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domingo, 15 de noviembre de 2015

La reconciliación y normalización de la nación


Por Carlos Antonio Lozada, integrante del Secretariado de las FARC-EP

En la medida que la posibilidad real de firmar un acuerdo definitivo de paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional se hace mayor, surgen al debate nacional temas de singular importancia, relacionados con interrogantes que las partes sentadas en la Mesa y la sociedad en su conjunto debemos resolver.

En esa dirección, en las últimas semanas las FARC-EP han presentado una serie de propuestas, referidas a los temas del punto 3 de la Agenda, denominado Fin del Conflicto, partiendo de la premisa de que la culminación de la guerra, debe abrir paso a un proceso de reconciliación y normalización de la vida nacional.

Reconciliación, entendida no solo como el silenciamiento de los fusiles, sino como una etapa en las que comiencen a cerrarse las grandes y profundas diferencias económicas, sociales y políticas existentes entre la Colombia olvidada, que ha vivido y padecido en sus comunidades y territorios el conflicto armado y la Colombia, en la que ese conflicto se percibe como algo extraño y lejano.

Solo si la firma del acuerdo de paz, logra desatar esa dinámica de cambios, será posible lograr la normalización de la vida nacional, entendida como generación de las condiciones materiales y las subjetividades necesarias para que los conflictos sociales y de clase puedan resolverse por la vía política democrática.

Lo anterior nos lleva al tema de la transformación de las FARC-EP en una organización política legal; y por supuesto, al de las condiciones indispensables para que ese proceso pueda surtirse con plenas garantías para la participación política en un entorno de seguridad, sin las cuales la paz no será más que una quimera.

Paz y garantías plenas para la participación política son inseparables; por eso, no se entiende que todavía haya quienes pongan en duda si deben abrirse espacios para que una vez firmado el acuerdo final, las FARC-EP, puedan entrar al escenario de la política abierta, y, a hacer parte del Congreso de la República, así como de las asambleas departamentales y los consejos municipales, mediante la asignación directa de curules en estos órganos de representación popular.

Complementariamente, se deben crear circunscripciones especiales de paz; otorgar personería jurídica indefinida a la nueva organización política que brote de la firma de los acuerdos; darle asiento en el Consejo Nacional Electoral, todo debidamente garantizado por la Comisión especial de seguimiento a la participación política que debe crearse con ese fin.

Estas medidas se complementan con los acuerdos parciales ya firmados en el punto 2 de la Agenda sobre participación política y constituyen el punto importante del proceso de normalización de la vida nacional y la reconciliación de los colombianos.

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