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viernes, 4 de diciembre de 2015

Una vez más

Por: Antonia Simón Nariño, integrante de la Delegación de Paz de las FARC-EP

La región de la Serranía de la Macarena posee, entre otros, los títulos de Reserva Natural Nacional, Reserva Biológica de la Humanidad y Monumento Nacional y fue declarada Área de Manejo Especial (AMEM) por decreto 1989 (del 1 septiembre 1989). A pesar de eso continua, hoy como ayer, y a pesar de sus titulaciones, atravesada por la tragedia del despojo y expoliación.

Y es que en torno a esta región, muchos campesinos llegaron y fueron creando cuantiosos asentamientos humanos a través de una ardua y rustica colonización, ocupando tierras y construyendo comunidad. Llegaron víctimas de la violencia ejercida por la explotación de recursos naturales en manos de trasnacionales en las primeras décadas del siglo xx por una parte, y después producto de la violencia bipartidista acaecida en todo el país en la década de los 50.

En la actualidad en estas ricas tierras del pie de monte de los Llanos Orientales, ubicadas en el Meta y Caquetá, el Estado ha decidido declarar a las comunidades como no propietarios y por ende invasores de "terrenos baldíos, mal habidos y supuestamente de la guerrilla" (con la resolución 00810 del 19 de marzo de 2015 intentan recuperar los supuestos baldíos) y que son requeridos para implementación de políticas estatales con comunidades indígenas. Estas son las presunciones del Instituto Colombiano de Desarrollo Agrario (INCODER) a través de resoluciones por las cuales se inician los trámites para la conformación o ampliación de cuatro resguardos indígenas; etnia Wanano, Nasa, Embera Chami y Tinigua

Es así como se diseña esta enmarañada política de Estado a la que subyace un fin menos constitucional, a propósito de las responsabilidades que sobre esta región deberían ejecutarse, que ha pretendido generar contradicciones entre el campesinado y las comunidades indígenas, prometiéndoles a estas últimas, la adjudicación de los supuestos baldíos de los campesinos, a quienes en tantos años de labranza de su terruño se les quiere desconocer.

Tan "responsable" labor de la institucionalidad para con los también afectados pueblos indígenas, corresponde a la ejecución de un plan calculado y muy bien medido, en el que se requiere de estos territorios despejados para la exploración y explotación de hidrocarburos

Hablamos del proyecto del oleoducto Tapir perteneciente a la compañía "colombiana" Oleoducto al Pacifico OAP, dedicada al trasporte de hidrocarburos y que está conformada nada más y nada menos que por las empresas canadienses Pacific Rubiales y Enbridge y la holandesa Vitol . Este oleoducto atravesara las tres cordilleras para conectar a San Martin, Meta con Buenaventura, Valle del Cauca para transportar petróleo de tipo pesado, con el propósito de exportarlo hacia mercados de Asia Pacifico y la costa oeste Norte Americana.

Una vez más se repite la historia. Por causa de los intereses del capital trasnacional el Estado invisibiliza el trasegar de estas comunidades que se levantaron a punta del sudor y sacrificio, una vez más el Estado cursa de victimario del pueblo colombiano. Una vez más cabe preguntarnos cuál es la idea de paz que maneja la clase dirigente y en consecuencia la comisión del gobierno en la Mesa de Diálogos.

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