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viernes, 14 de agosto de 2015

Serias perturbaciones se ciernen sobre la paz

Es fácil observar que pese a tanto optimismo, el Estado colombiano continúa preparándose y apertrechándose para la guerra.

Por Timoshenko

Durante el ciclo 39 la Mesa avanzó en distintas temáticas. Hubo informe sobre el desarrollo del plan piloto de descontaminación de explosivos, un primer encuentro entre los asesores jurídicos de las partes para el tema de justicia, progresos en torno al sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, al tiempo que se discutió en la Subcomisión respectiva acerca fórmulas sobre el Cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.

Finalizando el ciclo, se hizo presente de manera oficial en La Habana, el Subsecretario General para Asuntos Políticos de la ONU, Miroslav Jenca, quien, en conjunto con otros funcionarios de la organización internacional, se reunió por separado con cada una de las partes, a objeto de explorar el rol a desempeñar por esa entidad en el eventual Cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo que se discute en la Subcomisión Técnica.

Si consideramos además los acuerdos parciales alcanzados previamente sobre los puntos 1, 2 y 4 de la Agenda, podemos aseverar, con franco optimismo, que la Mesa de Conversaciones de La Habana está cumpliendo, de modo más que satisfactorio, con el propósito que se persiguió cuando las dos partes convinieron instalarla. Que se hubiera podido avanzar aún más, según el criterio fácil de la impaciencia, no resta la menor importancia a lo efectivamente logrado.

Ahora bien, sólo un obsesionado enemigo de la reconciliación puede negarse a valorar, en su real dimensión humanitaria, la enorme significación del trabajo por consolidar en los hechos las acciones de desescalamiento anunciadas. Si bien el Gobierno Nacional se opuso de modo terminante desde un principio a cualquier fórmula de armisticio, tregua o cese el fuego, no puede desconocerse que nuestra disposición al respecto ha ido ganando alguna ventaja.

Sin que se trate de lugares comunes, podemos afirmar que el proceso de paz marcha satisfactoriamente, y que se hallan abiertas importantes perspectivas para la materialización efectiva del fin del largo conflicto armado. Lo cual no quiere decir que nos hallemos en un liso tobogán por el cual descender a toda prisa hasta un Acuerdo Final. Conseguirlo requerirá de una convergente movilización nacional por la más amplia democracia y la justicia social.

Existen evidentemente un conjunto de perturbaciones que sólo un protagonismo real de las grandes mayorías populares logrará disipar. En primer lugar se halla el asunto de las salvedades pendientes, temas en los que no fue posible llegar a un acuerdo con los delegados gubernamentales. Y que tendrán que retomarse y dirimirse en algún momento. El Gobierno Nacional habla y actúa como si no existieran, lo cual resulta preocupante.

Mayor preocupación aun despierta el hecho de que lo pactado en la Mesa no exista de ningún modo para la administración de Juan Manuel Santos, quien al parecer se tomó muy en serio su fórmula de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Distintas reformas constitucionales y legales promovidas en el Congreso obran decididamente en contra de los acuerdos parciales, como si estos fueran tan solo formalidades para la galería.

Muchas fueron las voces que se alzaron para denunciar lo que varios expertos denominaron el despropósito del Plan Nacional de Desarrollo, la carta de navegación del segundo gobierno Santos. Resultó de bulto el propósito de tramitar por la vía más rápida un conjunto de reformas de corte neoliberal en materia de tierras, minería, salud, educación y privatizaciones, entre otras, para beneficio del capital transnacional y los sectores minero, financiero y terrateniente.

Sin importar que ya se habían pactado en la Mesa de Conversaciones de La Habana puntos que resultaban soslayados. El conocido criterio según el cual no se hallan en discusión en la Mesa ni el modelo económico ni las instituciones, pone de presente la negación radical del Establecimiento para considerar la solución a las causas objetivas que generaron y prolongan el levantamiento armado. Con igual indiferencia se insiste ahora en el tema de las ZIDRES y las fumigaciones.

El Presidente espera que para navidad estén definidos los dos puntos más gruesos, justicia y fin del conflicto, y así siembra la idea de lo cerca que está un Acuerdo Final. No me compete contradecirlo, ojalá fuese así. Pero es fácil observar que pese a tanto optimismo, el Estado colombiano continúa preparándose y apertrechándose para la guerra. Se propone incrementar el presupuesto militar mientras contrae en forma alarmante los recursos para el campo.

Son cifras del presupuesto nacional propuesto al legislativo, en el que también se reducen considerablemente los billones destinados a inversión y los recursos destinados al sector trabajo. Si a esto último le sumamos la idea del ministro de salud de incrementar los aportes de las clases medias y obligar a aportar al sector informal, mientras se mantiene indemne al sector empresarial porque ya aporta demasiado al erario, queda claro a quiénes sirve el gobierno.
La legislación sobre el fuero militar al igual que el proyecto de código de policía, que apuntan a la institucionalización de la política de represión e impunidad, entre otras materias en cuestión de expresiones populares de inconformidad y protesta, no solamente blindan contra cualquier acuerdo en la Mesa sobre el tema de justicia, sino que contrarían lo acordado con relación a la participación popular. Es fácil leer en todo esto que la intención oficial no es la paz.

Pero lo que más siembra hoy intranquilidad respecto al buen arribo a un acuerdo final, es la declarada posición gubernamental de borrar de un plumazo el carácter político de nuestra organización, así como la responsabilidad del Estado colombiano y las clases en el poder en materia de crímenes y terrorismo estatal. Hay en curso una planificada estrategia ideológica, política y mediática encaminada a presentar a las FARC-EP como una organización criminal.

De acuerdo con esta, la violencia y masiva victimización acaecidas en el último medio siglo de historia nacional cabe imputarlas exclusivamente a nosotros, calificados jurídicamente por la Fiscalía como empresa dedicada a cometer crímenes de guerra y lesa humanidad, en tanto se sostiene con el mayor cinismo el carácter civilista y democrático del podrido régimen político colombiano. La omnipotencia de los grandes medios se encarga de apuntalar la calculada infamia.

Lo que se inició como un proceso de paz en el que dos adversarios largamente enfrentados se empeñarían en hallar una salida política al histórico conflicto armado, ha devenido así por obra de la perversa determinación de los intereses en el poder, en un procedimiento penal expedito para juzgar y condenar la más que justa rebeldía popular de décadas. Esta posee desde luego su propia verdad, pero el Establecimiento en pleno asumió el claro propósito de desaparecerla.

Además, después de la suspensión ordenada por el Presidente Santos, nos han bombardeado el 27 de julio en la vereda Huitoto, bocana del Caño Puntilla, municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, y el día 4 de agosto en la vereda Dios Peña del municipio de San Miguel, también en el Putumayo, para no hablar de una serie de provocaciones por tierra contra nuestras unidades en distintas regiones del país. A diferencia nuestra el gobierno incumple una vez más su palabra. ¿Qué busca?

Montañas de Colombia, 11 de agosto de 2015

                                                                                   

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