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jueves, 3 de septiembre de 2015

Un escándalo hipócrita y premeditado




Por Gabriel Ángel

Andrés González, funcionario diplomático de Colombia ante la OEA, ha expresado su indignación por lo que llama abierta violación de los derechos humanos de sus compatriotas en Venezuela. Como se sabe, la reacción del gobierno colombiano dice obedecer a la deportación de sus nacionales del país vecino.

Al oír la furiosa perorata del embajador González, vino a mi mente el recuerdo de los diálogos de paz en el Caguán, en los que el entonces gobernador de Cundinamarca fungió como integrante de la Comisión Temática. Para el año 2000, el Ejército Nacional emprendió una furiosa ofensiva contra la zona rural de ese departamento, dando lugar a una suma de atropellos de todo orden contra la población civil campesina. Detenciones masivas, allanamientos, golpizas, desplazamientos forzosos y otras arbitrariedades semejantes fueron denunciados por los pobladores del Sumapaz en una de las audiencias públicas del proceso.

Se trataba de humildes compatriotas perseguidos por la propia fuerza pública del país, pero el gobernador de Cundinamarca, presente en Los Pozos y testigo de los testimonios, prefirió ponerse del lado de los militares y defender sus actuaciones arbitrarias, considerando las denuncias de las víctimas como simples exageraciones. No hubo ni una sola declaración altisonante, ni siquiera la mínima manifestación de solidaridad humanitaria contra los atropellados.

La preocupación actual del señor González Díaz, quien en aquella época negaba enfáticamente la relación entre las fuerzas armadas oficiales y los grupos paramilitares que hacían de las suyas en amplias zonas del departamento que gobernaba, se funda en las supuestas agresiones de las autoridades de Venezuela contra los colombianos residentes de modo ilegal en la zona de frontera. Es evidente su inconsecuencia en la defensa de los derechos humanos de los colombianos humildes. Lo de ahora no hay duda que obedece a otro tipo de consideraciones, la explotación política del mínimo pretexto para atacar sin piedad la revolución bolivariana.

Ni Andrés González Díaz, ni la canciller María Ángela Holguín, para no hablar del señor Presidente de la República pueden presentar título alguno que los acredite como defensores de los derechos humanos de los colombianos humildes, habiten en el territorio nacional o fuera de él. Por el contrario, su vocación de agentes del capital transnacional y gestores de su modelo neoliberal de economía, los sitúa de una vez del lado de los grandes inversionistas que exigen del Estado y sus funcionarios la aplicación de políticas declaradamente antipopulares, ligadas a las más inhumanas formas de violencia contra quienes aparecen como obstáculos a su proyecto.

Esas políticas económicas de saqueo del patrimonio nacional y empobrecimiento de inmensas masas humanas, son las verdaderas responsables de la emigración de colombianos al exterior. La gente se va de Colombia en busca de las oportunidades de surgir que le resultan imposibles en el suelo patrio. Los más de cinco millones de colombianos que viven en Venezuela no se fueron de nuestro país aburridos por la prosperidad general. Cabe recordar aquí, que en el gobierno de Andrés Pastrana, otro que chilla iracundo hoy, y del cual formaron parte el gobernador González y el hoy Presidente Santos, tuvo lugar la paramilitarización del departamento de Norte de Santander, con masacres tan espantosas como la de La Gabarra, en las que el Ejército Nacional prestó su decidida colaboración, y que dio origen a un éxodo masivo de decenas de miles pobladores del Catatumbo hacia Venezuela. Ninguno de los hoy espontáneos defensores de los derechos humanos levantó la voz en contra de semejante infamia.

Porque no representaba ninguna incomodidad para sus intereses, coincidentes con los de los grandes empresarios que movían los hilos detrás de la escena. La hipocresía que anima el escándalo que arman hoy se relaciona directamente con esos mismos intereses. La revolución bolivariana echada a rodar por el Presidente Chávez a la cabeza del pueblo inconforme de Venezuela, apunta sus baterías contra ese modelo neoliberal capitalista y propende por la edificación de un modelo socialista de sociedad, por vías pacíficas y democráticas. En casi veinte elecciones diferentes celebradas en los últimos dieciséis años, el pueblo venezolano ha apoyado mayoritariamente en las urnas el proyecto de país planteado por el chavismo.

Ese mismo pueblo salió a la calle a defender su revolución atacada por un golpe de Estado en abril de 2002, dejando con la fiesta lista a la oligarquía venezolana y a sus colegas colombianos que se frotaban las manos porque estaban sacando a Chávez del poder. Tanto el imperialismo norteamericano como la ladina clase dominante en Colombia tuvieron las manos metidas en eso, como la tienen hoy, sin la menor duda, en la campaña desestabilizadora contra el gobierno de Nicolás Maduro, contra quien tejen toda clase de maniobras sucias y contra el cual dirigen una feroz campaña mediática de desprestigio en la que la gran prensa juega un rol de primer orden.

En su programa radial por la cadena RCN, el exministro Fernando Londoño, otro más de los tantos funcionarios uribistas sujetos de procesos judiciales por su conducta corrupta, la emprende diariamente contra Venezuela, su revolución y su gobierno, advirtiendo que dentro de muy poco no habrá siquiera un plato de comida en la mesa de los venezolanos, hecho que adjudica a la, según él, pésima gestión económica del Presidente Maduro, pero que no deja de revelar los laberintos de la guerra económica encaminada al desabastecimiento generalizado, hecho del que parece estar muy enterado el siniestro personaje presentado como ciudadano respetable.

La revolución bolivariana, al igual que todos los procesos de cambio social iniciados en la década anterior en América Latina, está siendo objeto de un encarnizado ataque por parte de los dueños del capital que quieren verla destruida. La oligarquía colombiana, con su componente mafioso y criminal exacerbado, cumple con su papel en la zona fronteriza. La revolución bolivariana se defiende, como gato patas arriba, y ello, probablemente, afecta la situación de compatriotas colombianos que buscaban, de modo irregular, un mejor futuro en el país vecino. Pero nadie puede dejarse confundir. El escándalo por los supuestos atropellos, violaciones y arbitrariedades adjudicados a las autoridades venezolanas no es sano ni desinteresado, está cargado de odio y veneno.  Y nada tiene que ver con los derechos humanos de los colombianos humildes, que jamás les importaron un comino a todos esos personajes que hoy se rasgan las vestiduras.

Montañas de Colombia, 2 de septiembre de 2015.

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