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sábado, 5 de septiembre de 2015

La justa y tenaz lucha de las madres comunitarias

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Desde hace 28 años, en Colombia se inició el programa "hogares comunitarios" destinado a atender a niñas y niños de los sectores más empobrecidos, con el objetivo de darles protección en su propio entorno a través de personas autorizadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En esos hogares, los infantes han recibido cuidados y algunos refuerzos nutricionales mientras sus padres trabajan. Esta labor la realizan las "madres comunitarias".

El trabajo de estas mujeres ha tenido un carácter voluntario, y siendo una tarea de las más nobles e importantes, es a la vez extremadamente subvalorada por el Estado. No deja de sorprender que en esas condiciones el programa se haya sostenido por tan largo tiempo, lo que evidencia, por un lado, el espíritu altamente solidario y de servicio de las mujeres colombianas, y por el otro, el menosprecio a las actividades que realizan y a ellas mismas.

Inicialmente, el Estado entregaba a las madres solo el dinero necesario para la manutención de los niños y niñas, pero no pagaba las labores de cuidado. Sin embargo, ante las necesidades y a medida que han ido tomando conciencia de sus derechos y de la importancia de organizarse para exigirlos, ellas, las "madres comunitarias", emprendieron un proceso de lucha, organización y movilización para conquistarlos.

Y mucho es lo que han logrado, especialmente en los últimos ocho años en los que han fortalecido sus organizaciones y han podido darle a sus exigencias más consistencia. No obstante, a mediados del año 2013 el pliego de reivindicaciones tenía aún las siguientes exigencias principales: Formalización laboral, salario mínimo, seguridad social integral, bienestar social; ampliación de la jornada laboral a tiempo completo a las que no la tenían; el pago del retroactivo a las madres sustitutas; pago de cesantías y de sus intereses y pasivo a las trabajadoras de los hogares infantiles; nivelación salarial; pensiones, salud, contratación que garantice estabilidad laboral y prestaciones sociales.

En el año 2012 el gobierno de Juan Manuel Santos adelantó una iniciativa administrativa para remplazar a las madres comunitarias. Se trató de la estrategia llamada "De Cero a Siempre" que, según Bienestar Familiar, buscaba brindar a los niños y niñas una atención más integral en términos de nutrición, salud y educación, en un solo programa, atendido por personal calificado y entrenado, en instalaciones más adecuadas.

 De acuerdo a la justificación del Gobierno, el programa aspiraba a ampliar la cobertura de la atención, que era de 1 millón de niñas y niños menores de 6 años, a 5.2 millones.

Las madres comunitarias se sintieron excluidas, toda vez que dos de los requisitos del nuevo programa eran tener menos de 40 años y contar con formación profesional, exigencias que a la mayoría las desbordaba, por lo que se opusieron a la iniciativa. Bienestar Familiar prometió capacitarlas y adaptar su desempeño a las nuevas necesidades.

En este nuevo contexto las madres incorporaron al pliego, la exigencia de garantías para acceder a la educación superior, ampliar y crear convenios con universidades para impartir formación de calidad a los niños y niñas que protegen, como también la afiliación a las cajas de compensación. Además demandaron presupuesto suficiente para la nutrición de los pequeños, acorde a estándares internacionales.

Aunque en el año 2014 conquistaron el salario mínimo, no tienen contrato de trabajo, lo cual las deja sin derecho, desde el punto de vista legal, a las prestaciones sociales.

En el mes de junio del presente año las madres comunitarias de Colombia iniciaron una nueva jornada de protestas y movilizaciones en los principales departamentos del país. El sindicato que las agrupa –SINTRACIHOBI-, radicó un "reclamo laboral y pensional" e iniciaron la protesta en las calles "para hacer valer sus derechos".

Una de las reivindicaciones más sentidas es que se les garantice el derecho a la pensión. Según una de las dirigentes "hay muchas madres comunitarias con 28 años de trabajo, con más de 57 años de edad (…) hay algunas con 60 y hasta de 72 años de edad trabajando todavía con los niños". Exigen que el ICBF las reconozca como sus trabajadoras, y que el Estado les complete la formalización laboral. Su condición es de voluntarias, pero ellas cumplen un horario, les pagan un salario y reciben órdenes directamente del ICBF, lo que las hace merecedoras de los derechos laborales.

La negativa al reconocimiento por parte del Gobierno se funda en que ellas "nunca han cotizado o han cotizado muy poco", ya que de acuerdo a la Constitución aquellas que tienen la edad para pensionarse, mas no las semanas cotizadas, o no tienen ninguna de las dos cosas, solo pueden contar con un subsidio del Fondo de Solidaridad Pensional que oscila entre 220.000 y 280.000 pesos mensuales. Este ofrecimiento no incluye garantías de acceso a los servicios de salud.

Son los "límites" de las políticas neoliberales de privatización y flexibilización laboral, que se enfilan contra la clase trabajadora pero que tienen un efecto más pernicioso cuando de mujeres se trata.

En estas condiciones trabajan actualmente 69.000 madres comunitarias en todo el país, entre las que se cuentan algunos padres comunitarios, y dan asistencia a 1 millón 77 mil niñas y niños en la modalidad comunitaria de la educación inicial.

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