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sábado, 12 de noviembre de 2016

Los campesinos y el desarrollo


Por: Rafael Reyes Malagón | militante PCCC

 

La economía campesina es uno de los temas más sonados últimamente a raíz del punto 1 Política de desarrollo agrario integral de los acuerdos de La Habana y es necesario que este tema suene fuerte en todo nuestro país. Llevamos más de 50 años ocultando intencionalmente a nuestros campesinos.

 

La propuesta de progreso que llegó a Colombia de la mano de las misiones del Banco Mundial precisamente hacia los años 50 insertaron un discurso modernizador para nuestra aldea a costa del desconocimiento del sujeto campesino, situación que ha generado una de las peores crisis sociales de todo nuestro tiempo, y que hay que resaltarlo, atizó una guerra que hoy parece que podemos superar por la vía política.

 

En el contexto de la misión de Lauchlin Currie se tenía una población aproximadamente 70% rural, de origen campesino. Esta gran proporción de población fue la excluida de los planes de desarrollo y progreso propuestos para Colombia, gran similitud a las propuestas que hoy hacen los asesores económicos para ingresar nuestro país a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos o "Club de países ricos")

 

Resultado de querer desconocer al campesinado tenemos una guerra de más de medio siglo; crisis social en las ciudades por desplazamiento; concentración de tierras en todo el país; crisis ambiental por la presión sobre los campesinos pobres para que abandonen las tierras articuladas a los centros de consumo o las tierras fértiles obligándolos a ampliar la frontera agrícola y un largo etcétera.

 

Actualmente el gobierno nacional después de la apertura económica se ha dedicado a la importación de productos agropecuarios afectando estructuralmente la economía campesina e idea formas cada vez más elaboradas en las que continua desconociendo intencionalmente al campesino buscando favorecer al empresario agrícola o a los grandes capitales del sector agropecuario.

 

Las alianzas productivas son ejemplo claro de ello; varios campesinos sin capital se unen estratégicamente con su tierra (como prenda de garantía) y su trabajo a un socio capitalista que facilita los créditos para las semillas e insumos (paquete tecnológico) en el establecimiento de cultivos comúnmente forestales o agroindustriales.

 

Otra de las funciones del socio capitalista es la comercialización del producto que por ser un cultivo agroindustrial esta muchas veces ligado a las dinámicas del mercado financiero y a los precios internacionales, situación que escapa del control y conocimiento del campesino, quien ante una caída de los precios del mercado no logrará cubrir los créditos del paquete tecnológico y su tierra como prenda de garantía estará en peligro ante la acumulación del capital agroindustrial.

 

Similar forma adquieren las ZIDRES ante el mínimo nivel de popularidad del que gozan. El ministro de agricultura y el propio presidente Juan Manuel Santos quieren vender las ZIDRES a los campesinos como zonas estratégicas para adelantar alianzas productivas, cuando desde un principio están pensadas para legalizar la acumulación de más de una Unidad Agrícola Familiar justificando la necesidad de que el capital para ser productivo debe acumular tierra para superar las rentas decrecientes a las que están expuestos los proyectos productivos agrícolas por la perdida de fertilidad o productividad de los suelos. O simplemente para asegurar jurídicamente las inversiones agroindustriales que para el gobierno son las únicas rentables.

 

Toda esta tensión gira necesariamente alrededor del concepto de desarrollo y progreso que impera en el discurso político actual, por ello como lo plantea Arturo Escobar (Navarrete Cardona, 2015), no podemos pensar el posconflicto con las mismas categorías o conceptos que han generado el conflicto. Seguir refiriéndonos a desarrollar al campesinado colombiano es retornar cincuenta años y desconocer nuevamente al sujeto campesino en nuestro proyecto civilizatorio.

 

Proyectos como REDD, REDD+ (Reducción de emisiones por deforestación y degradación), Pago por servicios ambientales, familias guardabosques, y otros que se articulan con conceptos de minería sostenible, desarrollo sostenible, crecimiento bajo en carbono, producción sostenible y crecimiento verde, permiten en un primer momento el control de los territorios por parte de las ONG trasnacionales y de autoridades ambientales nacionales (gobernanza corporativa) que luego "vinculan" a estas propuestas como trabajadores o jornaleros a quienes el mismo modelo de desarrollo a empobrecido, perpetuando la dependencia hacia esta dinámica económica.

 

Por estos motivos la participación de las organizaciones sociales debe ser una constante en los debates y discusiones sobre el ordenamiento social, económico y ambiental de los territorios. El gobierno nacional debe comprender la importancia de la participación real de las comunidades en las definiciones que los afecten de manera directa, debe facilitar  y fortalecer esta participación con apoyo técnico, fortaleciendo las organizaciones sociales en los territorios.

 

Así las cosas, serán las comunidades las llamadas a definir, participar y construir las visiones territoriales, apuntando a la sostenibilidad ambiental y a la defensa del territorio. Esto es la paz territorial. 

 

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Navarrete Cardona, S. (2 de Septiembre de 2015). Hay que abandonar la idea afanosa del crecimiento económico. El Espectador .

 

 

 

 

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