de los partidos Liberal y Conservador para los grupos sociales de la nación, y trasmitida de generación en generación a través de guerras civiles y sectarismo.

Este estilo de la actividad política tradicional centrada en clientelismo, definida como la relación entre un patrón que otorga favores burocráticos y protección a sus clientes, quienes corresponden con lealtad política y el voto, se ha legalizado e institucionalizado en las campañas políticas regionales en la actualidad, y se erige como un sistema de connivencia que beneficia al cacique regional (mediador entre la administración regional y la nacional), por el voto recibido y perjudica al iluso elector que seguirá durante cuatro años reclamando bienestar y justicia social. Esta relación infiel crece con el reparto de la burocracia y de los recursos en el Departamento y en el Municipio.

De todo esto se desprende que el país requiere una reestructuración del Estado, que garantice una organización participativa real del ejercicio del poder, acompañada de una reforma política y electoral que regule las contiendas políticas en igualdad de condiciones, y erradique las estructuras y prácticas clientelistas, corruptas, en el ejercicio de la política; en fin, que siente las bases para recuperar la credibilidad y transparencia del sistema político y la reforma del sistema electoral.

Políticos profesionales, especialistas en hacerles fintas a la Ley son los que acceden al poder político en las regiones. El delito de apropiación privada de recursos oficiales con fines políticos se configura post electoral, al empezar el gobernante a recoger su inversión de campaña. El código electoral colombiano vigente del año 85 con remiendos mal puestos y la Ley 1475 de 2011,con la cual se adoptaron reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y de los procesos electorales, son instrumentos alcahuetes de la compra de votos a cambio de ladrillos, tejas, mangueras, almuerzos y otros productos, o de la asignación de becas y cupos en el sistema de seguridad social.

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Finalmente, lo peor de este cuadro calamitoso es que hay aceptación de este tipo de prácticas por amplios sectores de la población. Para muchos funciona como un sistema deformado de seguridad social y el único mecanismo que les permite acceder a los servicios del Estado. Para un gran número de comunidades colombianas, son su escaso acto de participación política formal dentro del sistema, que tienen oportunidad de experimentar cada cuatro años.

Nuestra participación política e inserción en la legalidad - y de los nuevos movimientos que irrumpen en la contienda a disputar en lid electoral el poder regional y nacional a los patronos y gamonales-, no es practicable dentro del actual régimen político. Urge por parte de los ciudadanos una revisión, reforma y democratización del sistema político electoral; también la creación del poder electoral implementando su modernización y tecnificación; la reconfiguración de las circunscripciones electorales; conformación de una Cámara Territorial, que sustituya a la actual Cámara de Representantes; el fortalecimiento de las circunscripciones especiales de comunidades y pueblos indígenas y afro descendientes; como también la creación de circunscripciones especiales para los campesinos. Solo entonces podrá el pueblo construir su futuro.

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