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miércoles, 16 de septiembre de 2015

La corrupción del poder judicial y la constituyente.

Por Milena Reyes Integrante de la Delegación de Paz de las FARC-EP. Tuiter: @FARC_MilenaR

Los escándalos una y otra vez, del poder judicial en Colombia dan mucho que decir; ahora es el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre con su descarado y mal intencionado acto de desprestigiar a la insurgencia, pagando para este objetivo más de 4.000 millones de pesos a la politóloga y periodista  Natalia Springer,  para que preparara o elaborara una investigación sobre delitos internacionales como, el abuso sexual, reclutamiento de menores, genocidio y secuestro; para imputar cargos a la insurgencia, en especial a  nuestros comandantes que se encuentran en La Habana.

¿Cómo es posible que una sola persona tenga en sus manos tanto poder, como el caso de Montealegre que tiene a su disposición más de 23.000 funcionarios y un total de 2.8 billones de pesos como presupuesto, para atender las funciones de la entidad, y ahora terminemos por enterarnos que maneja una nutrida nómina paralela y su propio carrusel de contratos?

¿A quién se le pasa por la cabeza destinar suma cuantiosas para contratos por realizar investigaciones,  como es el caso de la firma Springer, teniendo dentro del personal de planta personal capacitado para hacer ese trabajo y en mejores condiciones profesionales, como ha quedado demostrado en las denuncias conocidas a través de los medios? Mal gastar el erario público de esa forma,  mientras en el país más de 5.000 niños mueren al año por desnutrición, donde tenemos más de 7 millones de desplazados que necesitan el apoyo y la atención del Estado para suplir sus necesidades; cuando los colegios públicos requieren de profesores capacitados para impartir una educación de calidad; derrochar de esa forma el dinero de todos los colombianos repartiendo contratos a sus amigos, mientras los trabajadores cuentan con una salario mínimo de $644.350, que no alcanzan para adquirir la canasta familiar, es una ofensa para los colombianos.

Esta es la realidad que tiene que soportar el pueblo día tras día, mientras los bolsillos de los corruptos se llenan a costilla del sudor de los trabajadores.

Es por esto que el poder judicial necesita con urgencia una reforma profunda, que no podrá ser producto del Congreso, que adolece de las mismas o peores fallas. La reforma profunda del Estado solamente podrá ser producto del pueblo soberano, a través de una Asamblea Nacional Constituyente, que se encargue de transformar la podrida institucionalidad y siente las bases para acabar con la politiquería y la corrupción que se ha apoderado de las Altas Cortes.

El señor  Fiscal tiene mucho por aclarar ante la opinión nacional y los entes de control; pero lo más triste de todo es que las cosas no andan mejor por los lados de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.

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