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miércoles, 11 de noviembre de 2015

Un acuerdo incluyente y con vocación transformadora

El Sistema Integral de Justicia

EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA

Por Victoria Sandino Palmera


El Sistema Integral de Justicia Verdad y No Repetición desmorona la pretensión de quienes han aspirado a que el proceso de paz se convierta en una copia del mal llamado proceso de desmovilización paramilitar derivado de la Ley 975, o que fuera un mecanismo para someter a las FARC-EP a través de las cárceles o de la propaganda con la que pretenden hacerle creer al país, que la insurgencia es la única responsable de más de 50 años de guerra, de la crisis humanitaria y de derechos humanos que en los últimos años ha generado el conflicto armado pero sobre todo, de la guerra sucia que se impuso con el propósito de aniquilar a las comunidades acusadas de auxiliar a la insurgencia o a las que se les ha visto como un obstáculo para el desarrollo de macro proyectos económicos.

A la contraparte le preocupa que se sepa la verdad. Verdad que por supuesto va a mostrar las responsabilidades de quienes participamos directa e indirectamente en el conflicto armado, la que hará claridad sobre quienes ganaron y perdieron en todos estos años de conflicto armado, mostrará quienes hicieron de la guerra un mecanismo de control político y económico condenando a las mayorías a la pobreza y quienes la hicieron para alcanzar derechos básicos negados al pueblo colombiano, y evidenciará también que el contenido de leyes y políticas gubernamentales se quedan en el papel.

El acuerdo es la oportunidad para que se hagan visibles quienes han sido y siguen siendo las principales víctimas de la violencia que ocurre por fuera del conflicto armado, sin que los gobiernos hagan lo necesario para prevenir, sancionar y erradicar las violencias en particular contra las mujeres, las niñas y adolescentes. Esto es importante sobre todo si se busca garantizar la no repetición, que no hace referencia exclusivamente a prevenir hechos de violencia por parte de quienes participaron directamente en el conflicto armado, sino que está sobre todo orientada a promover las transformaciones legales e institucionales que se requieren para que en el post- acuerdo, la violencia de género deje de ser la violación a los derechos humanos con el mayor número de víctimas.

Fieles a nuestro compromiso, asumimos públicamente desde el inicio de este proceso, garantizar que las víctimas y sus derechos estén siempre en el centro de los debates y acuerdos; podemos decir que la Jurisdicción especial para la Paz, acordada el pasado 23 de septiembre, así lo refleja.

El derecho a la verdad que reclaman las víctimas y la sociedad en general es el elemento central de este acuerdo y en él, la violencia de género fue incluida porque creemos que es la oportunidad para que los actores sociales, políticos, económicos, gubernamentales y la sociedad en general hablemos de lo que pasó en la guerra con las mujeres y niñas, y por qué pasó. Pero también de lo que debe cambiar para que la construcción de la paz signifique la transformación de creencias y prácticas que siguen subvalorando la violencia de género, y las mujeres puedan de una vez por todas, desarrollar sus capacidades y vivir sus derechos de manera plena.

Esta oportunidad histórica no debe ser menospreciada ni por quienes insisten en considerar la nueva Jurisdicción especial para la paz como un mecanismo punitivo contra una de las partes en las conversaciones, ni por quienes quieren esconder sus responsabilidades con el falso discurso sobre la impunidad para la guerrilla, que según su interpretación, promueve este acuerdo. Esta preocupación resulta por lo menos sospechosa cuando incluso la institucionalidad reconoce que en el proceso de justicia y paz con los paramilitares hubo poca verdad, a medias y no pública, un mínimo de sanción legal que permitió absoluta impunidad para treinta mil paramilitares, el 90% del total de los supuestamente desmovilizados, reparación casi nula por parte del Estado y ninguna garantía de no repetición, lo que ha llevado a que las comunidades sigan sufriendo la violencia y el control social de los paramilitares no desmovilizados o rearmados.

Por el otro lado, en la justicia ordinaria la impunidad es la regla: en los últimos 10 años solo el 5% de las denuncias sobre delitos comunes terminaron con sentencia y para el 2014, en 234.697 casos no hubo avances porque no se pudo probar la responsabilidad (editorial de El Tiempo, octubre 6). Es evidente que la preocupación por la impunidad no es honesta, y esto lo van a reclamar las víctimas que esperan con este proceso que se conozca, públicamente, la verdad y las responsabilidades.

Para las niñas, adolescentes y mujeres esto tiene una especial importancia porque se tendrá que hablar de las violencias que han sufrido, que no han sido reconocidas ni sancionadas efectivamente en justicia y paz, ni en la justicia ordinaria. La impunidad en que han quedado casi el 100% de los hechos victimizantes así lo demuestra. Mas que insistir en hacer del acuerdo de jurisdicción especial de paz un modelo exclusivamente carcelario, se debe ver este como una oportunidad para identificar las causas estructurales que han hecho de la pobreza, la discriminación y la violencia contra niñas y mujeres una constante histórica que contradice abiertamente los avances formales para la promoción y protección de sus derechos.

Este acuerdo, junto con los que ya se han logrado y con los que estamos trabajando, refleja nuestro compromiso con la construcción de la paz entendida como un proceso de transformaciones estructurales necesarias para garantizar a todos y todas, pero sobre todo a las poblaciones tradicionalmente excluidas y víctimas de la violencia, una vida digna y con garantía de todos sus derechos y de no repetición.

La Habana, 10 de noviembre de 2015

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